“Hay un narco que se llama Marcelo Villega. Se maneja en Bolivia, en Salta, en Córdoba y en Fuerte Apache, pero vive en Córdoba capital. Vino a verlo un tipo ‘recarteludo’ que dice que es su ‘compadre’ de Salta. Tiene un Rolex, compraron dos campos en Jesús María. Está metido en la música y vende ‘merca’. Anda en una Ford Raptor que no está a su nombre para que no lo agarren cuando trae la droga”.
La denuncia anónima presentada en la división Antidrogas Córdoba, de la Policía Federal, derivó en 2022 en una causa penal y en el descubrimiento de una narcobanda, que fue condenada en 2024 por el transporte de estupefacientes.
Las sospechas sobre cómo los imputados pudieron –sin actividad lícita declarada o respaldo para justificar fondos– adquirir bienes y vehículos costosos abrió un nuevo hilo investigativo bajo la sospecha del lavado de las ganancias de las drogas.
Con la pesquisa concluida, el fiscal federal N° 1 de Córdoba capital, Enrique Senestrari, pidió la elevación a juicio de los sospechosos. En los últimos días, el juez N° 2 del mismo distrito, Alejandro Sánchez Freytes, envió a debate a Cintia Medina, a Rubén Darío Morales, a Marcelo Rubén Villega, a Alejandra Farfán, a Horacio Diego Graziano, a Hugo Daniel Cingolani, a Gonzalo Yamil Villega y a Karina Mariela Villega.
La denuncia sobre el “chabón de pelo largo” Villega
La causa principal (narcotráfico) nació a partir de una denuncia anónima muy detallada sobre los movimientos de una persona vinculada con el grupo de cuarteto Monada (sería supuesto mánager), con Villega y con su pareja Farfán, vinculados con la venta de drogas.
Para acreditar lo denunciado, el fiscal solicitó seguimientos y escuchas. Determinó que Villega y Farfán actuaban en tándem con Medina y su pareja Morales para mover la droga desde el norte del país hacia Córdoba y otras provincias.
Mientras estos últimos adquirían cocaína en Bolivia y gestionaban con “pasadores” su ingreso al país a través de diferentes pasos transfronterizos (uno de ellos ubicado en la ciudad salteña de Aguas Blancas), Villega, Farfán y Graziano abonaban con autos 0 km y usados o con dinero.
¿Cómo obtenían los 0 km? Graziano –dueño de un taller mecánico y piloto de autos de carrera– gestionaba la compra en una reconocida concesionaria de Córdoba (no vinculada a la causa). Pero los 0 km no sólo eran la “moneda” de pago por la droga, sino también literalmente el vehículo, muchas veces, de traslado de los estupefacientes.
Por su conocimiento técnico, Graziano reparaba y acondicionaba los rodados, especialmente una Mercedes-Benz Sprinter, para “transportar lo que sea”, es decir, sustancias ilícitas. El mismo mecánico, pero también Villega y Farfán, se encargaban de pagarles a los transportistas, entre ellos, Diego Roldán (sobrino de la pareja).
Bajo las órdenes de Villega, Farfán, Medina y Morales, Roldán movía la cocaína desde Salta con una frecuencia de 15 días en complicidad de los choferes Ramón Moisés Reyes y Martín Valdez. Utilizaban autos y camionetas de alta gama (Toyota Hilux) con el acompañamiento, como es habitual en casos de narcotráfico, de “punteros” (otros autos sin carga de drogas) para alertar sobre posibles controles de las autoridades.
Sin embargo, en marzo de 2023, Valdez y Reyes fueron controlados por Gendarmería cuando viajaban en una Hilux en la localidad salteña de las Lajitas. Valdez, que manejaba la camioneta, alcanzó a escapar, pero Reyes y Roldán fueron detenidos con seis kilos de cocaína.
Luego, el juez Sánchez Freytes allanó la casa de Villega-Farfán en barrio Las Magdalenas, en el sudeste de la ciudad de Córdoba, y secuestró cuatro armas, balanzas, una selladora de envoltorios y una contadora de dinero. Al abrir la caja fuerte, hallaron más de cinco kilos de cocaína. “Es todo lo que tengo y es mío”, les dijo a los policías.
El fiscal determinó que el “compadre” de Villega mencionado en la denuncia anónima resultó ser Morales, un conocido del “rubro” narco en Salta y condenado por drogas en Corrientes. No los unía únicamente la venta de cocaína, sino un lazo “familiar”, ya que Villega era el padrino de uno de los hijos de Morales.
