Una línea de Nextel que utilizaba un narco para comunicarse delineó una investigación paralela que llevó al descubrimiento de la banda de Juan Francisco “Gordo Loly” Britos, presuntamente dedicada a la venta de drogas al por mayor en la ciudad de Córdoba, bienes robados y manejo de dinero falso.
Britos habría comandado una asociación ilícita integrada por los hermanos Roque Daniel Guillón y Luis Darío Guillón (autores). Los tres están imputados por la misma figura, pero a Britos se le adjudica, además, comercialización y transporte de estupefacientes agravado (por la intervención de tres o más personas en forma organizada), que terminó con la incautación de casi 300 kilos de marihuana en 2014.
Recientemente, la Sala B de la Cámara Federal de Córdoba confirmó el procesamiento de los tres (sin prisión preventiva), con lo que complicó su situación judicial.
7 kilos de cocaína y llamados
Los rastros de los investigadores llevaron a Britos y a los Guillón, tras una serie de intervenciones telefónicas realizadas en la causa en la que estaba bajo sospecha Héctor Argentino “el Patrón” Gallardo.
Antes de su caída y su condena a 14 años de prisión en 2018, llegó a ser un renombrado narcotraficante que desde la localidad de Frontera, en Santa Fe, lideraba una organización que operaba con cocaína y marihuana en Salta, en Misiones y en Córdoba.
La investigación del clan de Gallardo permitió el secuestro de unos siete kilos de cocaína en la casa de uno de los integrantes de la banda, Pedro Antonio Ibazeta, en la ciudad de Villa Nueva. Al allanar la vivienda, no lo localizaron, por lo que establecieron escuchas para rastrearlo.
De esa manera, advirtieron que Ibazeta (luego condenado a siete años por tenencia de drogas para su comercialización) se encontraba residiendo y trabajando en un lavadero de autos.
Para comunicarse, Ibazeta empleaba una línea de Nextel. En los diálogos surgió que se abastecía de droga, en apariencia, a través de dos hermanos: “Darío” y “Daniel”. Sus teléfonos fueron interceptados y se dividieron las causas.
Los investigadores descubrieron que “Darío” era Luis Darío Guillón. Los llamados nuevamente jugaron un rol esencial. Permitieron develar que este, al parecer, comercializaba estupefacientes bajo las órdenes de su hermano Roque Daniel Guillón (condenado en 2020 a tres años en una causa por tenencia de precursores químicos), dueño del lavadero donde vivía Ibazeta.
Pero también emergieron otros dos nombres como parte de la estructura delictiva bajo investigación: Jorge Alberto Armanini (“Negro Jorge”) y “Gordo Loly” Britos. En el esquema, Britos habría sido el “jefe” de la asociación ilícita que habría traficado droga y habría estado involucrada en el robo de vehículos y de electrodomésticos.
Así, Britos habría aprovisionado de estupefacientes a los hermanos Guillón (supuestos vendedores y “guardadores” de la droga) y a Armanini, quienes a su vez la habrían revendido a otros compradores. En una escucha, Luis Guillón mantuvo una comunicación con un presunto comprador de drogas que fue considerada relevante para la causa. “Escuchame, ¿el faso en cuánto lo tenés?”, le preguntó un hombre. “A ‘dos seis’ (por 2.600 pesos) lo tengo. El bueno, bueno”, respondió Guillón.
En otro llamado, el mismo Guillón habló con otra persona en torno al “paquetito”.
Por otro lado, en la escena trascendió otro nombre: Hugo Martín Ceballo. El sospechoso habría tenido una vinculación estrecha con Britos, ya que en el expediente también aparece como “guardador” de los estupefacientes y de los bienes robados en su casa de barrio Lamadrid.
Las escuchas arrojaron otros “actores” involucrados: “Gustavo”, luego identificado como Gustavo Gabriel González. Se sostiene que era quien proveía la droga a “Gordo Loly”, empleando a Lucas Sebastián Tapia (“Loco Seba”) en el esquema de narcotráfico.
