El oxímoron del título sirve para graficar un curioso hecho de estafa cuyo mecanismo llamó la atención durante esta semana por su refinado “perfeccionamiento”. El caso de las dos bioquímicas detenidas por vender certificados de testeos de Covid con resultado negativo, pero cuyos análisis no realizaban, según se sospecha, muestra cómo en ocasiones la forma de defraudar se perfecciona para reforzar la efectividad del engaño.
La estafa requiere de un ardid capaz de engañar de modo idóneo a una persona que incurre en un error que la perjudica. No se considera ardid cuando esa persona no cae en una trampa burda; tampoco, si el modo de engaño es ingenuo y si no se provoca un perjuicio (patrimonial) a la víctima.
En el caso de las bioquímicas, con reciente prisión preventiva dispuesta por el fiscal Gustavo Dalma, la fundamentación de la peligrosidad procesal desnudó de qué modo esa forma de engañar se perfeccionó una y otra vez para hacer la falsificación más “auténtica”, siempre según lo que se sospecha hasta ahora.
Presuntamente ayudadas por al menos tres personas que están imputadas, las bioquímicas iniciaron su faena con un engaño basado en la apariencia de legalidad a partir del otorgamiento de certificados de Covid con el membrete de un prestigioso laboratorio de Villa María.
Entregaban esos papeles con la imagen de esa institución privada, pero los datos de dirección y teléfono estaban borrosos, de manera tal que quien tenía alguna duda no tenía facilidad para concurrir a formular allí un reclamo.
La cuestión se les complicó cuando algunos de los clientes sí lograron dar con el lugar y allí les dijeron que, en realidad, ese análisis no había pasado por ese laboratorio. Al ir a reclamar a las bioquímicas, estas habrían ideado una forma más “legal” de comprobar su “autenticidad”.
Se cree que el perfeccionamiento del ardid estafatorio incluyó entonces recurrir a la autoridad estatal para darle veracidad. Según la acusación, el modo de autenticar los certificados falsos fue a través del laboratorio Central, que depende del Ministerio de Salud de la Provincia.
El escenario sería este: se sugiere que una institución estatal que en plena emergencia sanitaria está dedicada a la salvaguarda de vidas frente a una pandemia aún incontenible fue utilizada para engañar a personas a las que se les entregaba un certificado falso de Covid y se les quitaba dinero por un análisis que no había sido hecho.
¿Pero cómo lograban que el laboratorio Central les extendiera los certificados? Según lo describen las actuaciones de la causa, utilizaron un “topo” en el hospital San Roque. Allí, un enfermero de la planta de ese centro de salud provincial recibía los análisis de una persona “sana” amiga de las imputadas, pero con los datos del cliente que había reclamado su prueba auténtica.
Con el material biológico de otra persona, pero con los datos del cliente, el enfermero ingresaba al sistema de salud provincial el material biológico con los datos de otra persona y con la indicación de enviar el resultado al correo electrónico de las bioquímicas, siempre según la investigación judicial.
Para consolidar la estafa, a las generadoras de toda esta maniobra no les bastaba más que reenviar el certificado del laboratorio Central, con sus signos y símbolos de autenticidad.
La “falsificación” quedaba así “autenticada”. De confirmarse lo que viene sosteniendo el fiscal, quedará establecido que las bioquímicas, además de estafadoras, son unas “auténticas falsificadoras”.
