El narcotráfico siempre guarda una constante conexión con Córdoba, que nunca se quiebra. Son múltiples las causas penales abiertas en la Justicia Federal que describen el mismo modus operandi: desde la “bajada” de la droga de Bolivia hacia Córdoba, junto con Santa Fe y Buenos Aires, las otras destinatarias de los cargamentos.
A partir de la investigación de la Fiscalía Federal N° 1, a cargo de Enrique Senestrari, 10 personas fueron imputadas en marzo por diversos delitos y grados de presunta implicación, según cada caso: organización para el comercio, transporte y almacenamiento de estupefacientes, venta, traslado, acopio, cultivo, resguardo de armas de fuego y tenencia ilegal de ellas.
De Bolivia a Córdoba
La banda habría operado de manera estructurada para adquirir los estupefacientes en grandes cantidades a distintos proveedores en Bolivia.
Como es usual, los integrantes de la organización habrían utilizado a “pasadores” (no identificados) en los diferentes puntos fronterizos. Específicamente, se habrían valido del ubicado en la ciudad de Aguas Blancas, Salta, limítrofe con la localidad boliviana de Bermejo.
Para consumar la “bajada” de la droga, otros miembros de la banda la habrían movilizado desde Orán hacia la ciudad de Córdoba (y, en ocasiones, a otras provincias), donde sería receptada y distribuida entre comerciantes minoristas.
Así, Marcelo Rubén Villega, María Alejandra Farfán, Horacio Diego Graziano (dijo ser técnico aeronáutico y piloto de autos de carrera), Cintia Medina y Rubén Darío Morales habrían coordinado la adquisición de los estupefacientes a los proveedores bolivianos. Graziano sufrió un reciente revés luego de que la Sala B de la Cámara Federal de Córdoba confirmó el fallo del juez N° 2, Alejandro Sánchez Fryetes, que le había denegado la excarcelación.
Villega, Farfán, Graziano, Media y Morales habrían digitado el traslado desde Bolivia a Salta y, de allí, a Córdoba y otras provincias, entre ellas la propia Salta (para su distribución). En el caso de Córdoba, la droga habría sido llevada por los transportistas Diego Roldán, Martín Valdez, Ramón Moisés Reyes y otras personas.
Cómo habría operado la banda, rol por rol
En la diversificación de los roles en la estructura, Medina y Morales habrían comprado la droga y habrían encargado el ingreso desde Bolivia hasta la Argentina a los “pasadores”. En marzo, Villega, Farfán y Graziano habrían adquirido a Medina y Morales una porción mayorista de los estupefacientes y la abonaron, al parecer, con vehículos 0 km y usados, o con efectivo.
Paralelamente, Villega, Farfán y Graziano habrían fungido como “financistas” de la actividad ilegal con lo obtenido de la compraventa de vehículos o la entrega de otros, para que Medina y Morales los utilizaran para la compra de las drogas y, también, para abonarles a los transportistas. Para esto último, en ocasiones habrían usado a prestanombres o testaferros como titulares de vehículos de media y alta gama (Jeep AF, Fiat Pulse, Toyota MJB y Duster) pertenecientes a la organización para disimular su dominio real.
Bajo las presuntas órdenes de Villega, Farfán, Medina y Morales, los transportistas Roldán, Valdez y Reyes habrían “bajado” la droga a Salta, a Córdoba y a otros destinos (por ejemplo, la localidad bonaerense de Morón) en lapsos de 15 días.
Para cumplir con el mandato, habrían utilizado vehículos que la propia organización les habría provisto, entre ellos, un Peugeot 2008 y una Toyota Hilux. Como es habitual en las causas de narcotráfico, el valor de la droga y la necesidad de que los traslados se transformen en operativos exitosos hasta sus destinos finales obligan a la implementación de la “custodia”.
En este caso, la banda se habría valido de la famosa modalidad “de puntas” o “caravana” (acompañamiento de la droga con autos de apoyo, sin carga ilegal, a los fines de alertar sobre posibles controles policiales o cometer infracciones de tránsito adrede, para que sean controlados los vehículos sin estupefacientes).
En algunas oportunidades, los choferes habrían viajado desde Salta hasta Córdoba a buscar dinero o vehículos que les habrían entregado Villega, Farfán y Graziano (obtenidos de las operaciones de la venta de estupefacientes) para saldar las adquisiciones de narcóticos, o bien para comprar nuevas sustancias o como pago por sus funciones.
