Parafraseando el título de Wall Street 2: el dinero nunca duerme (2010), el filme que retrata el modus operandi del codicioso financista Gordon Gekko, la delincuencia nunca duerme en Córdoba, y tampoco en pandemia.
Las restricciones que afectaron la vida de millones de argentinos en el país en 2020 no cambiaron, sin embargo, el ingenio delictivo de los estafadores ávidos.
La fiscal de Delitos Complejos, Valeria Rissi, dictó hace algunas semanas la prisión preventiva de Sergio Alejandro “Gordo de la Keta” Monserrat, acusado de integrar una banda dedicada a realizar maniobras estafatorias.
No es la primera vez que queda bajo sospecha en una causa penal. En 2019 fue condenado por robo, y un año después volvió a ser sentenciado por la sustracción de una moto en bulevar San Juan y Vélez Sársfield. En la última condena recibió dos años y dos meses (que se unificaron en tres años y siete meses), con lo que los nuevos hechos que se le imputan los habría consumado desde la cárcel de Bouwer.
Curiosamente, el Servicio Penitenciario le informó a la fiscal que un homónimo ya había estado detenido en la misma prisión y que, además, tenía el mismo apodo.
El dato evocó el caso del “original” Sergio Alejandro “la Queta” Monserrat (ya fallecido y padre del ahora investigado), sindicato en 2005 como el líder de la temible “banda de los blindados” que perpetró asaltos a camiones blindados, cajeros automáticos y bancos.
Durante uno de los robos a un blindado de la firma Bacar, murieron un guardia y un delincuente. El otro audaz golpe lo sufrió un banco, en 2006, cuando redujeron al gerente y se llevaron 180 mil pesos. Al igual que en los hechos anteriores, los delincuentes utilizaron pistolas nueve milímetros, un fusil FAL y escopetas.
“Empleados” de la Anses
En octubre de 2020, y desde la cárcel de Bouwer, Claudio Isaac “Chino” Noriega y Eduardo Marcial Arenas habrían ideado un plan de defraudación invocando falsas adjudicaciones de dinero de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en concepto de la reparación histórica de jubilados y pensionados. Se estima que las defraudaciones superaron los 745 mil pesos.
Por un ardid similar, la fiscal Rissi ya envió a juicio a una banda familiar liderada por un hombre que operaba desde la prisión y que perpetró estafas por valores millonarios.
Al igual que Monserrat, Noriega acumula una condena en 2019 por robar en un comercio, aunque su nombre quedó envuelto en un resonante crimen. En 2017, Debra Arantxa Noble (20) fue asesinada durante una maratón de droga y sexo en un departamento del Centro.
Para disimular el cadáver y poder desprenderse de las pruebas, fue introducido en un mueble y enterrado por Noriega en una zona rural entre Villa Retiro y Villa Esquiú. Sin embargo, fue absuelto del encubrimiento.
En la actual causa por estafas, Noriega, Marcial Arenas, en supuesta complicidad con Monserrat (interno del mismo pabellón) y Roberto Matías Sosa habrían simulado además un supuesto interés en la adquisición de productos publicados por víctimas, pero con el fin de estafarlas.
Los investigadores estiman que valiéndose de guías telefónicas o listados similares, habrían efectuado numerosos llamados a teléfonos fijos o a celulares de los damnificados haciéndose pasar como empleados o abogados de la Anses, bajo diversos seudónimos.
Así, habrían engañado a las víctimas o a sus familiares al falsamente notificarlos de que habían resultado beneficiarios del dinero de la reparación. Para consumar las maniobras, Noriega, Arenas y Monserrat habrían utilizado al menos un teléfono celular y tres tarjetas SIM con los que efectuaban las comunicaciones.
Una vez que las víctimas caían en la trampa, les solicitaban realizar una serie de pasos en el cajero automático que terminaban en la pérdida de su dinero: algunos, mediante la solicitud de un préstamo; y otros, al efectuar transferencias o entregar sus claves Token.
Munidos de datos sensibles, los estafadores ingresaban a las cuentas y realizaban diversas operaciones para transferir dinero a familiares o a allegados de ellos. El imputado Sosa y otro sospechoso (no identificado) habrían proporcionado las cuentas bancarias a las que debían efectuarse las transferencias fraudulentas, cuyos titulares luego extraían.
Entre los que –se sospecha– pusieron a disposición sus cuentas, aparecen el propio Sosa y siete mujeres, todas imputadas: Brenda Estefanía Avendaño, Andrea Yanina Carvalho, Ayelén Rocío Lencinas, Silvana Ayelén Tévez, Yamila Ramos, Cintia Celeste Bazán y Sofía Trinidad de los Ángeles Paulone.
El círculo delictivo se habría cerrado con la distribución de los fondos entre los participantes.
Cómo llegaron a “Chino” y a “Keta”
La fiscal solicitó la intervención de una de las varias líneas que se habrían utilizado para realizar las llamadas (captadas por una antena de telefonía próxima a la cárcel) y detectó que era utilizada por Noriega. Lo propio sucedió con Marcial Arenas y con Monserrat, cuya voz fue captada al participar de las maniobras.
Los tres no sólo llegaron a compartir el mismo pabellón en la cárcel, sino que Noriega y Monserrat ocuparon la misma celda.
Pero antes de que pudiera trazarse una vinculación de Monserrat con los otros dos presos, los investigadores detectaron que en los perfiles de Facebook de Noriega y de Marcial Arenas aparecían en fotos junto a Monserrat, hasta ese momento no identificado.
La instrucción permitió establecer que los tres dialogaban sobre “quemar las líneas”, algo que ponderó la fiscal, al igual que datos relevantes que aparecieron en la casa de Sosa.
Al allanar su domicilio, conservaba un papel con los apodos “Chino” (Noriega) y “Gordo de la Keta” (nombre del perfil de Monserrat en Facebook), y diversos montos de dinero anotados. Las cifras serían las que se habrían repartido luego de las estafas.