Los investigadores también comprobaron que la “chata nueva”, “el Rolex” y los “dos campos en Jesús María” del “compadre” (Morales), mencionados en la denuncia, eran en realidad un Jeep Renegade, un reloj Fossil y una finca en Colonia Tirolesa. La precisión de los datos que aportó el denunciante fue casi “quirúrgica” para los pesquisas.
¿Lavado narco en Córdoba?
Corroborada la maquinaria narco, el fiscal puso el foco en los bienes de los condenados por la sospecha de lavado de las ganancias de las drogas. Así quedaron bajo la lupa aquella finca en Tirolesa, registrada a nombre de Medina-Morales, y varios vehículos en manos de Villega y de Farfán o de presuntos testaferros bajo su mando.
El narco cordobés habría sido asesorado por el mecánico Graziano para valerse de un “contador” que fuera “conocido” y de una gestora para realizar la compraventa de vehículos presuntamente para consumar el lavado. Así apareció en escena el contador Hugo Daniel Cingolani, sospechado de “dibujar” la situación de Villega ante la Dirección de la Propiedad del Automotor (DNRPA).
Cingolani habría certificado falsamente la declaración jurada de Villega sobre el origen de $ 4,5 millones para la compra de una Ford Raptor (a nombre de Villega y de su pareja). Sostuvo que provenían de su actividad de espectáculos púbicos y teatrales, y otros $ 4,5 millones, de la venta de una Toyota.
La Raptor (que Villega luego vendió) fue precisamente la aludida en la denuncia anónima y utilizada por él, por su pareja y por su hijo, Gonzalo Yamil Villega, para viajar a Salta a comprar drogas.
Sin embargo, no dejó de ser llamativo para los investigadores que el contador puntualizara en la declaración ante DNRPA que Villega, a pesar de presuntamente realizar actividades teatrales y musicales, no registrara “inscripción activa” ante el fisco. Cingolani intentó defenderse: “Mi tarea se basó en la revisión de registros y documentación, asumiendo que estos son legítimos y libres de fraudes y otros actos ilegales, para lo cual he tenido en cuenta su apariencia y estructura formal”.
Pero el juez Sánchez Freytes, al procesarlo por lavado, no le creyó: “Ello resulta un claro indicio de su complicidad, habida cuenta de que se trataba de montos dinerarios elevados y de que Villega no se encuentra registrado por ante ningún ente, cuando debería estarlo, por su supuesta condición de productor de espectáculos. ¿Sobre qué registros y sobre cuál documentación expidió el certificado el contador y asumió que eran legítimos y libres de fraude?”.
Y remarcó que Cingolani no debió haber pasado por alto que el valor declarado de $ 9 millones de la Raptor contrastaba notablemente con el de mercado: $ 24 millones.
Al respecto, valoró los dichos de Villega en una de las escuchas: “Sí o sí nos hace falta buscar un contador”. “Ello demuestra que Cingolani fue contactado por Villega y por Graziano a sabiendas de que iba a realizar una certificación que no se correspondía con la realidad del origen de los fondos de Villega”, razonó.
Villega y Farfán también habrían comprado en cuotas un Citroën C4 que inscribieron a nombre de su hijo Gonzalo. La sospecha es que el joven habría participado del lavado de ese y de otro vehículo: un Corolla, registrado a su nombre.
Los pesquisas también descubrieron que su tía Karina (hermana del narco) había inscripto la Sprinter a su nombre, con lo que ambos habrían actuado como testaferros de Villega.
Aunque la defensora oficial de Gonzalo, Mercedes Crespi, indicó que el joven compró el C4 con su salario como cajero de un conocido supermercado y por su actividad con el grupo cuartetero Megatrack, el magistrado cuestionó que nada se dijera sobre el Corolla usado por la banda.
“Con relación al pago en cuotas de los bienes, debo decir que es una de las principales características que posee el modus operandi en este tipo de delito, en tanto sus autores intentan disimular el origen de las grandes sumas dinerarias que les ingresa en virtud de las actividades delictivas –en el caso, el narcotráfico–“, advirtió Sánchez Freytes.
Sobre Karina (sin ninguna actividad registrada), el magistrado le achacó lavado menor en relación con la Sprinter. Y resaltó la misma figura penal para Morales y para Medina, por no poder determinarse el origen de los fondos para comprar bienes.
Producto del negocio narco, “Villega y Morales obtenían, como ganancia, grandes sumas de dinero. Y Medina y Farfán también se beneficiaban de ello, con conocimiento del origen ilícito de esos fondos, más aún teniendo en cuenta la situación laboral y económico-financiera de los imputados en los últimos 10 años”.
El juez rechazó la nulidad del contador Cingolani a la elevación a juicio de la causa y su oposición, y lo envió a debate junto con el resto de los procesados.
