El Tribunal Oral Federal 3 de Córdoba se trasladó este miércoles al valle de Traslasierra en el marco del juicio que se sigue a dos de seis acusados por el secuestro extorsivo seguido de muerte de Santiago Aguilera Allende (18) sucedido en Villa Dolores en 2022.
El objetivo fue realizar una inspección ocular en distintos puntos del proceso delictivo.
El joven fue secuestrado la noche del martes 16 de agosto de ese año, y apareció sin vida el domingo 21.
El jueves 18 había sido detenido Walter Gil (25), empleado del corralón de la familia Aguilera Allende. Se trata del principal imputado en la causa, quien recién hace unos días reconoció en el juicio que, supuestamente bajo presión, captó y “entregó” al joven a quienes finamente lo habrían torturado y asesinado. Gil afirmó que no sabía de quienes se trataba.
El otro juzgado es Julio Ramírez (32), a quien se acusa de haber manipulado los dispositivos comunicacionales de la víctima el día en que murió asesinado a golpes, indicado como el sábado 20 de agosto.
Si son condenados por ese delito, pueden recibir la pena de prisión perpetua.
El tribunal en pleno, las defensas y la querella recorrieron la localidad de Las Tapias y la ciudad de Villa Dolores, algunos puntos claves en la secuencia de hechos que terminó en su tortura y posterior muerte del chico.
No todos los espacios han sido identificados por una investigación que ha sido duramente criticada. El lugar donde estuvo cautivo Santiago, por ejemplo, sigue siendo un misterio.
Conocer el espanto
El camino vecinal corre paralelo al arroyo Las Tapias.
El cauce seco está seis metros por debajo de la huella, formando casi un precipicio.
En un recodo, desconocidos tiran basura al vacío.
Se trata de llegar en un vehículo y arrojar al barranco los residuos.
Carlos Aguilera, se acercó al lugar y vio el basural donde habían arrojado el cuerpo desfigurado de su hijo.
El comerciante de 57 años, quien se había mostrado entero durante la mañana, se quebró irremediablemente y salió de la escena envuelto en llanto. Su abogado lo contuvo.
El momento estremeció a los presentes y fue el más duro de la jornada del pasado miércoles.
El lugar está entre Villa Dolores y el lago Boca del Río, a unos siete kilómetros de la vivienda de la víctima.
Los jueces Cristina Giordano (presidenta), Facundo Zapiola y José Quiroga Uriburu, más el fiscal Carlos Gonella, habían comenzado temprano su inspección en el paraje de Chuchiras, entre Las Tapias y San Javier. Es el sector donde por última vez se vio a Santiago con vida.
A las 23 de aquel día, el chico le dijo a sus padres que se iría a visita a un amigo del barrio, a cuya casa nunca llegó. Se cree que en el lugar se habría reunido con Gil, su “amigo”.
En la plaza vecinal se observaron diversos espacios relacionados con testimonios sobre el posible desplazamiento de la víctima y su entregador.
En general, la inspección judicial siguió los supuestos pasos de Gil en las primeras horas posteriores a la desaparición de Santiago. Las acciones de Ramírez casi no se mencionaron.
Caminos marginales
Después el grupo se trasladó, siempre por caminos secundarios o vecinales, hasta el arroyo seco donde un lugareño, por casualidad, encontró el cuerpo de la víctima. Todo el periplo siguió los posibles pasos del acusado Gil.
Incluso, después el recorrido unió el barrio de Gil en Villa Dolores con el punto de partida siguiendo diversos puntos: aquellos donde el Peugeot 405 que manejaba fue registrado por cámaras de seguridad domiciliarias, el lugar donde cargó combustible y el punto donde, dos años después del suceso, fue encontrado el DNI de Santiago.
“Está claro que Gil eligió para circular los caminos marginales donde podía no ser visto, pero aun así fue descubierto y está cercado por las pruebas, la jornada ha sido positiva porque los jueces tienen hoy un panorama más claro de los hechos”, dijo Alejandro Dragotto, abogado querellante.
Valoración de la inspección ocular
“Creo que recorrer los lugares por donde llevaron a mi hijo, ha sido una buena decisión del tribunal, para mi fue demoledor volver al basural donde lo tiraron, pero la familia y la sociedad de Traslasierra necesitábamos ver este interés de la Justicia, a nosotros nos da mucha fe”, dijo el padre de la víctima. Y agregó: “Nos hace bien ver una justicia muy humana, muy seria y respetuosa de su tarea”.
Aguilera y su familia, en febrero, demandaron penalmente al instructor de la causa, el fiscal Enrique Senestrari, tras afirmar que había actuado con “desidia” y “desdén” ante los hechos.
Desde la fiscalía, a cargo de Carlos Gonella, se consideró positiva la inspección ocular porque permitió conocer in situ los distintos lugares vinculados a esta dolorosa causa.
Mercedes Crespi y Rodrigo Altamira, defensores oficiales de Gil, no dieron declaraciones, pero consideraron fructífera la jornada.
El defensor de Ramírez, Jorge Perano, tampoco respondió preguntas.
Los otro cuatro imputados, que serán juzgados más adelante, fueron detenidos en diciembre pasado.
Se trata de Lucas Rejas (cuyos familiares manifestaron el miércoles a un costado del camino), Marcos Maldonado (preso en Cruz del eje por robos anteriores), Pedro González y Alejandro Altamirano. Estos dos últimos son vecinos del Barrio Aeronáutico de Villa Dolores, cercano al punto donde se encontró el cuerpo de la víctima.
El juicio comenzó el pasado 14 de abril.
El 9 de mayo serían los alegatos de la querella y del ministerio fiscal, y el 21 los de las defensas. Para el 3 de junio se espera el veredicto.
