En un hecho sin precedentes, la Justicia federal de Córdoba dictó una condena contra ocho integrantes de una red vinculada a la empresa IM Mastery Academy y ordenó además el decomiso y rescate de activos en criptomonedas, considerados como ganancias ilícitas.
En total, de la plataforma Binance consiguieron rescatar 74 millones de pesos que tenían en su poder los victimarios y que lograron transferirse a una cuenta especialmente abierta para la Justicia.
Se trata de una decisión inédita que marca un antes y un después en la lucha contra las estafas digitales y los esquemas piramidales vinculados a criptoactivos.
La trazabilidad de los activos digitales es casi imposible de combatir por lo que haber conseguido el rescate de estas monedas virtuales convierte a la decisión judicial en única en nuestro medio.
El fallo emitido por el Tribunal Oral Federal (TOF) 3 de Córdoba fue celebrado con atención por fiscales, expertos en delito económico y organizaciones víctimas de manipulación financiera.
No sólo por las condenas penales, sino también por la dimensión tecnológica del decomiso: los activos en criptomonedas hallados en cuentas de la plataforma usada por los acusados serán destinados a reparar a las víctimas, que habían invertido ilusionadas con la promesa de “ganancias en dólares”.
Según la investigación del fiscal Maximiliano Hairabedian, las criptomonedas no eran simplemente parte de un portafolio de los estafadores, sino el núcleo financiero de un sistema que, bajo apariencia de academia educativa, funcionaba como una “criptosecta” con niveles jerárquicos.
Los acusados reconocieron su responsabilidad ante el tribunal y, además de aceptar una condena, se comprometieron a cesar sus actividades ilícitas.
El veredicto incluye penas de hasta tres años de prisión para los líderes del esquema, el decomiso de bienes tecnológicos (celulares, notebooks) y, sobre todo, la conversión o bloqueo de los criptomonedas en sus cuentas, una medida que representa una victoria histórica contra el abuso de activos digitales en operaciones criminales.
Esta suerte de “rescate cripto” sirve para resarcir económicamente a las 29 víctimas y pone en primer plano la necesidad de marco legal y técnico para regular el mundo de las criptomonedas en Argentina.
La causa
La investigación tuvo su origen en una denuncia formal contra IM Mastery Academy, una empresa que operaba internacionalmente y que en Córdoba fue acusada de captar a jóvenes con promesas de altos ingresos en dólares a cambio de suscripciones mensuales. El fiscal Hairabedian condujo el proceso que culminó en un acuerdo entre los acusados y la fiscalía: confesión, reparación y cierre de la operación delictiva.
El tribunal a cargo de la vocal María Noel Costa condenó a seis de los acusados a 3 años de prisión por asociación ilícita y estafas reiteradas: entre ellos Renato Lucciano Rivarola Oblitas (boliviano), los hermanos Brian Tomás Manrique y Lautaro Julián Manrique, Andrea Bautista Bedoya, Gustavo Zamora y Haidar Tawil Abou. Otras dos personas, María Victoria Gómez y Pamela Angélica González, recibieron un año de prisión por su participación en las estafas.
Además, el tribunal ordenó que los condenados se abstengan de realizar actividades vinculadas con el esquema dentro del país y decretó la restitución del dinero invertido por las víctimas: se deberá reembolsar el monto de sus suscripciones, los gastos de traslado y alojamiento, y además pagar un salario mínimo vital por el tiempo que las personas estuvieron involucradas en el sistema.
Quizá la parte más llamativa del fallo es el decomiso de criptoactivos alojados en la plataforma Binance, que usaban los acusados. El tribunal consideró que esos fondos eran ganancias derivadas del delito y dispuso su bloqueo para destinarlos a la reparación.
El mecanismo de estafa
Según la fiscalía y los testimonios recopilados durante el debate, la red operaba bajo una mecánica piramidal muy sofisticada.
A través de redes sociales, captaban a jóvenes entre 17 y 31 años, muchos con dificultades económicas, con la promesa de que “ganarían en dólares” si pagaban una suscripción (se reportó un monto de unos 185 dólares) y, más importante aún, se les pedía que reclutaran a otros para pagar la suscripción.
Una vez dentro, las víctimas no solo debían pagar, sino que recibían la presión constante de reclutar nuevos miembros para mantener sus ingresos o subir de nivel dentro de la estructura.
La jueza definió que la organización se vendía con “un barniz de legalidad”: se presentaban como academia de capacitación, con clases, contenido educativo, zooms, entrenamientos motivacionales y promesas de libertad financiera, pero operaban esencialmente como un esquema piramidal.
Los acusados, por su parte, alcanzaban rangos como “chairman” o “platino”, títulos que les daban autoridad para liderar la captación, administrar departamentos (propiedad de la organización) y controlar objetivos para otros miembros.
Desde esos departamentos, algunos testimonios relatan que se ejercía un control casi sectario: los involucrados debían cumplir con metas, reclutar, asistir a reuniones y trabajar casi como si fuera un empleo las 24 horas. La fiscalía habló de una “cultura del departamento” en la que cada integrante tenía roles específicos: captador, controlador, manipulador emocional.
De hecho, el liderazgo de la red fue atribuido a Rivarola Oblitas, descrito por testigos como figura central y mentor de otros reclutas. Como suele escucharse en estos casos, en algunas reuniones el acusado se vendía como alguien con éxito económico, autos de lujo y viajes, presentándose como ejemplo a seguir.
La estructura operativa incluía transmisiones en vivo, reuniones virtuales y presenciales y constante promoción de la imagen de éxito: todo diseñado para persuadir a los miembros de que, con esfuerzo y reclutamiento, podrían “vivir en libertad financiera”.
El fallo no es sólo una condena tradicional: pone en evidencia cómo el mundo digital y las criptomonedas pueden servir como plataforma para delitos económicos complejos. El decomiso de criptoactivos reafirma que los crímenes financieros del siglo 21 requieren respuestas judiciales igualmente sofisticadas.
En ámbitos judiciales entienden que conviene reflexionar cómo la promesa de riqueza fácil en redes sociales y plataformas digitales puede manipular emocionalmente a personas vulnerables. En un mundo cada vez más cripto, la prevención, la educación financiera y la regulación son cada vez más necesarias para evitar caer en fraudes difíciles de revertir.
