Una mención, una sospecha y varios implicados. Una serie de datos filtrados en una causa por narcotráfico fue el trampolín para la apertura de una “más pesada”, que tiene al jefe de La Fiel, Darío Ramón Cáceres, como uno de los acusados principales por el tráfico de casi 1.300 kilos de marihuana desde Corrientes en Córdoba en el verano de 2022.
Por estas horas, Cáceres, Daniel Medina Ramírez y Claribel Georgina Alexandra Espíndola, son los únicos tres imputados que están siendo juzgados en el Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba, ya que la semana pasada fueron condenados otros 12 implicados, en un juicio abreviado acordado con el fiscal general Carlos Gonella.
Cáceres y Medina Ramírez se abstuvieron de declarar, a diferencia de Espíndola, quien negó los hechos y su vinculación con la causa. Ante los jueces José Fabián Asís (presidente), Julián Falcucci y Noel Costa, la audiencia sigue este martes con la declaración de varios policías.
Nombres, sospechas y conexiones
La línea “caliente” de Carlos Horacio “Gusy” o “Gusano” Páez, integrante de La Fiel (la barra de Talleres), fue el disparador. De las intervenciones telefónicas realizadas a su celular en una causa de drogas (ordenadas por el juez federal N° 2, Alejandro Sánchez Freytes) en octubre de 2021 surgieron comunicaciones con Sergio Omar “Tomate” Busso (otro miembro de la barra) en torno a posibles conexiones con el narcotráfico y al abastecimiento de drogas.
Esto produjo el desglose de la causa original y la apertura de una nueva investigación. “Gusy” habría mantenido diálogos con un empleado de la Municipalidad de Córdoba y con otras personas en torno a negocios de narcotráfico y su posible conexión con el rol de integrantes de La Fiel.
Para el juez, también interviniente en la causa por los casi 1.300 kilos de marihuana, las sospechas no solo se cernían sobre Cáceres, Busso y Páez, sino sobre un cuarto sospechoso: Mauro Alejandro “Tuerto” Peralta.
Juntos, habrían conformado un grupo dedicado a la logística del tráfico y la comercialización de drogas. Como Cáceres (condenado por amenazas contra el presidente de la “T”, Andrés Fassi, y miembros de la Comisión Directiva), Busso acumulaba una condena por el asesinato de Juan Roberto Pinto.
En la nueva causa narco, los sospechosos adquirieron un gran volumen de droga a distintos proveedores para su posterior distribución. “Yo ando con el Darío, con el ‘Tomate’ y el ‘Gusano’”, señaló Peralta en una escucha. “‘Gusano’ chorea conmigo desde el año cero. Yo ando choreando, yo trafico. Ando con el Darío porque yo hago plata”, agregó.
En otra intervención, Peralta –se autodenominó la “mano derecha” de Cáceres– lo describió como el “organizador” y mencionó una reunión en la que “había sicarios, de todo. Parecía una película de Pablo Escobar. No sabés, había sicarios, asesinos a sueldo, estaba el que te servía la ‘alita’ (cocaína) en la nariz…”.
En otras de las conversaciones con Páez, Peralta habló de “negocios” y mencionó su vinculación con el propio Páez, con Busso y con Cáceres: “Yo, con vos, el Omar y el Darío, nadie más. Somos una banda (…). Cuatro cabezas son mejor que 10″.
El jefe de La Fiel habría tenido “contactos” presuntamente vinculados con el mundo de las drogas en el norte del país, lo que generó sospechas sobre posibles “negocios” relacionados con estupefacientes.
Si bien en diciembre Páez aludió a un presunto negocio narco de importancia, fue recién en enero –un mes antes de la incautación de los casi 1.300 kilos de marihuana– cuando surgieron datos sobre la probable llegada de un cargamento y la aparición de nuevos “actores” en la trama, entre ellos, Rita Andrea “Pato” Cabral (con antecedentes de robo).
El fiscal Enrique Senestrari advirtió reuniones entre Busso, Páez, Peralta, Cáceres y Juan Ignacio “Rambo” La Costa. De esta forma, los cuatro primeros habrían trazado un plan para trasladar varios kilos de drogas desde Corrientes hasta Córdoba para su posterior distribución y comercialización.
Cáceres negó la acusación y remarcó que el día del secuestro del cargamento él se encontraba en Brasil, aunque el juez no creyó su intento de desvinculación. A pesar de no haber registros de conversaciones con los otros imputados, consideró que su rol fue “predominante” al ser mencionado por Páez, Busso y Peralta sobre ciertos trabajos, el dinero que le habrían entregado y las reuniones para planificar y concretar el tráfico.
