La banda liderada por el presunto narcotraficante Juan Carlos “Sieto” Brizuela se acerca a la verdad. El juez federal N° 1 de Córdoba capital, Alejandro Sánchez Freytes, envió a juicio a gran parte de la estructura criminal detrás de los casi 900 kilos de cocaína secuestrados en 2024 en Salta camuflados entre calabazas, valuados en 13 millones de dólares.
El Tribunal Oral Federal N° 2 del mismo distrito será el encargado de juzgar a los 12 procesados de la causa: Juan Carlos “Sieto” Brizuela (46); Sergio Ariel Brizuela (48), Rodrigo Carlos Emanuel “Goqui” Brizuela (24), Facundo Carlos Gabriel Brizuela (20), Romina Margarita Brizuela (24), Ramiro Félix Tapia (42), Paola Beatriz Guerrero (34), José María Astorga (24), Rosa Margarita Espinoza (51), Jazmín Ayelén Choque (24), Javier Luis Humacata (43) y Fátima del Valle Brizuela (27).
Si bien se investiga su participación delictiva, no fueron enviados a juicio el supuesto proveedor narco Roberto Zacarías Acuña (también conocido como Roberto Acuña Magne), Juan Carlos Ariel “Cacalo” Brizuela y Luciano Benigno Ordoñez, porque siguen prófugos.
De un nombre a una narcobanda
El disparador clave de la causa fue un nombre. Rosa María “Mery” Espinoza aparecía en la nómina de contactos del condenado narco Eugenio Andrés Cavas (falsamente autoproclamado “Javier Cañete”). Cavas contaba con una lista de proveedores de drogas para su negocio de 300 kilos de marihuana, que ocultaba bajo la fachada de una concesionaria de autos de lujo en Villa Carlos Paz.
Así es que el fiscal federal N° 3 de Córdoba capital, Maximiliano Hairabedian, a cargo de ambas causas, puso el foco en Espinoza como una de las supuestas abastecedoras de droga “bajada” desde el norte del país. El nombre de la mujer no surgió, sin embargo, de la investigación por la que Cavas fue condenado, sino de otra derivada, que luego perdió impulso.
A partir de ciertas sospechas, el instructor fue reuniendo una serie de indicios sobre presuntas actividades vinculadas al tráfico de drogas procedentes desde Bolivia hacia Salta y Jujuy, zonas muy permeables al contrabando de sustancias ilícitas.
De este modo, estableció que durante al menos dos años y un mes (entre febrero de 2022 y el 24 de marzo de 2024), Espinoza y “Sieto”, con la ayuda de otros implicados, habrían organizado y financiado el transporte, el almacenamiento y la distribución de cocaína desde Jujuy y Salta a las ciudades de Córdoba y Buenos Aires, y áreas cercanas.
Los estupefacientes habrían sido vendidos por el prófugo boliviano Zacarías Acuña (o Acuña Magne) e ingresados desde el país vecino a Jujuy y Salta burlando los controles aduaneros. Son múltiples los pasos ilegales que transformaron la frontera en un “colador” muy efectivo para el contrabando de estupefacientes a gran escala y mercancías de todo tipo.
Espinoza y “Sieto” habrían coordinado la entrega de la droga y el posterior pago. La entonces pareja de “Sieto″, Paola Beatriz Guerrero, habría acordado con “Mery” que la cocaína se pagara en San Salvador de Jujuy.
Ya con los cargamentos en su poder, “Sieto″ habría liderado las operaciones para el almacenamiento y traslado a los lugares de acopio provisorios en las localidades de Orán (Salta), Pampa Blanca (Jujuy) y Puesto Viejo (Jujuy), entre otros sitios.
El prófugo Ordoñez (criado por “Sieto”, pero sin vínculo sanguíneo con él) y Facundo Brizuela habrían protegido la droga ante el riesgo de que fuera descubierta toda la operación.
Pero su accionar habría sido más amplio, ya que habrían oficiado como “punteros”, controlando la ruta y generando posibles alertas para que, posteriormente, “Sieto″ pudiera trasladar la droga con éxito a destino sin que las fuerzas de seguridad lo advirtieran.
En esa tarea, también habrían intervenido Sergio Ariel Brizuela (hermano de “Sieto”), Romina Brizuela (hija de Sergio y sobrina de “Sieto”), Choque y Rodrigo Carlos Emanuel Brizuela (hijo de “Sieto”), oriundos de Jujuy y Salta.
En ocasiones, “Sieto″ habría trasladado personalmente la droga, mientras que otras veces la organización se habría valido de camiones o “remises”, en un lenguaje elusivo.
En algunas ocasiones, Astorga habría fungido como intermediario para hacer de nexo con camioneros de máxima confianza, como Tapia, para esconder la droga y transportarla.
