El exministro de Justicia Germán Garavano se manifestó este miércoles a favor de un agravamiento de las penas por delitos, pero aclaró que “no es la solución” a la inseguridad.
“El Código Penal quedó desproporcionado. Hay delitos que tienen penas bajas subjetivas, como los de los funcionarios públicos, otros como los de los arrebatos y hurtos que tienen mínimos muy bajos”, consideró en diálogo con La Voz En Vivo.
Sin embargo, aclaró que el agravamiento de las penas “no es la solución”.
“Hay estudio muy profundos que marcan que lo que más influye en una persona para cometer un delito contra la propiedad es la posibilidad de ser atrapado, luego la posibilidad de ser sometido a proceso y finalmente lo que menos influye es el monto de la pena, que está al final de la película”, explicó.
La entrevista
–¿Qué primera mirada tiene respecto de la reforma del Código Penal que impulsa el Gobierno, presentada bajo el título de un “agravamiento de penas” para casi todas las figuras?
–Ese es el título elegido y responde a una decisión política y comunicacional. Coincido en que es necesario un nuevo Código Penal. El vigente fue sancionado en 1921 y tiene más de 900 reformas parciales. Cada crisis le agregó parches o modificó penas. Entre 2017 y 2018 trabajamos con la ministra Bullrich en un Código nuevo, que el presidente Macri presentó en 2019 y yo mismo expuse en el Senado. La mayoría peronista de entonces no avanzó. Un nuevo Código permitiría una reforma integral. Aunque todavía no se conozca la letra fina, lo relevante es que aborda conductas hoy casi sin regulación, como criminalidad organizada y terrorismo. No son temas cotidianos, pero sí esenciales para que Argentina se posicione frente a amenazas regionales. América Latina tiene la mayor tasa de homicidios del mundo, impulsada por el crimen organizado: los comandos brasileños como el Comando Capital y el Vermelho, los carteles mexicanos y colombianos, el Tren de Aragua. Este nuevo Código es importante y el Congreso deberá tratarlo con premura.
–¿Cuánto influye el agravamiento de la pena en que una persona decida no delinquir? Tranquiliza a la sociedad, pero cuando se observa lo que ocurre en las cárceles y el aumento de algunos delitos, surge la duda sobre su eficacia.
–El agravamiento de penas no es la solución. Es necesario en delitos donde el Código quedó desproporcionado. El Derecho Penal exige proporcionalidad: no es lo mismo un homicidio que un hurto, o un robo que el lavado de dinero o un acto terrorista. Hay figuras con penas objetivamente bajas, incluso para funcionarios públicos. Hurtos y arrebatos que afectan a la ciudadanía tienen mínimos muy bajos, de otra época: el hurto todavía tiene un mes de prisión de mínimo. Pero esa no es la respuesta. El análisis económico del derecho, desarrollado por el Nobel Gary Becker, sostiene que lo más relevante para disuadir es la probabilidad de ser atrapado. En delitos contra la propiedad, lo que pesa es el riesgo de ser detenido, procesado y condenado. El monto de la pena aparece al final del proceso y tiene menos influencia. La evidencia empírica en Estados Unidos respalda este enfoque. Córdoba viene avanzando con procesos de flagrancia para que quienes son capturados enfrenten condenas rápidas. Esa inmediatez es clave para disuadir.
–Cuando se habla de “puerta giratoria”, ¿se alude a jueces garantistas que liberan detenidos o a cárceles saturadas que obligan a liberar por falta de alternativas?
–Es un círculo vicioso que incluye ambas cosas, entre otras. La reforma en la que colaboré el año pasado en Córdoba apunta a romperlo con condenas rápidas. El tratamiento de una persona privada de libertad cambia mucho si está en prisión preventiva o si ya tiene condena. En delitos menores, como un hurto con pena baja, el sistema a veces no reacciona: la persona queda detenida un rato, recupera la libertad y la sensación es que no hubo consecuencia. Ese “no pasó nada” puede escalar en delitos más graves. Lo importante es que desde la primera infracción, como el robo de un celular, el sistema muestre su capacidad de respuesta. No siempre implica cárcel: puede ser probation, tareas comunitarias o reparación. Pero el mensaje debe ser que violar la ley tiene consecuencias. El sistema suele no actuar ante hechos menores porque debe atender los graves, pero quienes comienzan por lo menor pueden avanzar hacia delitos crecientes y más violentos.
–El proyecto también amplía notablemente la cantidad de delitos imprescriptibles, incluso algunos de corrupción. ¿Qué implica eso?
