No fue mera casualidad. Tampoco se trató de una cuestión azarosa. Menos aún fue mala suerte.
A Joaquín Paredes, un pibe de 15 años que estudiaba y ahorraba lo que ganaba con el cultivo de papa, lo mató no sólo una bala policial. Lo mató una forma de actuar de la Policía que ya se creía superada o corregida. Una forma de ser, de actuar y de moverse basada en la violencia institucional.
No fue azar lo que sucedió con Joaquín aquel domingo 25 de octubre de 2020 en Paso Viejo, un humilde pueblo de mil habitantes del norte cordobés, donde habitualmente no pasaba nada.
Este muchacho se convirtió en el tercer vecino asesinado por balas policiales en aquel 2020 de pandemia y de cuarentena en la provincia de Córdoba. Y eso que hubo señales.
Caso Joaquín Paredes
La primera víctima fatal ya había sido José “Beco” Ávila (35), un vendedor ambulante que terminó muerto de un tiro en una casa de Villa El Libertador, en el sur de la capital provincial, a manos de policías que se marcharon sin decir nada a nadie. Ni siquiera llamaron una ambulancia. Sucedió en julio de ese trágico año.
Los dos suboficiales ya fueron condenados.
La segunda víctima fue Blas Correas (17), quien murió tras recibir un balazo en la espalda en un retén policial frente al Pablo Pizzurno, también en la zona sur de la Capital.
A Blas le pegaron un tiro, lo dejaron morir en el auto y le plantaron un arma, entre otras mentiras y violencias. Sus amigos se salvaron. Ocurrió en agosto.
Once policías terminarían condenados.
Dos meses y medio después de Blas, fue lo de Joaquín.
Su crimen se produjo en medio de una desproporcionada, temeraria e injustificada reacción policial contra jóvenes que estaban en una plaza.
El asesinato de Joaquín provocó un terremoto policial que incluso sacudió al Panal. No por nada, Juan Schiaretti se vio obligado a echar al entonces jefe de Policía y a buena parte de su estado mayor. El ministro Alfonso Mosquera sería desplazado ya en 2023, tras el juicio por Blas.
Sin que sea justificativo o atenuante –más bien todo lo contrario– en aquel 2020 la Policía cordobesa estaba sobrepasada y venía actuando de manera cuasi desaforada en dos frentes: tratar de empatarle al delito y atrapar a quienes no cumplían con la cuarentena.
Esta última tarea se había vuelto prácticamente una “caza” en muchas barriadas. Sobre todo, las más populares.
En ese marco, se cometieron atropellos de toda clase por parte de uniformados que actuaban amparados por jefes que lo fomentaban o bien miraban hacia otro lado.
2020 fue, lejos, el peor año de la Policía cordobesa en los últimos tiempos. Y eso que en 40 años de democracia sobran los ejemplos de crímenes, delitos y toda clase de aberraciones cometidas por delincuentes de uniforme.
Tras condenar a los policías por el gatillo fácil de Blas, la Cámara 8ª del Crimen hizo tres cosas: primero, mandó a investigar a funcionarios; segundo, le dijo al Gobierno provincial (otra vez, porque ya lo había hecho años atrás) que mejore la capacitación de sus policías, y en tercer lugar, calificó el crimen como violencia institucional.
Todo un mensaje político desde lo judicial. Nadie salió a refutar a los jueces.
“El gran responsable de la violencia institucional es el Estado”, recordó días atrás Soledad Laciar, mamá de Blas.
Ahora, las miradas están puestas en el juicio por Joaquín y lo que fue ese asesinato en medio de un violento operativo en una plaza de pueblo.
Martín Llaryora, flamante gobernador electo, tiene varios asuntos en carpeta para diciembre.
Uno es buscar empatarle a la delincuencia. Otro, ver cómo sigue el uso de armas no letales. Un tercero, no menos central, controlar de cerca a la Policía cordobesa.
