Verónica Acosta, madre de cuatro hijos y vecina de Villa Mercedes, San Luis, se encuentra detenida tras recibir de forma accidental una transferencia de $ 510 millones del Gobierno provincial. El dinero fue depositado en su cuenta bancaria en lugar de una ayuda económica de apenas $ 8.000 que esperaba recibir del padre de uno de sus hijos.
La mujer, en situación de extrema vulnerabilidad económica, creyó que se trataba de un “regalo de Dios”. Así lo relató en declaraciones públicas donde explicó que usó parte de ese dinero para comprar alimentos, ropa, electrodomésticos y materiales para mejorar su vivienda. También transfirió montos a familiares para que pudieran afrontar gastos urgentes.
Qué dicen la Justicia y la defensa
Tras el descubrimiento del error, la Justicia actuó con rapidez. La Policía allanó la vivienda de Acosta y detuvo a ella y a cinco familiares. Se la acusa de fraude, estafa y retención indebida de fondos públicos.
Según fuentes judiciales, la mujer habría realizado 66 transferencias bancarias por montos cercanos a los $ 500.000 cada una. Hasta el momento, las autoridades lograron recuperar alrededor del 90% del total transferido.
Su abogado, Hernán Echeverría, sostiene que su clienta no cometió delito alguno: “Ella era la titular de las tarjetas utilizadas. No existió engaño ni intención de apropiarse de algo que no sabía que era un error. Además, nunca fue notificada oficialmente de la obligación de devolver el dinero”, explicó.
“Pensé que era un regalo de Dios”
En una entrevista televisiva con Telenoche, Verónica aseguró que en un primer momento creyó que se trataba de una suma menor: “Al principio pensé que eran $ 500 mil, después me di cuenta de que eran millones”, explicó.
“Me encuentro con este dinero y con tanta necesidad, me fui a hacer compras y ayudé a mi familia. Pensé que era un regalo de Dios. Al final, los quise ayudar y los perjudiqué”, expresó entre lágrimas. Según sus cálculos, gastó alrededor de $ 44 millones, y no la totalidad de los fondos.
Exigen una fianza de $ 30 millones para evitar la prisión preventiva
El Ministerio Público Fiscal exigió una fianza de $ 30 millones para que Acosta pueda continuar el proceso judicial en libertad. Su defensa considera el monto “desproporcionado” en relación con su situación económica.
“El error fue administrativo. Ella no hackeó ningún sistema ni manipuló nada. Se encontró con una transferencia inesperada y actuó desde la urgencia de la necesidad”, argumentó su abogado.
