Ya todo está listo para que el jurado popular y los jueces técnicos de la Cámara 8ª del Crimen de Córdoba se dispongan a deliberar y dicten sentencia en la causa que analiza el crimen de Valentino Blas Correas (17) a manos de dos policías y también las maniobras de encubrimiento posteriores, que habría montado un grupo de efectivos de la fuerza, en agosto de 2020.
Esperan la resolución de este caso los familiares de la víctima fatal y de los sobrevivientes, los cuatro jóvenes que viajaban con la víctima en el vehículo, los dos uniformados acusados de homicidio, los 11 imputados por encubrimiento y delitos conexos, aquellos que sienten que pueden ser investigados a partir de lo que surge de este debate, y toda la comunidad social política y policial de la provincia.
¿Qué “verdad” y qué acciones se desprenderán de esta sentencia?, parece ser la gran pregunta que se espera desde que se pronunció el primer reclamo de justicia.
El juicio comenzó en setiembre de 2022 con la expectativa de terminarlo a mediados de noviembre.
Pero las audiencias se hicieron muy largas, con extensos interrogatorios a algunos testigos y con una postergación que llegó a los umbrales de este año judicial.
Apenas se reanudó la acción, el temperamento de las partes cambió repentinamente y acordaron “apurar” la acción, desistiendo de testigos e iniciando casi de inmediato los alegatos.
Hacia el final de 2022, en las últimas audiencias de ese tramo del debate público, se produjo la parte más “interesante”, no para esta causa en sí, sino para lo que puede suceder después del juicio, con pedidos de investigaciones a exfuncionarios policiales y políticos, en particular el exministro de Seguridad Alfonso Mosquera y a quien era su secretario, Lucas Mezzano.
También se sumó con una requisitoria similar la querella a cargo de Alejandro Pérez Moreno, quien solicitó similar medida con la actual jefa de Policía, comisaria general Liliana Zárate Belletti.
El Ministerio Público Fiscal, encarnado en el juicio por los fiscales Fernando López Villagra y Marcelo Hidalgo, además de pedir investigación a los enjuiciados y a otras personas que pueden haber participado de la “maquinaria tropera”, que señalan habitual en la fuerza de seguridad, han insistido con la idea de “violencia institucional”.
Los fiscales pidieron prisión perpetua para los dos principales acusados: los policías que dispararon contra el auto en el que iba Blas. En paralelo, solicitaron condenas de entre 5 años y 6 años para el resto de los uniformados acusados por plantar un arma y la cadena de encubrimiento.
Ese y otros temas por resolver se espera que estén contenidos en la sentencia que se escuchará seguramente durante la tarde del próximo viernes 31 de marzo.
El hecho y lo que se juzga
Blas Correas fue asesinado en la madrugada del 6 de agosto de 2020 en el interior del Fiat Argo en el que viajaba junto a cuatro amigos adolescentes, como parte de una primera salida desde que había comenzado la cuarentena por el Covid-19.
Blas murió al recibir un disparo de arma reglamentaria policial en la avenida Vélez Sársfield, frente al complejo Pablo Pizzurno, en el centro-sur de la ciudad de Córdoba.
Los autores de los disparos que perforaron el vehículo fueron los cabos primero Javier Catriel Alarcón (32) y Lucas Damián Gómez (36), quienes están acusados como coautores de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego y calificado por haber sido cometido en abuso de su función por un miembro de las fuerzas policiales”, por el asesinato de Blas.
Además, soportan el reproche penal de la tentativa del mismo delito por los disparos hechos a los otros cuatro jóvenes que iban en el mismo vehículo.
En otro escalón de responsabilidades, el subcomisario Sergio Alejandro González (43), la agente Wanda Micaela Esquivel (33), la oficial ayudante Yamila Florencia Martínez (24), el comisario inspector Walter Eduardo Soria (44), el subcomisario Enzo Gustavo Quiroga (35) y el comisario inspector Jorge Ariel Galleguillo (45) responden por supuesto “encubrimiento por favorecimiento personal y real agravado por la calidad funcional y por la gravedad del hecho precedente, y como autores del delito de omisión de deberes de funcionario público respectivamente, en concurso ideal”.
Por otra parte, el cabo Leonardo Alejandro Martínez (28) y el agente Rodrigo Emanuel Toloza (26) se sientan entre los acusados bajo los cargos de “falso testimonio” y “encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y por la gravedad del hecho precedente, en concurso ideal”. La misma acusación soportan, por otro hecho, el oficial ayudante Ezequiel Agustín Vélez (25) y el cabo Leandro Alexis Quevedo (30).
Finalmente, el comisario Juan Antonio Gatica (45) está acusado por “encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional”.
Epílogo
A lo largo de estos años desde la madrugada trágica y de estos meses de juicio, muchas especulaciones se han tejido en torno a lo que puede resultar de este proceso judicial.
Quien más ha sostenido el esfuerzo para mantener vigente la energía del juicio ha sido sin dudas Soledad Laciar, la mamá de Valentino Blas, más allá del esfuerzo de otros familiares y actores relacionados con la víctima fatal y los sobrevivientes.
Ella no se cansa de decir que “esto” es sólo el “comienzo” de la lucha por alcanzar justicia y para que se desmonten los mecanismos que mataron a su hijo y aquellos movimientos siniestros que pretendieron ocultarlo.
En el trayecto, quien ha sido declarada por los lectores de La Voz Personalidad Cordobesa 2022, se ha convertido en emblema de este reclamo que involucra a numerosos actores que ella misma se encarga de sumar.
Lo que pueden tener por seguro quienes están tomando el pulso a este juicio es que ella no dejará de reclamar justicia por este y otros casos. Cualquiera sea el resultado de este debate, el accionar de esta madre continuará.
Por lo visto durante las audiencias de este debate, para los acusadores está claro que todos los acusados tienen responsabilidad y deben pagar con penas de prisión, perpetua para los imputados por el homicidio y efectiva para los 11 restantes. Pero lo manifestado por los defensores en sus alegatos es bien diferente: entienden que debe haber absoluciones o penas menos drásticas.
Con relación a lo que puede suceder con la sentencia que se avecina, la lectura de su contenido servirá para establecer si este juicio por el crimen de Blas marcará “un antes y un después” a los métodos impropios dentro de la Policía. O si no.
