El cabo Juan Andrés Martín recibió este jueves la visita de sus abogadas en la cárcel de Bouwer, donde permanece detenido e imputado bajo la figura de homicidio calificado por abuso de sus funciones en calidad de miembro de las fuerzas policiales, al haber formado parte del operativo policial donde se produjo la muerte de Guillermo Bustamante (39).
El cabo fue uno de los 15 uniformados que estuvo presente durante la madrugada del lunes 24 de marzo en la estación de servicio de barrio Villa Páez, en la zona oeste de la ciudad de Córdoba, y dice que cumplió el protocolo de actuación policial. No obstante, es uno de los cinco imputados que hasta el momento tiene la causa.
Alrededor de las 3 de la madrugada de ese lunes, Bustamante llegó y comenzó a mostrarse “errático”, según consta en la investigación que tiene a su cargo el fiscal Guillermo González. Tras solicitar combustible en la estación de avenida Octavio Pinto y Mariano Castex, se habría negado a pagar el importe de la carga, según comentaron las abogadas que representan al cabo, Mónica Picco y Julieta García Gómez.
“Estaba cometiendo un delito en flagrancia, porque se había negado a abonar el combustible. Por eso el operario llamó al celular que tenía disponible, que pertenece a los encargados de patrullar la zona donde está ubicada la estación”, expresó Picco.
En ese momento, el policía Martín arribó al lugar junto al resto de la patrulla. “Habían sido comisionados por un delito y al llegar se encontraron con un hombre de 1.75 metros de altura, robusto, que no quiso cortar una llamada telefónica”, comentó la abogada.
Ante la actitud de Bustamante, los uniformados procedieron a detenerlo. Lo acusaron de desacato a la autoridad, porque el hombre estaba haciendo caso omiso a las órdenes expresas que le daba la Policía.
Durante esa detención –aseguran– se produjo el deceso de Bustamante, a pesar de la asistencia casi inmediata que prestó el servicio de emergencias del 107 en el lugar.
“El testimonio del playero es de gran relevancia: manifiesta que nunca hubo abusos policiales, que no hubo golpes y que prácticamente no hubo violencia”, dijo la letrada en nombre de su defendido.
A su vez, señaló que aún falta que la investigación se desarrolle y que resta mucho procedimiento pendiente, dando a entender que el curso de la pesquisa podría derivar en un giro.
No obstante, reconoció que su defendido está pasando por “un momento angustiante”. “Es papá de una hija y ser policía es su único trabajo, que cumplía con esmero. Nunca tuvo una sanción ni fue objeto de ninguna acusación”, comentó la abogada, que pidió que se procesen las pruebas con agilidad.
Picco también subrayó que, según los datos trascendidos del informe preliminar de la autopsia, Bustamante no murió producto de asfixia o golpes. También dejó entrever que esperan el resultado de los análisis toxicológicos de la víctima.
“Martín dice que se lo veía ir y venir, como cuando una persona está deambulando, y que respondía de manera contraria a lo que se le ordenaba. Después actuó con violencia, razón por la cual el cabo tiene hematomas en los brazos”, planteó.
Y agregó: “¿Qué hubiera ocurrido si el hombre estaba armado y atentaba contra el playero?. Hoy estaríamos hablando de la inacción de la Policía”.
Por eso las abogadas enfatizan en el cumplimiento del protocolo. “Nuestro defendido actuó como debió hacerlo. De hecho, para no causarle daño decidieron colocarle las esposas sin tanto forcejeo y por eso el hombre pudo quitarlas y seguir agrediendo”, aseguró.
Vale mencionar que los policías optaron por reducir a Bustamante mediante el uso de la fuerza física y que no utilizó las armas de baja letalidad Byrna, con las que cuenta para actuar en casos de detenciones críticas.
La postura de la querella
La pareja de la víctima, Agustina Daiana Escotorin, denunció que Bustamante no se negó a pagar la cuenta, sino que la aplicación de celular con la que intentaba realizar el pago no le había funcionado. “A mi esposo lo mataron por 10 mil pesos”, lamentó.
Para su abogado representante, Carlos Nayi, el caso se encuadra bajo la figura de “violencia institucional”, se mostró conforme con el avance de la investigación y solicitó la máxima severidad para con los sospechosos.
“Esta querella solicita que la muerte cruel, injustificada, a partir de un claro abuso de fuerzas de la Policía de Córdoba sea enmarcado en un contexto de violencia institucional; y los familiares directos, concretamente la viuda, deben ser un punto de referencia para entender la circunstancia de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, porque estuvo allí”, sostuvo Nayi.
Para el abogado, es imprescindible determinar la función que ocupaba cada uniformado, junto con las actividades concomitantes y posteriores al evento.
“Debe tenerse en cuenta que forman parte de la estructura del Gobierno y del Ministerio de Seguridad, y deben ser enmarcadas en ese contexto”, dijo.
La fiscalía inició sus investigaciones siguiendo la línea de la violencia institucional. Para los investigadores, si la Policía no hubiera actuado como lo hizo, el fallecimiento se podría haber evitado.
A su vez, los pesquisas señalan que cuando la fuerza se presentó en la estación de servicio, Bustamante no estaba cometiendo delito alguno, lo cual constituye una posición contrapuesta a la postura que formula la defensa del cabo Martín.
Para los investigadores, el hecho de que Bustamante no haya pagado la cuenta inmediatamente no significa que no la fuera a pagar. Y como no abandonó la playa antes de ser detenido y luego morir, no se puede considerar su accionar como una actividad delictiva.
El resto de los cinco imputados son el subinspector Marcos Guzmán Altamirano, el oficial ayudante Nicolás Bulacio, quienes juntos con Martín fueron acusados por el presunto delito de “homicidio calificado por abuso de sus funciones en calidad de miembros de las fuerzas policiales, en calidad de coautores”.
El oficial inspector Walter Perfumo fue acusado bajo la figura de “encubrimiento por no denunciar la perpetración de un delito, doblemente agravado por el hecho precedente y por su calidad de funcionario público en concurso ideal, y en calidad de autor” y el sargento Mariano Córdoba recibió la imputación por aparente “omisión de los deberes de funcionario público en calidad de autor”.