–La imprescriptibilidad en corrupción ya se debate en los tribunales y existen fallos en ambos sentidos. Será la Corte la que resuelva. Argentina adhirió a la Convención Interamericana y a la de Naciones Unidas contra la Corrupción. Durante nuestro gobierno se avanzó mucho en los índices de combate a la corrupción. Pero a veces el país busca soluciones mágicas para problemas estructurales. Salvo los delitos de lesa humanidad, que responden a contextos sin justicia, en un Estado de Derecho los procesos deben tener plazos razonables. La solución no es extender la prescripción para justificar demoras de años. Una condena veinte años después no es justicia para nadie. El foco debe estar en que la Justicia actúe rápido, no en ampliar imprescriptibilidades que generan controversias en el sistema jurídico local e internacional.
–Se cuestiona con dureza la lentitud de la Justicia. ¿Qué tan mal está el sistema judicial en Argentina? Porque está mal.
–Está mal y es importante señalarlo. América Latina es la región más violenta del mundo y Argentina tiene la tasa de homicidios más baja de la región, inferior incluso a Uruguay y Chile. Eso habla de fuerzas de seguridad que funcionan y de un sistema judicial que responde frente al delito. Córdoba es una de las jurisdicciones más estrictas, con altos índices de prisión preventiva. En términos de “puerta giratoria”, es una de las más duras. Aun así, si tuviera que calificar a la Justicia, le pondría un cuatro. Muchas veces carece de respuesta frente a delitos graves. Jueces y fiscales hacen un enorme esfuerzo, pero faltan herramientas materiales. El nuevo Código Procesal Penal Federal tiene cargos vacantes y problemas de gestión. Aunque se avanza hacia expedientes electrónicos, los procesos siguen siendo burocráticos y lentos. Falta planificación estratégica: decidir qué casos priorizar, resolver rápido con sentencias tempranas. Córdoba está intentando ese camino.
–Usted fue asesor del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba y ministro de Justicia. ¿Cómo funciona realmente el sistema?
–Tengo un compromiso fuerte con la Justicia de Córdoba, lo que puede restarme objetividad. Desde mi perspectiva, es un Poder Judicial que incorporó numerosas reformas en áreas Penal, Civil y Laboral. Hizo un trabajo notable en adopciones con el Registro Único digitalizado, que obtuvo resultados muy importantes. Implementó tribunales de gestión asociada en violencia de género, laboral y civil, que funcionan pese a resistencias. En lo penal, avanzó en oralidad temprana para audiencias de prisión preventiva y flagrancia. Hay vitalidad, aunque persiste un problema cultural: una tradición burocrática, secreta y con resistencia a la oralidad y a la participación pública. Aun así, Córdoba está entre los primeros poderes judiciales del país, por honestidad de sus integrantes y seriedad en las reformas. Es un ámbito conservador, con tensiones entre independencia judicial y derechos de víctimas e imputados. Pero veo esfuerzos genuinos por mejorar en un contexto donde las demandas sociales son crecientes.
La causa Dagatti
–Una causa que lo involucra en Córdoba es la defensa del empresario Alicio Dagatti. Usted renunció como asesor del Tribunal Superior para asumir esa defensa. ¿Por qué? ¿Sigue a cargo?
–Asumí una parte de la defensa de Dagatti en la Justicia federal. No litigo ni litigaré en la Justicia provincial, para la que no tengo habilitación. En el fuero federal sí intervine porque la imputación era claramente federal y la Cámara de Casación lo acaba de confirmar con un dictamen fiscal.
–¿Por qué debía intervenir la Justicia federal?
–Porque el hecho imputado refiere al presunto transporte de una cantidad importante de marihuana en paquetes destinados a abastecer una cárcel. Eso excede la competencia provincial, que se concentra en narcomenudeo y venta minorista. Aquí hablamos de una posible organización sofisticada con una cantidad significativa de droga que no corresponde a una distribución minorista. Lo central —como dije públicamente en mi única intervención mediática sobre el caso— es descubrir quién proveía la droga a la cárcel. Mi cliente sostiene su ajenidad y aportó información para la investigación. La camioneta involucrada habría detenido su marcha en una zona roja señalada por la fiscal provincial, y la hipótesis es que allí se obtuvo la droga. Todo indica que hay una organización delictiva que abastecía a la cárcel. La Justicia provincial no estaba investigando esa línea, por lo que la federal debe asumir la causa completa, como entendió Casación. Espero que la Justicia provincial remita los expedientes para que pueda investigarse la maniobra en su totalidad. Dagatti ha manifestado su inocencia y entregó su teléfono y demás elementos para una investigación amplia. Confío en que la Justicia federal pueda identificar a los verdaderos responsables, porque se trata de un hecho de extrema gravedad.
