La Fiscalía de Río Segundo elevó a juicio una causa que sacude a los tribunales locales por la magnitud del patrimonio en disputa y por la gravedad de las maniobras investigadas.
Tres hombres están acusados de conformar una asociación ilícita que, en el marco de una herencia millonaria, habrían cometido estafas, falsificado documentos y usurpado propiedades.
La medida de exhumar el cuerpo de una de las víctimas, que había sido solicitada por la defensa del hijo del fallecido, fue finalmente desestimada por la Justicia.
El expediente involucra a Gustavo Emilio Barbaglia (54), a Rubén Darío Zin (52) y a Marcial Enrique Storti (64), este último señalado como principal beneficiario del patrimonio en disputa.
Además de los delitos económicos, Storti está acusado por tentativa inidónea de homicidio calificado por codicia.
Un expediente que asombra
La causa gira en torno al patrimonio de Miguel Ángel Balbo y de su esposa, Magdalena Druetta, ambos fallecidos, quienes poseían más de 130 hectáreas de campos en zonas rurales cordobesas de Pilar, de Lagunilla y de El Quebracho, además de propiedades urbanas, de maquinaria y de vehículos.
Según la investigación, Storti habría comenzado en 2015 a ganarse la confianza del matrimonio –ambos de edad avanzada y con problemas de salud– prestando servicios en sus campos.
Aprovechando esa cercanía, se habría valido de la supuesta vulnerabilidad de Druetta, quien presentaba signos de deterioro cognitivo, para hacerse con la donación de sus bienes. La maniobra incluyó la firma de un testamento que lo declaraba como único heredero.
Tras la muerte de Druetta en 2018, Storti continuó con su plan, según la acusación.
Más noticias del departamento Río Segundo
Poco después, logró que Balbo firmara otro testamento que también lo nombraba heredero universal, omitiendo de manera deliberada la existencia del hijo del hombre, Juan Pablo Balbo Gattollin, hoy de 23 años.
Ese documento fue firmado en una escribanía de Pilar y afirmaba, falsamente según la causa, que Balbo no tenía descendencia.
Miguel Balbo falleció el 11 de julio de 2019, a los 66 años, en una clínica de la ciudad de Córdoba, tras haber ingresado el día anterior a un centro médico en Pilar por un dolor abdominal agudo.
Si bien los médicos habían recomendado su internación, Storti –que era su apoderado– habría decidido postergarla. Aunque la investigación descartó que esa demora hubiera provocado el deceso, el accionar del acusado es uno de los elementos que fortalecen la sospecha de codicia como móvil de sus actos.
Uno de los datos más impactantes del caso es que el hijo de Balbo no fue informado de la muerte de su padre hasta dos días después, cuando ya había sido enterrado. Fue el propio Storti quien organizó el velorio y entierro, lo que imipidó que el joven pudiera despedirse, siempre según lo que consta en la investigación.
Durante ese lapso, Storti y Barbaglia habrían vaciado los inmuebles del fallecido. De la propiedad rural ubicada sobre ruta 13, sustrajeron tractores, camionetas, herramientas y varios quintales de maíz. También habrían vaciado la casa del matrimonio en Pilar, que luego fue demolida, y muchos de sus bienes fueron quemados.
Apurados
Según consta en el expediente judicial, “actuaron con tal rapidez que, a los tres días de muerto, Balbo ya había desaparecido prácticamente todo”.
Druetta, por su parte, era propietaria de un campo de 55 hectáreas en Lagunilla, de otro de 22 hectáreas en El Quebracho y de la vivienda en Pilar.
Todos esos bienes habrían quedado bajo el control de Storti a partir de distintas maniobras documentales, aprovechando su presunta inexperiencia y su estado de salud deteriorado.
La denuncia fue presentada a fines de 2022 por la madre del joven heredero. Desde entonces, la causa avanzó con detenciones y con allanamientos.
Hoy, los tres imputados permanecen detenidos con prisión preventiva en la cárcel de Bouwer.
La Fiscalía había restituido provisionalmente los bienes al legítimo heredero. Esa decisión fue confirmada por el Juzgado de Control, luego de la oposición de los acusados, y ahora la cámara, en la sentencia, deberá resolverlo definitivamente.