A través de los clubes nocturnos Rapoza, Rapoza Vip, Ibiza, Delirios y Madero, todos de la Capital provincial, el empresario Roberto Moyano (61) habría liderado junto con algunos miembros de su familia una organización delictiva dedicada a la explotación sexual de mujeres –entre ellas, menores de edad– y al lavado de las ganancias espurias con la compra de vehículos y propiedades por cifras multimillonarias.
En los últimos días fueron detenidas seis personas entre miembros de la familia como así también allegados y supuestos partícipes de las actividades.
Cómo habría funcionado la explotación sexual de mujeres
La investigación a cargo del fiscal federal N° 1 de Córdoba Capital, Enrique Senestrari, y el Juzgado N° 1 del mismo distrito, a cargo de Carlos Ochoa, ubica a Moyano en un rol protagónico, siempre según la acusación, desde hace al menos 20 años.
El empresario habría integrado la asociación ilícita dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual de mujeres menores y mayores en cuatro departamentos céntricos y mediante el servicio de bar o entretenimiento que prestaban esos locales como pantalla.
Para someter a las presuntas víctimas, habrían utilizado una oferta laboral engañosa, ya que, creyendo que buscaban a “bailarinas” o “promotoras” en los locales, habrían sido introducidas a la explotación sexual.
Así, en 2002, Moyano y Julio Manuel “Cacho Moyano” Páez (58) habrían explotado a una joven de otra provincia que había llegado a Córdoba con el sueño de convertirse en abogada y terminó abocándose a la prostitución por su situación de vulnerabilidad familiar, afectiva y económica.
La víctima comenzó originalmente a prostituirse bajo la “tutela” de otro hombre al que Moyano, tiempo después, habría comprado el “negocio” para pasar a regentearlo él.
Como nuevo “jefe”, Moyano la habría explotado sexualmente durante unos 10 años a fin de obtener ganancias. De este modo, habría controlado los servicios sexuales de la joven, lucrando con su imperiosa necesidad de trabajo y por las “deudas” que habría contraído con él.
Esas “deudas” eran consecuencia de las “multas” que le habría impuesto Moyano, al igual que a otras mujeres. Por ejemplo, la mujer contó que si atendían a algún “cliente” de manera independiente o si no querían trabajar en Navidad, les aplicaban “multas” de dinero muy elevadas. “Nos querían cobrar si nos dormíamos; si el cliente se quejaba. Siempre buscaba un motivo para sacar un extra”, relató.
El fiscal Senestrari sospecha que Moyano no sólo habría lucrado con las “multas” y los servicios sexuales, sino también con la “deuda” que le habría inducido a contraer a la víctima al introducirla en el consumo de cocaína que le vendía.
En la estructura, Páez se habría encargado de controlar los servicios sexuales que la víctima prestaba en los locales y habría actuado, además, como cobrador y administrador de la cocaína para que “resistiera” la mayor cantidad de “pases” con los “clientes”. También se habría desempeñado como personal de seguridad de Moyano.
La atracción buscada
En el proceso de sometimiento a las víctimas, el empresario habría inducido a la mencionada joven a inyectarse silicona líquida en sus glúteos y otras partes del cuerpo a fin de lucir más “atractiva” para una mayor cantidad de “clientes”.
La situación de la mujer se habría complejizado cuando, producto de una relación sin protección con un “cliente”, quedó embarazada a temprana edad, lo que profundizó su vulnerabilidad.
Los investigadores también advirtieron que en 2023 Moyano, con la colaboración de sus hijos Agustín Gabriel (27) y Federico Ariano Moyano Chinellato (23) -quienes oficiaban de administradores de los locales-, y el encargado de Rapoza, Gustavo Elías Guggiana (57), habrían engañado a una adolescente (16) para explotarla.
Aprovechándose de su extrema vulnerabilidad (vivía con su padre en un hotel abandonado, sin agua caliente, sin electricidad y no estaba escolarizada), la habrían inducido a trabajar como stripper y luego a volcarse a prestar servicios sexuales, presentándola junto a otras menores en distintos eventos, bares, bailes y boliches como “las chicas que bailan en Rapoza”.
