La Unidad Fiscal Jujuy imputó por trata de personas con fines de explotación sexual agravada y tenencia de material de abuso sexual infantil a un especialista en redes sociales de 19 años acusado de haber filmado en un baño y con una cámara espía a tres estudiantes -dos de ellas menores de edad-, a las que trajo engañadas de Santa Fe y alojó en un departamento para un evento estudiantil.
En el marco de la audiencia de formalización realizada el pasado 28 de octubre, el juez federal de Garantías N°1 de Jujuy, Eduardo Hansen, hizo lugar a la imputación contra G.F.F. (19) y, a pedido de la fiscalía, también dictó su prisión preventiva.
La investigación está a cargo del titular del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Jujuy, el fiscal federal Federico Zurueta, y la auxiliar fiscal Romina Verdur, informó el Ministerio Público (MPF).
El caso
Según lo expuesto en la audiencia por los representantes del Ministerio Público Fiscal, el imputado fue detenido el 23 de septiembre pasado a raíz de una denuncia formulada por tres jóvenes que el acusado había traído desde la provincia de Santa Fe -de donde él también es oriundo-, a fin de participar de la Fiesta Nacional del Estudiante, que se celebró en la “Ciudad Cultural”, en San Salvador de Jujuy.
Explicaron que, tanto el acusado como las víctimas -de entre 17 y 21 años-, arribaron en un micro de larga distancia de una localidad del interior de esa provincia y se alojaron en un departamento alquilado por el acusado en el barrio Alto Padilla.
Explicaron que las víctimas vinieron engañadas a Jujuy por un supuesto programa de becas educativas promovido por un organismo llamado “Centro Estudiantil Interprovincial Joven Norte”, el cual es inexistente, como así también las becas que ofrecían.
La fiscalía explicó que, en realidad, todo era una pantalla creada por el propio imputado, quien tiene un amplio conocimiento informático como “community manager” ya que trabaja como encargado de las redes sociales del centro de estudiantes de un colegio secundario y, además, es empleado municipal, en una localidad santafesina.
Con sus conocimientos y el uso de la aplicación de Inteligencia Artificial ChatGPT, el imputado creó en la web toda la estructura necesaria para darle credibilidad al organismo mencionado, como así también al programa de becas educativas que, en realidad, era el anzuelo para captar a sus víctimas.
Todo se descubrió cuando una de las adolescentes advirtió que un reloj colocado en un esquinero en el sector de la ducha, no funcionaba. Al manipularlo para ponerlo en hora, se percató que, en realidad, ocultaba una cámara espía.
Para darle credibilidad a su ardid, colocó como domicilio la dirección de la Casa de Gobierno de Jujuy, creó un flyer, otros links de respaldo y los documentos del supuesto programa de becas, el que ofreció a una compañera de trabajo -la víctima de 21 años-, y a adolescentes del centro estudiantil, dos de las cuales -de 17 años- aceptaron.
La simulación fue tan creíble que ni las víctimas, ni sus padres advirtieron algún elemento que los hiciera sospechar, por lo que llenaron los papeles y firmaron luego los permisos de viajes y estadía necesarios para un evento en Jujuy, el que supuestamente era parte del programa de becas.
Cámara espía en el baño
Según relataron Zurueta y Verdur en la audiencia, tras llegar al departamento, las jóvenes se instalaron y durante el 22 y 23 de septiembre realizaron varias actividades. Pero todo se descubrió cuando una de las adolescentes advirtió que un reloj colocado en un esquinero en el sector de la ducha, no funcionaba.
Al manipularlo para ponerlo en hora, se percató que, en realidad, ocultaba una cámara espía, lo que fue constatado por las jóvenes al verificar en la web la marca y características del dispositivo. Dado que el dispositivo también tenía registro de audio, las jóvenes alarmadas lo dejaron en el balcón y alertaron al imputado.
Luego de hacer un llamado desde el balcón, lo que resultó sospechoso para las víctimas, el acusado les dijo que se había comunicado con los responsables del organismo, los que habían instruido que debía salir del departamento y dirigirse a la “Ciudad Cultural”.
Al llegar, las jóvenes le contaron lo sucedido a policías que poseen un puesto en ese lugar. Cuando los efectivos comenzaron a intervenir, el imputado se mostró nervioso y, en un momento, dijo que la cámara había quedado en el departamento, por lo que la mayor de las mujeres se dirigió a buscarla junto a un grupo de policías.
Como no la hallaron, las dos víctimas adolescentes y el imputado abordaron otro móvil para dirigirse al departamento, momento en el que una de las jóvenes vio cuando G.F.F. sacó la cámara de su mochila y la arrojó por la ventanilla del patrullero.
Los representantes del MPF revelaron en la audiencia que, de un peritaje preliminar, se pudo establecer que se habían extraído 15 videos y 68 fotos de la filmación de las tres víctimas, correspondiente a un día y medio de estadía en el departamento.
Ante ello, alertó a los policías, quienes recuperaron el dispositivo y, en la mochila del acusado, hallaron la tapa de la cámara. Una vez detenido, las tres jóvenes fueron puestas a resguardo y se procedió al secuestro de los todos los elementos electrónicos que poseía el implicado: celulares, pendrives, discos externos de memoria, una computadora y una tablet.
Videos y fotos
Los representantes del MPF revelaron en la audiencia que, de un peritaje preliminar, se pudo establecer que se habían extraído 15 videos y 68 fotos de la filmación de las tres víctimas, correspondiente a un día y medio de estadía en el departamento.
También se halló material fílmico similar de otras víctimas que habrían caído en el mismo engaño. Pero, además, se encontró gran cantidad de material de abuso sexual infantil.
Esto obligó a la fiscalía no solo a agravar la imputación, sino a pedir peritajes complementarios, a fin de establecer si se trata de la tenencia de ese tipo de contenidos, o bien, si es material pornográfico infantil fue producido por el propio imputado.
El pedido del MPF y la resolución del juez
En función de ello, la fiscalía solicitó la prisión preventiva del imputado, un plazo de investigación de 90 días, autorización de las pericias a todo el material secuestrado, tanto para determinar la extensión de la responsabilidad penal del imputado, como así también verificar la participación de otros implicados.
Resaltó la gravedad del hecho, la naturaleza del mismo, la escala penal de los delitos imputados -que no admiten una pena de ejecución condicional-, la existencia latente de riesgos procesales, como la posibilidad que tendría el acusado de entorpecer los peritajes y la obtención de más información, dada la experiencia y amplio conocimiento que tiene en temas informáticos. Finalmente, remarcó la falta de colaboración demostrada, al tratar de deshacerse de la cámara.
La defensa, en tanto, trató de aludir razones de arraigo, lejos de la localidad de donde son oriundas las víctimas, ofreció un inmueble y un vehículo a modo de caución y el compromiso de que su defendido no intentará vulnerar la tarea de los peritos.
Pese a ello, el juez Hansen rechazó los planteos de la defensa y dictó la prisión preventiva para G.F.F. En sus fundamentos, coincidió con la fiscalía respecto a la gravedad del caso, la logística desplegada, la eminente posibilidad de que, de las peritajes surjan más evidencias, la experticia del acusado en el manejo informático y su intento por deshacerse de evidencia relevante.
