Seis oficiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) fueron detenidos este martes por orden del fiscal de instrucción Juan Pablo Klinger por presunta corrupción. La investigación surgió a partir de una denuncia del propio jefe de la FPA, Adrián Salcedo, porque se detectó una diferencia entre los volúmenes declarados de secuestro y de entrega del procedimiento en un caso que involucró a una serie de operativos de control en la cárcel de Cruz del Eje.
Los secuestros se habían realizado en diciembre de 2023 y según la denuncia que surge de una auditoria de la propia FPA había una diferencia entre lo declarado como secuestrado y lo que luego llegó al depósito del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), para su custodia como evidencia. En detalle, había un faltante de 158 gramos de marihuana y de 357 gramos de cocaína.
Córdoba: detuvieron a seis oficiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA)
En un resumen de prensa de la fiscalía, se confirma que la investigación lleva más de ocho meses y que surgió por la remisión de antecedentes de la Fiscalía General, a partir de una denuncia de la FPA por “la posible comisión de un hecho ilícito”.
“El minucioso análisis de toda la evidencia recabada ha permitido concluir que nos encontramos frente actividades ilícitas cometidas por integrantes de dos drigadas de la FPA (Cruz del Eje y Deán Funes), en el ejercicio de sus funciones (con intervención de particulares) en distintas sedes y períodos de tiempo”, consigna el informe de la fiscalía de Klinger.
Adrián Salcedo, jefe de la FPA, destacó que la denuncia surgió en una auditoría interna de 55 mil secuestros. “Notamos el faltante de 3 registros únicos de evidencia que tienen un procedimiento para preservar la prueba, a raíz de ello, con los informes correspondientes y por directiva del fiscal General de la Provincia, es que me apersoné en la fiscalía 4 turno 3, a cargo del fiscal Klinger y se dispararon todas las investigaciones”.
“Toda la información fue puesta a disposición, la trazabilidad, lo que hace a copias, registros, fue todo puesto a disposición, armándose el camino para lo que necesitaba el fiscal”, resaltó Salcedo.
Entre los seis detenidos, cuatro trabajaban en la brigada de Cruz del Eje, incluido el jefe actual, y el segundo de la brigada en Deán Funes, “ya que habrían participado en la comisión de un hecho calificado legalmente como asociación ilícita, en calidad de miembros; sumado que también se advierten motivos bastantes para sospechar que dos de ellos, habrían participado en un hecho calificado legalmente como entrega de estupefacientes agravado por la calidad de funcionario público”, señala el parte judicial.
Los detenidos son el detective principal Néstor Márquez -jefe de la brigada de Cruz del Eje-, y los investigadores Sergio Ruiz -segundo jefe de Deán Funes-, Eduardo Ruiz, Luis Benavídez, Isidro Rivero y Raúl Moreno.
Los Ruiz son hermanos, a su vez, de la secretaria privada del fiscal General de la Provincia, Juan Manuel Delgado. La mujer, que es empleada de la FPA y trabaja en comisión en la Fiscalía General desde hace varios años, primero con el fiscal General adjunto, José Gomez Demmel, y luego con Delgado, no tendría aún ninguna complicación penal.
A su vez, también consigna Klinger “que presuntamente funcionarios públicos que tomaron conocimiento de sustracción de evidencia ocurrida en el año 2023, omitieron promover su investigación, obrando con abuso de sus funciones al no ejecutar las leyes cuyo cumplimiento les incumbía. Esto derivó, hasta al momento, en la imputación de un funcionario judicial de la Secretaría Móvil de Lucha contra el Narcotráfico con sede en Cruz del Eje como supuesto autor de los delitos de encubrimiento por omisión de denuncia, agravado por la calidad de funcionario público y abuso de autoridad; y del ex jefe de la brigada de la FPA de la misma sede, como supuesto autor de los delitos de violación de prueba a título culposo, reiterado –dos hechos-; encubrimiento por omisión de denuncia, agravado por la calidad de funcionario público y abuso de autoridad”.
Se llevaron a cabo 12 allanamientos en las ciudades de Cruz del Eje, Villa de María de Río Seco, Deán Funes y Cosquín; como así también, en la localidad San Marcos Sierra.
Se prevé que, en los próximos días, los coimputados sean trasladados a la sede de la Fiscalía a efecto de recibirles declaración con la debida asistencia legal, asegurándoles el pleno goce de las garantías constitucionales y procesales correspondientes.
