La Oficina de Sumarios Administrativos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) inició una investigación preliminar para detectar si existen elementos para iniciar un sumario contra los distintos funcionarios judiciales que presuntamente recibieron e ignoraron denuncias y alertas de incumplimientos sistemáticos de las condiciones de la prisión domiciliaria de Horacio Grasso, el detenido que vivía en un departamento con un cadáver en el placar.
El área que está a cargo de Tristán Quiles no imputó, ni inició aún un sumario: lo que puso en marcha es un mecanismo de averiguaciones preliminares para ver si hay elementos para dar ese paso.
La causa que parece de mayor peso bajo observación es la que se deriva de la denuncia por abuso sexual que se hizo en octubre de 2022 en la Fiscalía de Instrucción de Delitos contra la Integridad Sexual del 2° turno, a cargo de Ingrid Vago. Frente a la falta de avances en esa primera denuncia y luego de haber intentado quitarse la vida por el trauma, la víctima reiteró la acusación contra Grasso en diciembre de 2023. En ese momento, Grasso estaba en prisión domiciliaria, en el mismo departamento de calle Buenos Aires donde se halló el cuerpo de una mujer, de unos 30 años, escondido en un armario.
La investigación preliminar buscará establecer si la Fiscalía informó o no al Juzgado de Ejecución Penal a cargo del juez Facundo Moyano Centeno de esa acusación. Moyano Centeno no fue quien otorgó el beneficio de la domiciliaria, con monitoreo electrónico, a Grasso, sino su par Gustavo Echenique, de Río Cuarto, pero era quien tenía a su cargo el seguimiento del detenido, porque el domicilio donde se fijó la residencia para cumplir el encierro era de su jurisdicción.
Esto es lo primero: si hubo aviso y fue ignorado por el juez; si no hubo aviso de Vago.
Hay otras conductas de funcionarios judiciales que estarán bajo análisis. El juez Echenique otorgó una domiciliaria en 2019, que tuvo que ser revocada en 2020 por un escandaloso incumplimiento y una denuncia de violencia de género contra Grasso; y luego volvió a conceder la prisión en su domicilio a Grasso en 2021, a pesar de que los informes del Servicio Penitenciario calificaron su conducta como “pésima” y desaconsejaban su ingreso en el programa de vigilancia con tobilleras.
De todos modos, el área de Quiles tiene algunas restricciones jurisdiccionales para investigar a los jueces, algo que si hay elementos para avanzar en sumarios buscarán sortear.
Montoya Centeno, a su vez, recibió alertas del Patronato del Liberado y del área de monitoreo electrónico del Servicio Penitenciario de Córdoba de incumplimientos repetidos de las condiciones de la domiciliaria de Grasso. Uno de los últimos tutores que tuvo en esa condición dijo que informó de 190 violaciones de la domiciliaria. Hubo, además, al menos 10 visitas sorpresivas de técnicos del Patronato que no encontraron a Grasso en casa y lo advirtieron, con informes al Juzgado. Y el SPC explicó al juez que no sólo detectaron salidas no permitidas de Grasso con alertas de las tobilleras, sino varias situaciones en las que buscó apagar el sistema, que continuó funcionando porque tiene baterías de larga duración que siguen emitiendo las señales al centro de monitoreo.
Las constancias de estos incumplimientos “seriales” de la domiciliaria constan en dos resoluciones del propio juez, a la hora de justificar su rechazo al pedido de libertad condicional que hizo Grasso en junio y la revocación de la prisión domiciliaria. Se citan todos los antecedentes, incluso las opiniones en contra del otorgamiento de ese beneficio de las áreas técnicas del SPC.
Iniciar una investigación preliminar no significa que vaya a terminar en un pedido de jury, que es el procedimiento previsto por la ley para destituir a funcionarios judiciales. Incluso, de existir razones para abrir un sumario, esto puede no derivar en un pedido de jury.
Esos procesos pueden ser iniciados con o sin un sumario administrativo previo, lo puede pedir cualquier ciudadano y si se encuentran elementos para sostener la acusación, es el fiscal General quien debe argumentar y fundamentar los cargos en el juicio de destitución, que conforma su tribunal con legisladores e integrantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Aunque desde el MPF se contestó a La Voz que ellos no inician “de oficio” una investigación contra funcionarios judiciales, algunos operadores judiciales recordaron que en varias ocasiones eso sí se hizo. Un ejemplo es la investigación que derivó en la acusación contra el exfiscal Gustavo Nievas, destituido y luego condenado en 2008 por pedirle una coima a un comerciante para liberar a un detenido, quien volvió a tener notoriedad en los últimos años por ser uno de los defensores de la enfermera Brenda Agüero, condenada a prisión perpetua en el juicio del Neonatal.
Grasso fue condenado a 27 años de prisión por la muerte en 2007 en una balacera entre dos bandas rivales de Facundo Novillo, un niño que tenía 8 años, en barrio Colonia Lola, en la ciudad de Córdoba.
Es un expolicía, exonerado de la institución por un presunto robo, que antes de ese hecho había cometido, y había sido procesado por delitos contra la propiedad.
