La demora en recibir justicia ya se ha consolidado, con nueve años de tramitación de una causa por supuestas estafas reiteradas en perjuicio de familias humildes que tramitaron un beneficio para reconstruir sus viviendas destruidas por las inundaciones del 15 de febrero de 2015, en Sierras Chicas. Varias de las víctimas ya fallecieron esperando una respuesta.
Este viernes, en Tribunales 2 de Córdoba, comenzará a ser juzgado el ingeniero civil Omar Alejandro Guzmán Vega (52), quien fue denunciado hace nueve años por el pedido supuestamente indebido de dinero a los dueños de viviendas dañadas. El profesional estaba asignado para relevar a esas víctimas de daños en sus moradas, con el objeto de que el Gobierno provincial les extendiera un beneficio económico para la reconstrucción de sus casas.
En la causa las víctimas han sido acompañadas por el dirigente político de la zona Nicolás Martínez Dalke, quien formuló las denuncias apenas se produjeron los hechos y siguió durante estos nueve años insistiendo ante la Justicia provincial para que Guzmán Vega responda en un juicio. Desde 2015, el excandidato a intendente de Mendiolaza señaló al ingeniero por pedirles un 10 por ciento del beneficio a las víctimas.
La fiscal de Instrucción de Distrito 4, Turno 6 de la ciudad de Córdoba Jorgelina Gutiez elevó la causa a juicio en diciembre de 2021 por estafas reiteradas, siete hechos, en concurso real.
Gutiez sostiene que Guzmán Vega habría prometido realizar trámites a los vecinos que habían perdido sus viviendas en la catástrofe natural. La gestión era, presuntamente, para conseguirles un subsidio del Gobierno provincial.
Martínez Dalke era concejal y denunció penalmente al ingeniero civil que había actuado en la zona relevando viviendas dañadas o destruidas por las inundaciones.
Tras la elevación a juicio se sumaron otros tres denunciantes en la causa.
En su momento, Martínez Dalke declaró a La Voz que Guzmán Vega se valió “del estado de vulnerabilidad, necesidad y/o desesperación de los vecinos” para solicitarles un 10 por ciento de los beneficios que recibían los frentistas. Aquella presentación involucraba a cinco damnificados de barrio Los Cigarrales de Mendiolaza, que declararon haber tramitado el subsidio con Guzmán Vega y decían que le pagaron al ingeniero civil un porcentaje con la utilización de un ardid. Esos porcentajes, en aquella época significaban entre entre cinco mil y 20 mil pesos por cada uno.
Martínez Dalke aportaba como testigos a ocho vecinos y todos referían la misma mecánica: fueron relevados por el mismo ingeniero, les cobró el 10 por ciento del beneficio otorgado y les prometió que con su gestión iban a obtener ese monto.
Según se supo en aquella oportunidad, ninguno de los otros damnificados por la inundación (relevados por otros profesionales) aseguraron haber pagado ningún concepto extra a los demás arquitectos o ingenieros que participaban del relevamiento.
En aquel momento, requerido por este diario, el denunciado se presentó en la Redacción y negó todos los términos de la denuncia. Aseguró que cobró montos exiguos que nunca excedieron los cuatro mil pesos y que lo hizo en concepto de “supervisión y seguimiento de obra” con un contrato firmado por las partes.
Sin embargo, con el correr de la instrucción la fiscal Gutiez entendió que debe responder por estafas reiteradas en un debate oral y público.
La demora entre la elevación a juicio y la realización del debate, para este viernes a las 9.30 en la Cámara 2ª del Crimen de Córdoba, obedece a que la defensa de Guzmán Vega resistió la apertura de las audiencias.
Primero, presentó ante el tribunal oral un pedido de suspensión de juicio a prueba (probation) que los vocales rechazaron por unanimidad. Luego, patrocinado por los abogados Rubén Tirso Pereyra y Darío Gabriel Lenarduzzi, casaron la sentencia y se presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia.
La sala Penal del Alto Cuerpo rechazó la pretensión -con la firma de los vocales Sebastián Cruz López Peña y María Marta Cáceres de Bollati, más la adhesión de Aída Tarditti- y ordenó la realización del debate.
Guzmán Vega pretendía realizar tareas comunitarias y abonar un resarcimiento de 20 mil pesos, lo cual fue rechazado.
Debate enrarecido
En la semana previa a este juicio, algunas víctimas de las estafas, que asistirán al debate, se quejaron porque recibieron “llamados” recomendándoles que arreglaran un ofrecimiento del acusado por ser lo más conveniente.
A la par que apuntaron a una supuesta autoridad judicial que aseguraba representarlos, también aseguraron que minutos después recibían otro llamado desde la defensa de Guzmán Vega. En ambos casos, les señalaban que era conveniente que aceptaran un monto de dinero irrisorio en lugar de quedarse con “las manos vacías”.
Acompañando a algunos de esos vecinos-damnificados, Martínez Dalke sostuvo que antes del debate aspiran a que “Guzmán Vega sea condenado a una pena de prisión efectiva” con un “resarcimiento satisfactorio” acorde al dinero que perdieron.
En este debate a cargo de la vocal de cámara Mónica Traballini, estará presente el fiscal de Cámara Gustavo Dalma, quien tiene la misión de acusar a Guzmán Vega.
Las víctimas y familiares de aquellos que fallecieron señalaron que esperan que la acusación no sea blanda y que la espera de nueve años tenga una respuesta que los satisfaga.
Los tres damnificados que se constituyeron como querellantes -Claudia Mariela Gómez, José Luis Freitas, Luis Javier Ordóñez- están representados por la asesora letrada Ana Pagliano.
