Desde la cabeza del Ministerio Público Fiscal se está instruyendo a los fiscales Javier Di Santo (Río Cuarto) y Ernesto de Aragón (Córdoba) para que verifiquen con exactitud las imputaciones por los intentos de saqueo porque la mayoría de los hechos han sido cometidos con armas o con presencia de menores, los cuales constituyen agravantes.
A partir de esos agravantes, el fiscal General Juan Manuel Delgado solicitó a los instructores que sean rigurosos en dos aspectos: la tipificación de la figura penal y la aplicación de medidas de coerción -en particular la privación de la libertad- de los responsables de estos saqueos. Les pidió, enfáticamente, que actúen con “celeridad y firmeza”.
Lo fundamental de este propósito, explicaron fuentes judiciales, es resguardar el interés público a partir de su trascendencia social. En la Justicia explican que no es lo mismo un hecho único en un territorio aislado que determinadas manifestaciones urbanas que pueden replicarse y reproducirse.
Además, añaden, esto genera la necesidad de una respuesta general de las fuerzas de seguridad, que entre otras medidas deben asegurar un patrullaje en toda la provincia para evitar otros episodios similares, con el costo que esto genera al Estado.
Esto acarrea una respuesta judicial ante una necesidad latente, por lo que desde el Ministerio Público entienden que debe imponerse la severidad ante hechos concretos “que atentan contra la paz, la Justicia y la tranquilidad social y van más allá del hecho mismo que se puede cometer de manera aislada”.
En esta línea, la Fiscalía General publicó un comunicado en el que informa “que está trabajando desde el viernes pasado, de manera conjunta y coordinada, con los ministerios de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos y, Desarrollo Social de la Provincia, como así también con las fuerzas de seguridad provinciales, en la toma de decisiones para la persecución de las personas involucradas en los hechos de público conocimiento, sucedidos en las ciudades de Río Cuarto y de Córdoba Capital”.
“Esta Fiscalía General, en la labor conjunta que realiza con los fiscales que se encuentran investigando estos acontecimientos, les ha instado para que procedan con celeridad, y les ha expresado su completo apoyo para que actúen con la mayor firmeza y severidad posible, tanto en la imputación de los delitos y sus agravantes, como en las medidas de coerción que impongan”, remarcó el escrito que circuló a través de la oficina de prensa del MPF.
Criterios de imputación
Circuló en horas del mediodía de este martes que desde el MPF de Córdoba podría sugerir una instrucción a los fiscales para que apliquen a los detenidos por los saqueos en diferentes lugares de la provincia la imputación de figuras penales relacionadas con la instigación a cometer delitos.
Desde la Fiscalía General respondieron a la consulta de este diario por la tarde, indicando que aún no se habían dado instrucciones en tal sentido. En cambio, señalaron que se había descartado -a través de jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia- que no era conveniente focalizar estos hechos como robos agravados por se cometidos en banda o en despoblado por no configurar sus características el tipo descripto en el Código Penal.
Este martes la oficina de prensa del TSJ difundió una resolución de un juez de control para robos “piraña”, que pareció un mensaje en el actual contexto.
El juez de Control y Faltas Nº 10 de la ciudad de Córdoba, Juan Manuel Fernández López, ordenó la prisión preventiva de tres jóvenes mayores de edad imputados por participar, junto a unos 30 adolescentes de ambos sexos, de los denominados “robos piraña” en el Parque Sarmiento y Nueva Córdoba.
La conducta fue encuadrada en la figura de “robo calificado en poblado y en banda, en concurso ideal con robo simple agravado por la participación de menores de edad”.
Una organización que no es local
También preocupa al Ministerio Público Fiscal que estos hechos respondan a una organización, más aún luego de que la última detenida identificada es oriunda de La Pampa.
Una alta fuente de la conducción del MPF señaló: “No es un tema local, se ha replicado en cuatro provincias y no es un tema espontáneo porque no buscan el saqueo de alimentos, sino que lo han hecho con alcohol, cigarrillos, carne, gaseosas”.
Luego, el vocero agregó: “No son saqueos de gente necesitada o desesperada por alimentarse”.
Por todo esto, entienden que la respuesta desde la Justicia debe ser lo más estricta posible “conforme las normas lo permitan”.
