“Esto nos genera muchísimo dolor, nos angustia un montón. Lo primero que me pasó cuando recibí la noticia de que había sido detenido, fue que me alegraba que esa chica policía, y que fue asaltada, estuviera viva por suerte…”.
Así se expresó Jimena Villarreal, la hermana de Sebastián, al conocer que el principal acusado de haber integrado la patota que cometió el crimen en barrio Yofre Norte en 2024, un chico de 15 años, había vuelto a ser detenido por la Policía en Córdoba.
El adolescente fue atrapado hace pocas horas junto con otro menor de edad luego de haber asaltado a una mujer policía para robarle la moto en barrio Colón de la Capital.
El joven es inimputable por su edad.
Una jueza de Menores lo había puesto a cargo de una familia con un “estricto régimen que debía cumplir” en Villa Carlos Paz. Como tareas, debía ir a la escuela y aprender boxeo.
Ya, meses atrás, el adolescente se había mostrado en las redes con dos armas en la cintura. Ese control familiar, a la luz de los resultados, no anduvo.
Ahora, no está claro qué van a hacer con él. Al Complejo Esperanza, por su edad, no puede ir. Una tobillera no estaría entre las alternativas, a tenor de lo resuelto meses atrás con otro menor reincidente.
Sebastián Villarreal fue ultimado de una manera brutal. Se iba a trabajar aquella mañana en su moto Tornado, cuando fue abordado por una pandilla de motochoros. Nunca se resistió. La mecánica fue brutal: mientras clamaba por su vida, lo mataron y luego le robaron.
La banda era mixta: integrada por mayores y menores, según el fiscal de instrucción Andrés Godoy.
El funcionario resolvió el caso: hay cuatro acusados de entre 17 y 23 años. Los mandó a juicio.
El supuesto matador es el de 17. Su cómplice y que manejaba la moto es el pibe de 15 (inimputable) y que cayó preso hace pocas horas.
Conocida su nueva captura, el dolor, la bronca y la impotencia volvieron a apoderarse de los miembros y allegados de la familia de Sebastián.
La hermana, vocera de la familia, expresó su dolor por lo sucedido, al tiempo que volvió a reclamar respuestas urgentes y en serio por parte de autoridades políticas, judiciales y legislativas. Al mismo tiempo, se mostró en contra de la baja de la edad de inimputabilidad.
Bronca y desconsuelo
“Esto que pasó ahora genera una y otra vez la misma pregunta: ¿cuándo, los que están en el poder, los que tienen la posibilidad de la decisión, van a realmente tomar medidas como corresponde y cambiar los sistemas que tengan que cambiar?”, le dijo Jimena Villarreal a La Voz.
“No estamos de acuerdo ni pedimos para nada la baja de la edad de imputabilidad, porque sabemos que esa es una salida que pretende ser fácil. Lo que va a hacer es justamente generar más y más violencia, desigualdad y muchísima crueldad más con las infancias y la juventud”, añadió la hermana.
“Realmente se te parte el alma que una y otra vez esto se venga encima, ¿no? Es una y otra vez”, expresó y agregó: “Para nosotros lo importante es que dejen de revictimizarnos con la ineficacia que están teniendo, que puedan realmente poner a las personas los cargos que tienen poder de decisión en la vida de un montón, de todos nosotros los que estamos en los barrios”.
“A mí la ministra de Desarrollo Humano (Liliana Montero) me dijo en aquel momento que ella contaba con todos los recursos necesarios para poder acompañar a este joven”, dijo Jimena, quien añadió que en Complejo Esperanza son pocos los menores presos por graves delitos.
“No arbitran alguna estrategia. La pregunta es: ¿qué están esperando realmente? ¿Más Sebastianes? ¿Más asesinados por la crueldad? Obviamente que sabemos y entendemos que la base de esto es la desigualdad social, la injusticia social… Necesitamos como familia, como sociedad, como comunidad, poder repensar un montón de cuestiones que tienen que ver en la vida de base de estos niños y estos jóvenes y que realmente podamos pensar que el cambio no está en encerrar niños en la cárcel, ¿no?”, expresó.
“El cambio está en otro lado, en humanizar… No dar por sentado un montón de cosas ni naturalizar un montón de cosas como si las personas fueran descartables o desechables. Porque todo eso lleva un desprecio por la vida que después impacta en la vida de todos los otros que creen”, expresó la mujer y añadió: “Realmente es muy triste que se genere cada vez más violencia”.
La familia de Sebastián Villarreal participa de la asociación “Víctimas por la Paz”, cuyos integrantes resaltan la promoción y el fomento del pensamiento de la justicia restaurativa y “de intentar construir otro sentido de la justicia que no sea la venganza o el punitivismo”.
Críticas
La familia de Sebastián, por otro lado, reclamó que en las últimas horas se les retiró la consigna policial a los hijos de la víctima por “falta de personal uniformado”.
Jimena, hermana de Sebastián, reclamó además que “se lanzan varios programas para más control y más seguridad” y “se abre una carcel de máxima seguridad pero las plazas son imposibles de transitar, los clubes se vacían y los programas para niñeces y juventudes desaparecen, como desaparece la empatía por el otro”, añadió.
¿Qué pasó con la causa Villarreal?
El fiscal Andrés Godoy fue quien investigó y avanzó con el esclarecimiento de aquel alevoso asesinato.
Sebastián, de 46 años, fue abordado por la patota en la madrugada del 29 de febrero de 2024 en Yofre Norte. El hombre se iba a trabajar a una empresa de plásticos y fue ejecutado por disparos.
Como se dijo, los delincuentes lo mataron y luego le sustrajeron la motocicleta. El alevoso crimen causó amplia conmoción en el barrio y la ciudad.
Varias fueron las marchas en reclamo de justicia.
El principal escollo con que se encontraron los investigadores fue que los ladrones habían usado cascos.
Sin embargo, eso no fue impedimento para que los pesquisas, quienes se pusieron a trabajar a fondo.
Un prolijo trabajo investigativo basado en análisis de filmaciones de cámaras de seguridad, búsqueda de testimonios y distintos rastreos de calle y tecnológicos permitió que la causa avance.
En ese marco de trabajo, Godoy logró determinar que detrás del crimen había participado una patota de jóvenes que residía en las inmediaciones y que había estado en otros asaltos graves y similares con la misma mecánica: asaltos tipo emboscada a motociclistas. Las otras causas estaban desperdigadas en otras fiscalías.
Los ladrones se caracterizaban por la violencia, intercambiaban sus armas y, en más de una oportunidad, subían a sus redes sus robos como “hazañas”.
Finalmente, se ordenaron detenciones.
El fiscal mandó a juicio a cuatro jóvenes de entre 17 y 23 años (tenían en aquel momento) acusados de integrar la pandilla de motochoros.
El joven que ahora tiene 15 fue detenido en su momento, pero su causa fue remitida a una jueza de Menores ya que es inimputable. La magistrada lo entregó a una familia de Villa Carlos Paz.
Respecto a los demás, fueron acusados por homicidio criminis causae y por asociación ilícita.
Tras distintas oposiciones presentadas por las defensas de algunos de los acusados mayores, la causa fue girada a un Juzgado de Control, donde se encuentra a mayo de 2025.
