Siete policías comenzaron a ser juzgados este lunes en la Cámara 5ª del Crimen de Córdoba por un violento asalto domiciliario que terminó con un ladrón abatido de un disparo en la nuca. Sucedió en diciembre de 2020 en barrio Urca, de Córdoba.
Uno de los uniformados es juzgado por presunto exceso en su accionar, mientras que los otros seis están en el banquillo acusados de haber “plantado” un arma trucha en la escena del crimen para intentar desviar las cosas.
El viejo revólver apareció en la mano del asaltante muerto.
A su vez, son juzgados dos jóvenes acusados de haber integrado el grupo de ladrones y un guardia de seguridad señalado de haber sido el supuesto entregador.
La causa es compleja y tiene intereses por demás encontrados entre los acusados.
Completando la escena tribunalicia, como querellantes están los padres de Isaías Daniel Luna. El joven ultimado a manos del sargento Ariel Esteban Adavid.
Asalto, disparo y muerte
El hecho ocurrió en la madrugada del 18 de diciembre de 2020 en la vivienda familiar de calle Julio Borda al 1200 de barrio Urca, al noroeste de la ciudad de Córdoba.
Según la acusación a cargo del fiscal instructor Juan Pablo Klinger, el guardia de seguridad de esa cuadra José Manuel Giménez habría proporcionado datos clave a los tres asaltantes: Luna, Cristian Agustín Araya y Martín Alberto Muñoz.
Cuando a las 5 el dueño de casa se disponía a salir a trabajar, los ladrones lo sorprendieron.
El vecino fue reducido a golpes y atado de pies y de manos. Quedó tendido boca abajo en el interior de la vivienda. La escena fue advertida en la planta baja por la esposa y el hijo del hombre, con lo que dieron aviso a la Policía.
La frecuencia radial advirtió a una patrulla de la zona y el sargento Adavid ingresó por el portón abierto y luego a la vivienda y se encontró con el hombre atado.
En ese lugar, la cocina, se produjo el encuentro con Luna, que terminó muerto de un disparo en la cabeza, por detrás.
La instrucción analiza además las tareas de alteración de la escena y maniobras de encubrimiento que habrían llevado a cabo otros policías, incluidos el comisario Fernando José Navarro y el suboficial principal Sebastián Raúl del Valle Colella.
Entre esos movimientos, se señala que el único móvil que tenía cámara de video de 360° fue apostado en un lugar que no podía verse los movimientos de los uniformados en torno a la casa.
Además, uno de los policías fue en otra patrulla a buscar a su casa de barrio San José el revólver que terminó “plantado” en la mano derecha de Luna, con un dedo en el gatillo. Este plan chocó con el detalle de que el ladrón ultimado era zurdo.
A su vez, en la primera audiencia trascendió que los policías demoraron en llamar a una ambulancia.
Se presume que a través de la radio no consiguieron una disponible, por lo que se envió otro patrullero al CPC de Argüello donde no halló ambulancia alguna por lo que luego fue hasta el Paseo Rivera, también sin resultado.
Presentación del caso
En la presentación del caso ante el jurado popular, el fiscal de Cámara, Marcelo Fenoll, dijo que “todavía” está por verse en el debate en qué circunstancias se produjo el disparo de Adavid a Luna y lo resumió en una frase sobre lo que debe dilucidarse: “(Tenemos que) ver qué pasó realmente, porque aún no lo sabemos”.
Como contrapartida, Fenoll cargó contra los otros policías. El acusador sostuvo: “No sabemos en qué contexto actuó Adavid”. Y criticó a sus compañeros porque “hicieron la más fácil, ‘plantar’ un arma”.
El fiscal anunció que buscará probar en el debate otros delitos a los policías, a saber: abuso de autoridad, malversación de caudales públicos (por el uso de los móviles), abandono de persona, omisión de los deberes de funcionario público, supresión de prueba y, en definitiva, falsedad ideológica.
Los defensores se quejaron por esta pretensión y se quejaron que el fiscal no siga los principios de inocencia y de objetividad.
Dos defensores quisieron dejar en claro que “este no es un caso de gatillo fácil”. Quedó resonando una frase de uno de ellos: “No estamos juzgando el crimen de Blas Correas, sino a una persona que entró a una casa a delinquir poniendo en juego a toda una familia”.
Audiencia compleja
En la primera audiencia del juicio, tras la lectura de la acusación, se procedió a identificar a los acusados. A la hora de indagar a uno de los jóvenes que entraron a la casa de barrio Urca, el trámite comenzó con Muñoz, quien accedió a un acuerdo de juicio abreviado.
Se produjo entonces una controversia entre el fiscal Fenoll y algunos defensores porque Muñoz admitió todos los hechos de su acusación pero comenzó a involucrar a los policías, como decir que vio entrar a la casa a Adavid con una bolsa negra, con fines presuntos de plantar un arma.
Esto generó una áspera discusión que también enfrentó a los defensores de los policías con la asesora letrada María Belén Barbano, que asiste a Muñoz y a Araya.
Mientras los penalistas que asisten a los uniformados -Jorge Sánchez del Bianco, Hugo Luna, Simón Palacios y Eduardo Medina Allende- reprochaban que el acusado terminara haciendo las veces de testigo contra los policías, la defensora oficial defendió la intención de hacer declarar a quien estaba reconociendo a pleno la acusación de haber entrado a robar.
También el fiscal Fenoll propuso que se juzgue primero a los acusados del robo y luego a los policías, con los “ladrones” como testigos ya juzgados.
El tribunal -integrado por María Susana Beatriz Gercizich de Scapelatto, Alfredo Villegas y Guillermo Lucero Offredi- tomó una decisión difícil: el trámite abreviado prosigue y este martes Muñoz declarará como testigo, bajo juramento.
De esta manera, parece zanjarse el problema de que el imputado no está obligado a decir la verdad. Ahora, sí debe hacerlo en lo que respecta a los policías, mientras que su acusación la reconoce en pleno.
