Hay más de 500 personas detenidas con prisión domiciliaria en Córdoba, y entre ellas, poco menos de 100 tienen monitoreo con dispositivos electrónicos: las famosas tobilleras.
Son una pequeña parte de quienes están privados de la libertad en la provincia. En los penales están encerradas, actualmente, 16.200 personas, un número que excede ya largamente la capacidad de alojamiento de los establecimientos penitenciarios.
Los detenidos con domiciliarias, en una proporción de casi el 80% del número total, fijaron domicilio en la ciudad de Córdoba.
Si están aún procesados, están bajo el control de una fiscalía; pero si ya se encuentran con condenas firmes (la mayoría), corresponde a los jueces de ejecución penal su tutela judicial. Es el Patronato del Liberado el encargado de vigilar que se cumplan las condiciones de detención, siguiendo las directivas judiciales. El Patronato, aunque tiene un nombre que parece el de una ONG, es una dirección estatal que es parte de la estructura del Gobierno provincial. Funciona bajo la secretaría de Organización y Gestión Penitenciaria –la misma del Servicio Penitenciario–, en el Ministerio de Justicia y Trabajo.
El Patronato del Liberado actualmente tiene que monitorear a unas seis mil personas en distintas situaciones derivadas del conflicto con la ley penal. El grueso son personas condenadas que tienen penas de ejecución condicional. También intervienen en el control de las libertades condicionales (las que tienen quienes están en el tramo final de sus años de condena), que son su principal tarea, la que demanda más atención y recursos, porque se trata de personas que literalmente salen a la calle con lo puesto, luego de vivir durante años en un mundo cerrado, con sus propias reglas, muy diferentes a las de la vida en libertad. En los últimos tiempos, a su vez, están siendo muy demandados para la verificación de que se cumplan las tareas comunitarias y otras medidas restaurativas en los casos en los que se imponen estos mecanismos para cumplir una pena, en una modalidad que se conoce como “probation”.
Vienen más dispositivos, ahora pulseras electrónicas
A fin de mes, luego de un trámite que sufrió alguna demora tras la subasta inversa, el Ministerio de Justicia de Córdoba recibirá los 500 dispositivos electrónicos de control dual: en lugar de ser tobilleras, serán pulseras electrónicas que funcionarán de manera muy parecida.
Los aparatos son importados, pero todo el software que tendrán incorporado fue desarrollado por empresas del Clúster Córdoba Technology. Esto es una novedad en el país: el único proveedor de este tipo de aparatos hasta ahora es una empresa de seguridad del grupo liderado por Mario Montoto, un excuadro de la conducción de Montoneros en los años ’70 que luego armó un fuerte conglomerado de empresas, muchas de ellas vinculadas a la seguridad y a la informática. Es el proveedor de la Nación y, hasta ahora, el único proveedor en el país de tobilleras electrónicas.
La población a la que se destinarán estas pulseras será definida por la Justicia. Puede ir a cubrir el faltante de dispositivos de control dual en las domiciliarias actualmente existentes, pero como la mayoría de estas medidas se cumplen sin incidentes, desde el Ministerio de Justicia provincial y el Tribunal Superior de Justicia se trabaja en un listado de prioridades para nuevos egresos, apoyados por la tecnología. Las mujeres que son madres de niños menores de cinco años y están detenidas por delitos no tan graves serían las primeras, por el interés superior del niño. Pero también se piensa para detenidos próximos a cumplir los 70 años, enfermos graves o terminales, y personas con discapacidades.
Las pulseras –al igual que las actuales tobilleras– permitirán definir un perímetro de movimientos autorizados a las personas y emitirán alertas inmediatas si se viola la restricción y si el detenido se quita el aparato o lo rompe.
En la central de monitoreo, que está en el Servicio Penitenciario, se recibirán alertas con distintos datos que permiten evaluar la gravedad de la infracción: el tipo de delito por el que está acusado o condenado el detenido, y la recurrencia y duración de sus violaciones perimetrales.
El protocolo prevé un primer momento de verificación y chequeo, pero inmediatamente después dispara un alerta a los propios equipos penitenciarios y se da aviso a la Justicia.
No es función del Servicio revocar una domiciliaria, eso es una potestad exclusiva judicial, pero así como el Patronato del Liberado debe emitir sus informes y documentar si el interno estaba o no presente en su domicilio en la visita sorpresiva, el SPC debe documentar e informar a la Justicia cada incidente de quien tiene un dispositivo dual de control de movimientos.
Cómo se controla una domiciliaria
El Patronato del Liberado es el organismo estatal encargado de controlar las domiciliarias. Su tarea empieza antes del egreso carcelario del detenido: sus trabajadores sociales y psicólogos tienen que elaborar un informe socioambiental que describa las condiciones del alojamiento, su entorno, las relaciones con convivientes o vecinos, y una serie de aspectos más que sirven para definir si se recomienda o no la medida.
Luego deben hacer inspecciones periódicas, sorpresivas, en una frecuencia que está determinada por indicaciones del tribunal y por el perfil de la persona detenida.
Si se verifican infracciones a las condiciones o no se encuentra a la persona en el domicilio que dejó asentado como su lugar de detención, el Patronato envía un aviso urgente a la Justicia.
Esto es el protocolo. Técnicos que trabajan en esa área del Estado provincial aseguran que todos estos controles se hicieron y se informaron a la Justicia en el caso de Horacio Grasso. No hablan en on, porque no están autorizados. Y las fuentes oficiales no hicieron declaraciones.
Qué pasó con el caso Grasso
Desde que obtuvo su segunda prisión domiciliaria, en 2021, en el departamento de calle Buenos Aires, Horacio Grasso fue visitado en forma periódica por técnicos del Patronato del Liberado.
Este año los técnicos aseguran que fueron al lugar más de 20 veces y en una decena de casos informaron que no estaba el detenido presente en el lugar. En cada uno de estos eventos, lo informaron a la Justicia. No tienen ellos cómo saber si Grasso tenía permiso del juzgado para distintos turnos médicos, como afirman los abogados del detenido.
Una de las últimas visitas, el 5 de junio, consignó que en el lugar había un marcado desorden. Pero que en ese momento no había ningún olor, como el que reveló luego la aparición del cadáver de una mujer en un armario del departamento.
Fuentes no oficiales del Servicio Penitenciario, a su vez, también quisieron deslindar responsabilidades. Sus autoridades no hablan, pero para evitar que se les atribuyan responsabilidades a los empleados y a los profesionales aseguraron que los informes penitenciarios desaconsejaron la prisión domiciliaria –en la primera que le otorgaron, en 2019, y luego en la segunda, en 2021–, luego volvieron a opinar en contra del lugar de cumplimiento con el dispositivo electrónico en el departamento de Nueva Córdoba. Y finalmente, reportaron más de 30 incidentes de alertas por incumplimiento de la perimetral.