Los investigadores pudieron determinar que parte de los viajes con la droga habrían sido coordinados con Javier Luis “Casco” Humacata, un delincuente con dilatado prontuario, doblemente condenado en Salta. “Casco” habría intervenido en la elección del lugar donde debían realizarse las cargas y, luego, en la distribución de la droga en sus destinos establecidos, respetando así el pacto con “Mery”, la única cordobesa de la organización.
De esta manera, la droga era “bajada” desde el norte hacia Córdoba y Buenos Aires y alrededores como destinos finales. Una vez que la recibía, “Mery” y otros sospechosos se habrían encargado de distribuirla y venderla para cerrar el círculo ilícito.
Pagos con autos y “barrido”
Bajo la coordinación y el control verticalista de “Sieto”, Choque, Fátima del Valle Brizuela, Facundo Brizuela, “Gogui” Brizuela y el tercer prófugo de la causa, “Cacalo” Brizuela (estos últimos cuatro, todos hijos de “Sieto”), se habrían encargado también de realizar los viajes desde Jujuy a Córdoba y Buenos Aires para recaudar el dinero destinado al pago de la droga y/o al cobro de su transporte.
No habría sido la única operatoria. También habrían coordinado el retiro de vehículos como parte de pago por la droga. Se especula, por otro lado, que los rodados que habrían adquirido (con las ganancias de su actividad ilícita) los habrían llevado hasta su lugar de residencia o al que indicara “Sieto″.
Parte de estos vehículos eran luego utilizados, como es habitual en muchos casos, para el “barrido” durante el transporte de los estupefacientes, a fin de no ser descubiertos con los cargamentos de droga “a granel” que eran “bajados” al centro del país.
El instructor pudo establecer que habrían utilizado o adquirido camionetas del tipo rural, como nueve Hilux y una Ford Ranger, tres Corolla, un camión Volvo con semirremolque, una Toyota SW4, una Volkswagen Amarok, un Renault Fluence, un Etios y un Polo, entre otros.
Cocaína a gran escala
El descubrimiento del enorme cargamento de cocaína se produjo el 24 de marzo de 2024 cuando los efectivos de Gendarmería detuvieron un camión, conducido por Tapia, que transportaba zapallos y calabacines, en un puesto fijo ubicado sobre la ruta nacional 9, a la altura de la localidad salteña de El Durazno, departamento Rosario de la Frontera.
Al inspeccionar la carga, descubrieron 31 bultos con 846 “ladrillos” de cocaína, por casi 862 kilos. Uno de los mayores y más importantes decomisos de cocaína en los últimos años en el marco de una causa federal iniciada en Córdoba.
El fiscal cree que el camionero Tapia siempre actuó bajo las instrucciones de “Sieto” y en complicidad con Astorga, mientras “Gogui” Brizuela y Choque (en una Toyota Hilux) y un sospechoso aún no identificado (en un Corolla) actuaron como “punteros” para alertar al camión sobre eventuales controles policiales.
Atentos al traslado, “Sieto” y su hijo Facundo habrían estado apostados unos 15 kilómetros más adelante de donde fue desbaratado el camión narco. Alcanzaron a escapar pero cayeron detenidos cuatro meses después en Jujuy.
A juicio, los 12 detenidos
De los 12 procesados, detenidos y elevados a juicio por el juez Sánchez Freytes, sólo se opuso la abogada defensora de Humacata, Vanina Bruno (como el resto no apeló, la elevación quedó firme).
No obstante, el magistrado entendió que quedó acreditada tanto la existencia del hecho como la participación de Humacata en la logística y organización del tráfico de la cocaína, no sólo en momentos previos a la adquisición sino durante el trayecto. Así, no hizo lugar al planteo y lo mandó a juicio.
Condenaron a una mujer por traficar cocaína en una “narcoencomienda”
El TOF 2 de Córdoba condenó a cuatro años de prisión a Nardi Mosquera Zurita (39) por transporte de estupefacientes. La mujer, de nacionalidad boliviana, y otras personas acordaron el traslado de dos kilos de cocaína desde la ciudad de San Salvador de Jujuy hacia la ciudad de Buenos Aires.
Un sospechoso despachó la “narcoencomienda” y, de acuerdo con el plan, Mosquera Zurita debía recoger la droga en la sucursal de la empresa en Liniers, Buenos Aires. Sin embargo, Gendarmería frustró el tráfico al detectar la droga en un control de la ruta nacional 9, en la localidad de Sinsacate. El juez Sánchez Freytes ordenó la entrega vigilada para atrapar a Mosquera Zurita.
Como parte del juicio abreviado acordado con el fiscal general Maximiliano Hairabedian, la imputada admitió el hecho y su participación. Dijo que traficó la droga por necesidad económica porque tenía a cargo la manutención de sus hijos pequeños y no podía llevar adelante un empleo formal y cuidarlos a la vez.
El juez José Fabián Asís la condenó a cuatro años. Valoró que es analfabeta, tiene hijos a cargo y escasos recursos económicos y no cuenta con antecedentes penales.