Asimismo, consideró que Peralta (sentenciado por robo y otros delitos), Busso y Páez encabezaron maniobras en la organización, el comercio y el transporte, sumado a ciertos datos inquietantes: Busso y Páez contaban con vínculos policiales para acceder a informes de dominio de vehículos, al tiempo que estaban alertas a posibles investigaciones judiciales/policiales en su contra.
Para hacerse de la droga, “Pato” Cabral actuó como “puente” entre la banda de Cáceres y otra célula delictiva dedicada al narcotráfico: “Rambo” La Costa, Claudio Ezequiel Gómez, Manuel Alejandro Benítez (falsamente se hizo pasar por un tal “Alfredo Renzo Ruíz”, lo que generó una confusión inicial) y Espíndola (los dos de Santa Fe).
Estos últimos habrían mantenido reuniones con Ramón Horacio Núñez, Medina Ramírez, Leandro Vallejos y Maximiliano Romero, todos presuntos proveedores de marihuana de Corrientes, para establecer el precio de la droga, la cantidad y la calidad, y la forma de transporte y posterior entrega.
En conjunto, intervinieron de manera organizada en el comercio de la tonelada de marihuana distribuida en 1.761 envoltorios engrasados con aceite de camión, usualmente utilizado con la finalidad de evadir controles policiales, camuflados con 100 bolsas de aserrín en un camión Iveco que partió desde Corrientes.
Los imputados integrantes de La Fiel compraron la droga a los correntinos por 45 millones de pesos (que habría provenido de Paraguay originalmente) a través de las gestiones de “Pato”, La Costa (acusado en su momento de herir de un disparo en la cabeza a un niño en Córdoba), Gómez (con antecedentes), Benítez (condenado por homicidio y robo, y sospechado de otro crimen) y Espíndola.
La “bajada” de la droga a Córdoba habría sido coordinada por Núñez, Medina Ramírez (sentenciado por otra causa de estupefacientes), Vallejos y Romero. Para “moverla”, contrataron los “servicios” de los correntinos Cristian Ramón Chávez Reyes y Ángel López.
A bordo del Iveco, “bajaron” la droga en Circunvalación, donde se les acoplaron sus “patrones” (en un Toyota) y Gómez, Espínola, La Costa y Benítez (en un Cronos), como “custodios” del cargamento en caravana.
Una vez que arribaron al galpón de pasaje Orellano S/N, de barrio 25 de Mayo, ingresaron el camión y descargaron los 1.761 “ladrillos”. El local (enmascarado bajo la fachada de una metalúrgica) fue alquilado por la banda de “Rambo” para transformarlo en el centro de operaciones de distribución y venta –entre ellos– de la totalidad de la marihuana.
El 18 de febrero de 2022, para retirar parte de la droga del galpón, la agrupación de “Rambo” habría contratado a Ángel Emmanuel Valdez. Partió con 933 “ladrillos” en una Trafic –escoltado por el Cronos– hacia la ruta 9, donde posteriormente fueron detenidos.
El segundo cargamento –448 paquetes– fue “movido” por un hombre –no identificado– a bordo de un Kangoo. Al llegar a la ruta 9 con un rumbo indeterminado, observó a los efectivos, se bajó raudamente del vehículo y huyó.
En simultáneo, Páez y Busso (en un Vento) y Peralta y “Pato” Cabral (en un Civic) no pudieron extraer del galpón los 380 restantes de marihuana, ya que fueron interceptados en la vieja ruta 9 en dirección a Toledo, en cercanías del depósito.
Juicio abreviado y penas
Durante el juicio abreviado acordado entre las defensas y el fiscal Gonella, los imputados admitieron los hechos y el Tribunal condenó a “Tomate” Busso a ocho años de cárcel; a Chávez, Romero y Núñez, a cuatro años de prisión; a López y Vallejos, a cuatro años y ocho meses; y a Valdez, a cinco años.
A su vez, también fueron sentenciados Gómez, La Costa, Cabral y Benítez a seis años. Sin embargo, por una pena anterior, la condena para Cabral quedó fijada en seis y dos meses, mientras que la de Benítez se elevó a 16 años y medio (por una condena previa).
Finalmente, “Gusy” Páez y Peralta recibieron ocho años de prisión cada uno. Se decomisaron siete vehículos, joyas, 1.200 dólares y pesos chilenos y argentinos.