Otra de las víctimas que se investigan en la causa habría sido captada y acogida por Páez cuando buscaba un alquiler donde vivir. Cuando contactó a Páez, ya que lo conocía de Rapoza por haber asistido al lugar, este se habría presentado como dueño del pub y socio de Moyano.
De esta forma, en supuesta connivencia con Moyano, Páez le habría ofrecido el alquiler de un departamento propiedad de Marisa Elba Chinellato (54), exesposa de Moyano. La víctima aceptó residir allí y Páez ganó su confianza al punto que le habría ofrecido tener una relación amorosa.
Sin embargo, las cosas dieron un giro y la habría amenazado para que trabajara sexualmente para él. Con temor por su vida y la de sus hijos, la mujer relató que fue sometida a brindar servicios sexuales en la zona pública del Mercado Norte y a toda hora.
El hombre la habría obligado a entregarle la totalidad del dinero en un contexto de violencia física, psicológica y verbal. Además, para que pudiera “aguantar” la cantidad de “clientes” necesarios, le habría suministrado drogas. Incluso, como es habitual en los casos de trata, le habría sustraído su DNI y su teléfono celular, lo que le impidió todo tipo de comunicación.
La mujer se habría hecho adicta a los estupefacientes, al tiempo que un novio anterior habría ejercido violencia de género sobre ella mientras seguía soportando las condiciones de explotación.
¿Lavado de la explotación?
La hipótesis del fiscal es que Moyano habría utilizado las ganancias de la explotación de las mujeres para blanquearlas con la adquisición de propiedades y vehículos a nombres de los familiares.
De este modo, habría lavado entre julio de 2015 y parte de 2025 más de U$S 233.323 ($ 281 millones al valor oficial) con la ayuda de sus familiares, quienes habrían inscripto a su nombre varios bienes.
A través de Chinellato, Moyano habría comprado en 2019 un Audi A4 2.0T FSI, modelo 2012, por $ 1.030.000 (equivalente a U$S 25.685 de ese momento). Con un gusto por los Audi, el empresario habría hecho adquirir en 2021 un A5 2.0 T FSI Coupe 2011 (valuado en $ 2,3 millones o U$S 24.533 de entonces) para que figurara a nombre de su hijo Federico.
Ese mismo año, su otro hijo, Agustín, habría comprado un Fiat Cronos Drive 1.3 0 km por $ 1,9 millones (equivalente a U$S 18.216 dólares). Sin embargo, el joven habría adquirido un vehículo mucho más costoso menos de dos años después: una Volkswagen Amarok TDI 180 2017 a cambio de unos $ 7,6 millones (unos U$S 35.431).
De acuerdo con la investigación del fiscal, Moyano también habría utilizado en 2023 a su novia, Sandra Elizabeth Oviedo (59), para hacerse de una Nissan Frontier 2020 valuada en unos $ 13,3 millones (unos U$S 36.388). Oviedo, a su vez, habría regenteado el Club Ibiza, local que funcionaba como after y fue clausurado en abril pasado.
En 2024, y al calor del crecimiento patrimonial de la familia, Federico habría comprado un DS 7 Crossback HDI 180 automático modelo 2020 por unos $ 43,2 millones (unos U$S 42.002) y dos inmuebles, tanto en Alto Alberdi como en Alta Córdoba, por $ 18 millones (unos U$S 19.108) y $ 13 millones (U$S 12.590), respectivamente.
En el rubro inmobiliario, Chinellato habría puesto a su nombre una propiedad en barrio Ayacucho, adquirida por $ 20 millones (U$S 19.370).
Tras una serie de operativos, fueron detenidos Moyano, su hijo Federico, Guggiana, Oviedo y Páez. Todos afrontan graves cargos por asociación ilícita.
Pero en el caso de los Moyano, Páez, Guggiana y Chinellato, fueron acusados además por trata con fines de explotación sexual agravada por haber mediado engaño y abuso de vulnerabilidad de las víctimas. El fiscal también les imputó lavado a los Moyano, Chinellato y Oviedo.
Federico y Roberto Moyano, Chinellato y Guggiana negaron los hechos y se abstuvieron de declarar, mientras que Oviedo negó las acusaciones y declaró. En tanto, Páez no declaró aún porque cambió de abogado.