Habrían utilizado diversos rodados para movilizarse y concretar las reuniones y los traslados, entre otros, la mencionada Hilux (que habría usado Roldán), el 2008 (utilizado por Roldán, Reyes y Valdez), un Toyota Coupé (usada por Graziano) y una Ford Raptor (conducida por Villega).
Los investigadores determinaron que Villega, Graziano, Farfán, Roldán, Reyes y Valdez contaban con líneas telefónicas mediante las que, sistemáticamente, habrían hecho referencia a los estupefacientes para organizar su adquisición, precio, cantidad, calidad, traslado, guardado y distribución.
Varios de los imputados, con aparente poder de decisión sobre el control de las operaciones, habrían usado como lugares de reunión sus propios domicilios. Así, Villega habría utilizado el suyo en barrio Las Magdalenas; Reyes habría seguido la misma línea respecto de su campo ubicado en Colonia Tirolesa; Graziano, en Los Plátanos (Córdoba), y Roldán, en Orán.
Villega, Farfán y Graziano habrían contado con armas de fuego para el uso de la violencia, en la medida que sus negocios ilícitos lo demandaran, además de elementos necesarios para la actividad de narcotráfico: contadoras de billetes, selladoras de plástico, balanzas de precisión y de bolsillo, y GPS.
La droga, en mano
Como compradores, Medina y Morales habrían entregado seis kilos de droga, distribuida en seis “panes” a los transportistas Roldán, Reyes y Valdez, posiblemente en Orán. Luego, Valdez (como conductor) y Reyes (como acompañante) habrían viajado a Córdoba en la Hilux para entregar la carga a Villega, Farfán y Graziano. Para “custodiar” la sustancia, Roldán se habría movilizabo como “puntero” en el 2008, para alertar sobre posibles controles en el camino.
Pero lo que querían evitar, sucedió. Gendarmería los controló la noche del 3 de marzo en la salteña localidad de las Lajitas. La droga fue incautada, y Reyes y Roldán fueron detenidos, pero Valdez logró escapar.
Paralelamente, quienes sí tuvieron el éxito deseado fueron Morales y Medina. Entre el 4 y el 8 de marzo habrían movido poco más de seis kilos de cocaína (valuados en U$S 60 mil) desde Salta hasta Córdoba, encargados (según sospecha el fiscal Senestrari) por orden de Villega, Farfán y Graziano. A cambio, estos últimos les habrían abonado a Morales y Medina con dólares físicos y el Fiat Pulse, que Graziano habría gestionado en una conocida concesionaria cordobesa.
El almacenamiento
Villega, Farfán y Graziano habrían acopiado la cocaína en la casa de los primeros, en Las Magdalenas, al tiempo que habrían comenzado el fraccionamiento y la distribución. Sin embargo, el 8 de marzo la Policía Federal secuestró 5,3 kilos de cocaína (900 gramos menos que la arribada desde Salta). Los pesquisas encontraron, además, las mencionadas dos balanzas de precisión, la contadora, el GPS, una selladora para la confección de envoltorios y cinco armas (tres nueve milímetros con municiones y dos 45 mm).
A Graziano le incautaron en su casa 983 gramos de marihuana, tres plantas de marihuana de tres metros y un rifle de caza con mira telescópica (sin autorización) con 18 municiones calibre 22.
En la causa, aparecieron dos nuevos sospechosos: Leonardo Gustavo Villega y Cristhian David Villega Lamela. Cultivaban el patio de su casa, ubicada en barrio José Hernández, seis plantas de hasta tres metros. Villega guardaba casi 50 gramos de marihuana (para presumiblemente vender) y una balanza, un armador de cigarrillos mecánico y papeles sueltos para confeccionarlos. Leonardo, a su vez, tenía en su poder –sin contar con autorización– una escopeta calibre 28.
Todos fueron imputados por delitos de drogas, según cada caso, y con distintos o iguales presuntas participaciones. De los 10 imputados, ocho continúan encarcelados y a sólo dos (Medina y Farfán) se les concedió la prisión domiciliaria bajo la vigilancia de un dispositivo de rastreo.
En abril, el juez Sánchez Freytes denegó la excarcelación y la domiciliaria a Graziano (46) por riesgo procesal de fuga u obstaculización. La defensa pidió revocar el fallo sobre la base de inexistencia de peligro procesal. Sostuvo que Graziano cuenta con domicilio fijo, vive con sus padres, no tiene antecedentes penales y se dedica a la reparación de autos de carrera y su participación en competiciones, además de que es propietario de un taxi.
Los camaristas Abel Sánchez Torres y Liliana Navarro consideraron que sí existía riesgo procesal y confirmaron la denegatoria a la excarcelación.