Este “intermediario” habría sido en Córdoba un “receptor” de la sustancia ilegal proveniente de otro lugar.
Casi 300 kilos
Los efectivos de la Gendarmería Nacional advirtieron que González estaba preparando el traslado de un cargamento de marihuana (adquirida a un grupo de entrerrianos) desde la ciudad de Paraná, Entre Ríos, hasta Córdoba, con intervención de un grupo de hombres que respondían a las órdenes de “Viejo”, “Dani” o “Capitán”.
Al parecer, el plan era trasladar la droga a la ciudad de Córdoba, donde Britos se encargaría de revenderla. El cargamento fue transportado por Adrián Maximiliano Martínez (oriundo de Entre Ríos) en una camioneta Chevrolet S10 4x4 robada con patentes y papeles falsos para evitar posibles controles.
Al llegar a la calle Puerto de Palos al 2198, en Talleres Este, Tapia y Martínez se encargaron de guardar la droga en un departamento. Allí, el 24 de noviembre de 2014 se secuestraron casi 263 kilos de marihuana acondicionada en 348 paquetes y, a su vez, dispuestos en 11 bultos.
El fiscal federal Enrique Senestrari pudo establecer que existían dos organizaciones delictuales: una liderada por Britos (e integrada por los hermanos Guillón, Ceballo y Armanini) y destinada a la comercialización de estupefacientes al por mayor en la Capital cordobesa, a la compraventa de vehículos, de electrodomésticos, de animales y de armas robados, y la introducción y la circulación de moneda falsa al mercado.
La otra, formada por González (como presunto “jefe”), Anahí Ferreyra (su novia) y Tapia, cuyo objetivo habría sido la financiación y el transporte de estupefacientes a gran escala hacia distintas ciudades del país.
González, incluso, habría acompañado el traslado de la marihuana hasta Córdoba, previo paso por San Francisco, mientras que Tapia habría oficiado como “anfitrión” en Córdoba para conseguir alojamiento para González y otros sospechosos.
Ceballo, González, Ferreyra, Tapia y Armanini siguen acusados por asociación ilícita. Asimismo, González fue procesado por la venta y el transporte de drogas (coautor), mientras que sobre Martínez pesa la imputación por el transporte como coautor.
Confirman procesamientos
La camarista Liliana Navarro consideró que los innumerables diálogos entre los imputados en la causa son “elocuentes” para establecer la presunta existencia efectiva de la asociación ilícita, ya que los hermanos Guillón y Armanini al parecer se dedicaban al tráfico de estupefacientes con un nexo: Britos, supuesto “jefe” de la banda.
La relación con González y el presunto intermediario Tapia al parecer era la de proveedores de la sustancia. Las escuchas, señaló la camarista, “evidencian” que Britos habría aguardado en Córdoba la llegada del cargamento de marihuana desde Paraná para luego revenderla.
“Además de dar cuenta de la insistencia en conocer el momento en que la droga arribaría a Córdoba”, sostuvo Navarro, las escuchas sobre Britos “indican que estaba al tanto de su origen y del lugar desde donde iniciaría el traslado”.
Finalmente, Navarro y su par Abel Sánchez Torres confirmaron el procesamiento sin preventiva, dispuesto por el juez Ricardo Bustos Fierro, de Britos (supuesto jefe) y de los Guillón (presuntos autores) de la asociación ilícita.
A Britos se le suma el procesamiento por comercialización y transporte de estupefacientes agravado, mientras también se investiga otra imputación que pesa sobre él: encubrimiento (por 500 pesos falsos hallados en su casa).
El abogado de los tres, Miguel Juárez Villanueva, opinó que la “causa es una vergüenza”. “Hace tres años que no hay una causa federal por narcotráfico en serio en Córdoba”, dijo a La Voz, e indicó que esperará a la realización del juicio.
