Un policía en funciones y otro dado de baja hace dos años, llegaron a juicio en la Cámara del Crimen de Villa María por un grave caso en el que un motociclista que era perseguido por un móvil de la Policía Caminera, sufrió un corte en su abdomen provocado por uno de los uniformados, una vez que ya lo habían inmovilizado en el suelo.
El caso, ocurrido en 2010, comenzó a ser juzgado este viernes 24 en los Tribunales de Villa María.
Entre aquel hecho y este juicio, uno de los imputados recibió en 2019 una condena, junto a otros policías, por un caso en el que vehículos robados en la ciudad de Córdoba eran “enfriados” -como se llama en la jerga al ocultamiento de un rodado recién sustraído-, y llevados hacia la ciudad de Oliva, para finalmente ser vendidos con documentación adulterada. Los clientes: otros policías.
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David Osmar Cánova (35 años) es el ex cabo de la Policía Caminera que ya había sido condenado en diciembre de 2019 por los delitos de asociación ilícita, encubrimiento agravado y adulteración de documentos públicos. Fue dado de baja en 2021 y ahora está nuevamente en el banquillo por el caso de 2010.
El agente Roberto Carlos Gerbaldo (47 años), actualmente en funciones, es el otro imputado en el juicio que se debate en los tribunales villamarienses.
Lo persiguieron y lo atacaron
De acuerdo a las conclusiones a las que pudo llegar la Justicia en la investigación del hecho, la madrugada del 21 de noviembre de 2010, Cánova y Gerbaldo iban a bordo de un móvil de la Policía Caminera, cuando divisaron en la rotonda de las rutas nacional 158 y provincial 2 a un motociclista.
Allí comenzó una persecución por ruta 2 en sentido de Villa Nueva hacia Pampayasta, hasta que, a unos dos kilómetros de iniciada, el motociclista pierde el control de su vehículo y cae a la banquina.
Tras esto, Cánova llega en el móvil policial y, tras bajar, lo habría inmovilizado en ambos brazos, para luego provocarle un corte en la zona abdominal, presumiblemente con un arma blanca, según se describe en la elevación a juicio.
Domingo Córdoba, el motociclista, sufrió una herida cortante de 15 centímetros de largo.
Al confeccionar el acta sobre el procedimiento, Cánova consignó que el motociclista se había cortado el abdomen al caer de la moto.
Frente a todo esto, el otro policía, Roberto Gerbaldo, convalidó como testigo las falsedades que había incorporado Cánova en el acta, y omitió, además, denunciar el hecho, lo cual era su obligación como miembro de la fuerza pública. Este agente continuó en funciones desde ese momento hasta la actualidad.
Cánova es juzgado por lesiones graves y falsedad ideológica, mientras que Gerbaldo está acusado de falsedad ideológica y encubrimiento agravado.
El juicio recién comienza y pasó a cuarto intermedio hasta el miércoles 29 de noviembre.
Los antecedentes de un acusado
Si bien Gerbaldo llegó a este juicio siendo policías y sin condenas previas, distinto es el caso de Cánova.
En diciembre de 2019, la Cámara del Crimen de Villa María lo condenó, junto a otra policía y seis personas más, por los delitos de asociación ilícita, encubrimiento agravado y adulteración de documentos públicos.
A todos se los encontró culpables de formar parte de un entramado de comercialización en las ciudades de Oliva y Oncativo de vehículos robados en la Capital provincial.
Además de los condenados, otros cinco policías, todos de Oliva, fueron imputados en esa misma causa, aunque no llegaron al estrado porque solicitaron la suspensión del juicio a prueba o probation.
A Cánova le aplicaron una condena de cuatro años y seis meses de prisión, mientras que, a su colega, Nancy María Lourdes García, la sentenciaron tres años y ocho meses.
Cuando los autos eran robados en Córdoba, Cánova se encargaba de trasladarlos hacia Oliva. Se especula que su condición de policía le facilitaba atravesar controles. Una vez en destino, solía pasar por la casa de la tarotista Silvia Andrea Bogaert. Estos autos eran luego vendidos a bajo precio y con documentación adulterada.
Lujos sospechosos
El hecho de que varios policías condujeran vehículos que, por su costo de mercado, parecían estar por encima de sus posibilidades adquisitivas, comenzó a levantar sospechas.
Fue una investigación compleja, se mencionó en el juicio de entonces, por las características del caso: la fiscalía de Oliva tuvo que poner bajo sospecha a los uniformados que en muchos casos eran sus auxiliares.
De hecho, Nancy García prestaba servicio en la misma sede judicial donde ejerce la fiscal Mónica Biadrante.
A través de intervenciones telefónicas, se llegó a considerar que la casa de Bogaert oficiaba a modo de “concesionaria”. Con su palabra, iba convenciendo a los policías sobre la conveniencia de comprar estos vehículos de procedencia dolosa y cuya documentación era alterada.
Cánova era una pieza clave en todo ese entramado, y ahora enfrenta un segundo proceso por otro hecho doloso, cometido supuestamente cuando seguía siendo miembro de la Policía Caminera.
