M., la adolescente de 17 años que en junio pasado perdió su ojo izquierdo tras recibir un balín policial durante una represión en barrio Zepa de la ciudad de Córdoba, pide, junto a su madre, que la Justicia avance en la investigación y el caso sea esclarecido.
Denunciaron que aquella jornada del 8 de junio hubo violencia contra el hermano de la adolescente y hablaron de un accionar desmedido de la Policía.
Por el caso hay un oficial de policía imputado por lesiones graves agravadas y falsedad ideológica. Para la fiscalía, el disparo con el fusil Byrna que lanza balas de gas pimienta habría sido intencional. Además, se le achaca al efectivo de haber omitido presuntamente de manera deliberada informar que en la represión hubo víctimas.
El hecho sucedió el 8 de junio pasado cuando la Policía acudió a barrio Zepa de Córdoba Capital, dado que presuntamente había jóvenes que habían arrojado piedras en contra de un colectivo.
El operativo derivó en serios incidentes.
Un mes y medio después, M. convive con la pérdida de su ojo izquierdo, una realidad cruel e irreversible.
Ella, con la representación del abogado querellante Carlos Nayi, denuncia un accionar policial desmedido y “doloso”.
Una tarde de terror
Sandra recordó que, aquel domingo se estaba bañando, cuando escuchó los gritos de su hija: “Mami, mami“.
Relató que M. le gritaba porque “los policías habían entrado a la casa y habían tirado gas pimienta”.
Los agentes “patearon la puerta de la cocina y les rompieron los vidrios para entrar”. Relató: “Agarraron a mi hijo, lo golpearon entre cuatro, mientras otros dos lo miraban”.
M., entre lágrimas, agregó: “A mi hermano lo sacaron desmayado de mi casa de cómo le habían pegado“.
El hermano de M. fue detenido. No tenía ningún antecedente.
Sandra señaló que, atónita, le cuestionó al oficial: “¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué hiciste eso?”, pero nunca recibió una explicación. El policía presuntamente se dirigió a su hijo y le dijo: “Yo te voy a sacar y te voy a llevar preso como sea”.
La tensión escaló cuando otro policía se acercó y le entregó un arma a su compañero, instándolo: “Tomá, tira con esta que está cargada“, según el relato de Sandra.
La respiración de la hija se aceleró al volver a escuchar esas palabras.
La madre se refirió a un arma Byrna que se debe utilizar, según lo indica su protocolo, cuando “la persona representa una amenaza moderada y resistencia activa”.
”No, por favor, no disparen porque tengo niños en la casa“, señaló haberles gritado Sandra a los policías, haciendo referencia a M., que es menor de edad, y a una bebé de 3 años que también estaba en la vivienda.
“El agente la agarró (al arma) y lo primero que hizo fue apuntarle a mi hija, la apoyó en su hombro y le apuntó”. La víctima, de 17 años, permanecía “paradita en el jardincito”, sin haber insultado, tirado piedras o provocado a los oficiales.
Sandra presenció el momento que le dispararon a su hija. “Cuando me di vuelta, vi que le salía humo de su cara”, expresó.
M. quebró en llanto al escuchar a su madre contar en detalle lo que ella vivenció.
El abogado Nayi precisó que la distancia del disparo fue a menos de “tres metros”.
Tras el impacto, Sandra imploró al otro policía que llamara una ambulancia, pero no obtuvo ninguna respuesta o ayuda.
La mujer señaló que la agresión continuó con múltiples disparos hacia su casa. “No se podía respirar. Quedaron las marcas de las balas”, explicó.
Mostró fotos de los disparos que recibió su vivienda. “Ahí hay otro, otro y este”, contó hasta identificar más de cinco.
La casa quedó inhabitable por al menos dos semanas debido a la impregnación del gas pimienta. M. y su madre se tuvieron que mudar porque “no se podía respirar”.
Los vecinos fueron quienes auxiliaron a M. “Uno de ellos tenía un auto así que nos llevó hasta el hospital para que la atendieran”, aclaró.
Imputaron al policía
El oficial Fabricio Vergaras Figueroa fue imputado con graves cargos por parte de la Justicia.
El abogado Nayi explicó que está acusado por lesiones graves, agravadas por la calidad funcional, delito que prevé una pena de hasta 10 años, y falsedad ideológica, con una pena de 1 a 6 años.
El efectivo sigue en libertad.
Por ahora, no trascendió su versión de lo sucedido.
El abogado dijo que el oficial Vergaras Figueroa mintió en el informe policial interno. “Insertó que no había ningún herido, mintió”. Además, Nayi destacó la ausencia de “la acreditación de que este oficial hizo el curso de capacitación para utilizar este tipo de arma, lo cual es obligatorio”.
“Nos parte el alma”
M. no quiere hablar. La conmoción por lo padecido aún la desborda. Es más lo que calla que lo que dice.
“Ella antes estaba conectada con el mundo exterior. Era viva, sociable, alegre, divertida”, dijo su madre.
Sandra compartió la difícil realidad de su hija, quien ahora tiene una prótesis provisoria que “lamentablemente la obra social no la cubre”.
La familia recibió apoyo económico del barrio y de la iglesia para cubrir estos gastos y el transporte.
La madre de M. reconoce que su hija “tiene sus días, en donde está más más depresiva”. Con tan sólo 17 años se preocupó por su futuro laboral ya que se presenta como “incierto” y “complicado” cuando lo tendrá que atravesar con una discapacidad.
“Nos parte el alma“, dijo la madre y lamentó que, hasta la fecha, “nadie ofreció disculpa, ni una explicación a la familia”.
Nayi afirmó que no hay “duda alguna de que es un caso que debe ser enmarcado y deben ser declaradas víctimas de violencia institucional“, un precedente que se suma a otros casos graves de abuso policial en Córdoba.
Protocolo y reglamentación del arma Byrna
Las armas Byrna, que están en el medio de esta disputa que pudo terminar en una tragedia aún mayor, fueron diseñadas para disparar proyectiles de goma o polímero con gas irritante.
La Ley 10.954 establece que el uso de armas Byrna debe basarse en el principio de proporcionalidad y necesidad.
La reglamentación explica que “los agentes deben disparar hacia las extremidades, como las piernas, y evitar apuntar a zonas sensibles como la cabeza, el torso o el cuello”.
