Las investigaciones federales por supuesta asociación ilícita, defraudación y lavado también alcanzan a dos sindicatos fuertes en Córdoba.
El Surrbac
Una de las investigaciones por el denominado “negocio de la basura” en Córdoba tuvo un impulso en septiembre pasado cuando el fiscal N° 1 de Córdoba, Enrique Senestrari, envió a juicio a los líderes del sindicato de recolectores (Surrbac), Mauricio Saillén y Pascual Catrambone, y a otras 17 personas.
Saillén y Catrambone (exdirector obrero de Crese y director en la Corporación para la Gestión Sustentable de los Residuos Sólidos Urbanos (Cormecor) habrían formado una asociación ilícita durante seis años (2009-2015) en perjuicio de los afiliados y del propio sindicato, la mutual y la obra social.
Una de las maniobras habría consistido en aplicar altos intereses a los préstamos que otorgaba la mutual, que habría funcionado como “una fuente inagotable de riqueza para los jefes de la asociación ilícita y sus allegados”. El dinero conseguido de forma aparentemente ilegal por medio de los préstamos a tasa usuraria habría sido puesto en circulación para “darle apariencia lícita”.
De ese modo, se habrían realizado contratos de mutuo (“préstamos ilegales”, para el fiscal Senestrari) presuntamente firmados entre terceros y la mutual.
Asimismo, Saillén y Catrambone habrían perjudicado al sindicato, al rendir gastos personales. Por ejemplo, vacaciones familiares al Caribe, viajes de estudios de sus hijos, gastos exorbitantes en suites de hoteles, entre otros, como si los hubieran realizado mientras ejercían sus funciones dentro del gremio, “desviándolos” así, siempre según el fiscal, “de su legítimo destino”.
También habrían lavado $ 25,2 millones con la compraventa de bienes muebles e inmuebles que adquirieron y/o transfirieron.
En suma, de acuerdo con el fiscal, en seis años la supuesta banda habría puesto en circulación legal $ 75 millones ilícitos, sin incluir los bienes hallados en los allanamientos o 420 mil dólares estadounidenses hallados en una caja fuerte. La última novedad fue el retorno de Saillén como secretario general del Surrbac, tras recibir autorización judicial.
Las defensas de los acusados negaron los cargos.
Luz y Fuerza
En el plano sindical, no sólo el Surrbac estuvo en la consideración pública.
La cúpula del gremio de Luz y Fuerza, encabezada por el secretario general, Gabriel Suárez, y el adjunto, Jorge Molina Herrera, fue procesada por presunta asociación ilícita, lavado y defraudación.
También fueron alcanzados por la medida otras 16 personas, una buena parte personal del histórico gremio.
El fiscal N° 2 de la Córdoba, Carlos Casas Nóblega, consideró que la supuesta defraudación se habría llevado adelante de tres formas.
Una, mediante el libramiento de cheques a favor del gremio por parte de los integrantes de la conducción.
La segunda consistía aparentemente en librar cheques a personas jurídicas con vínculos con el sindicato (tampoco se conoce dónde terminaron los fondos).
Y la tercera habría incluido el libramiento de cheques a personas relacionadas en forma directa o indirecta con los imputados, que tenían como beneficiarios, mayormente, a gremialistas o terceros con inconsistencias fiscales, sin actividad comercial registrada o beneficiarios de planes sociales o jubilaciones, de acuerdo a la investigación federal.
