La Justicia de Salta homologó un acuerdo de reparación sin precedentes, tanto por su alcance económico como simbólico, a favor de 18 trabajadores indígenas víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral en la localidad de Santa Victoria. El imputado, Jesús Isauro Erazo, deberá desembolsar más de 36 millones de pesos y realizar tareas comunitarias.
El convenio, formalizado el pasado 23 de junio, beneficia a trabajadores captados en condiciones de vulnerabilidad extrema de las comunidades originarias El Cañaveral y San Luis. Fueron sometidos a trabajos forzosos bajo un régimen de servidumbre en la finca conocida como “Los Chilenitos” o “El Chileno”, ubicada en el paraje Tonono, sobre la ruta provincial Nº54.
Detalles de la Reparación y el Imputado El acuerdo establece el desembolso de 36 millones de pesos, más un ajuste de 500 mil pesos por inflación, suma que será distribuida en partes iguales entre las víctimas. Los pagos fueron acordados de manera escalonada y deberán completarse en un plazo de 90 días.
Además de la compensación económica, Jesús Isauro Erazo se comprometió a realizar tareas comunitarias durante seis meses, cumpliendo cuatro horas semanales de trabajo en un hogar de ancianos de Tartagal, realizando labores de limpieza y acompañamiento. Esta inclusión de un “enlace comunitario” fue sugerida por el juez Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas, de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, para reforzar el sentido de responsabilidad social del acusado.
La fiscal federal Lucía Orsetti, a cargo de la Sede Descentralizada de Tartagal, expuso los términos de la reparación, a los que adhirieron el defensor público de víctimas, Nicolás Escandar, y el abogado del imputado, Juan Martín Crosa.
Las Crudas Condiciones de Explotación Los hechos, según la fiscalía, ocurrieron entre noviembre y diciembre de 2023, aunque no se descarta que hayan comenzado antes. Las víctimas fueron convencidas con falsas promesas de empleo para realizar tareas de deschampe (limpieza de terrenos ya desmontados) a cambio de 8.000 pesos por hectárea.
La Huida y el Rescate Impedidos de retirarse, los trabajadores planearon una huida conjunta. La noche del 18 de diciembre de 2023, tres de los obreros lograron escapar tras varias horas de caminata y fueron auxiliados en una comunidad cercana. Ese mismo día, una denuncia anónima a la línea 145 del Programa de Rescate de Víctimas de Trata del Ministerio de Justicia de la Nación permitió poner en marcha un operativo de rescate con intervención de Gendarmería Nacional, constatándose las condiciones denunciadas y avanzando con la imputación penal de Erazo. Erazo fue imputado como autor del delito de trata de personas con fines de explotación laboral, agravado por el número de víctimas, el abuso de una situación de vulnerabilidad y la concreción efectiva de la explotación.
Justificación del Acuerdo de Reparación La fiscal Orsetti destacó la situación de vulnerabilidad estructural de las víctimas, que incluía acceso limitado o nulo a vivienda, alimentación, salud y educación, además de haber sido incorporados al trabajo infantil desde muy temprana edad, según un informe de la psicóloga Verónica Olguín Rufino.
Al justificar la vía de la reparación, Orsetti remarcó que, aunque la acusación es sólida y existe una alta probabilidad de condena, los caminos tradicionales de la justicia civil podrían resultar infructuosos para las víctimas. “No tengo mucha certeza”, dijo, refiriéndose a las posibilidades efectivas de una indemnización posterior. En ese sentido, citó el inciso 6 del artículo 6 del Protocolo de Palermo, que obliga a los Estados parte a garantizar mecanismos de reparación para quienes fueron objeto de trata.
El defensor de víctimas, Nicolás Escandar, respaldó la solución alcanzada, subrayando que “no se percibe como impunidad”, ya que el proceso penal podría reactivarse en caso de incumplimiento. También recordó casos similares donde la vía civil no permitió materializar la reparación económica por la insolvencia de los responsables. Explicó que se realizó una investigación sobre la capacidad de pago de Erazo, y una vez informado este panorama a las víctimas, estas aceptaron el acuerdo como una salida viable. El juez Baldi Cabanillas coincidió con las partes y homologó el convenio, reconociendo la legitimidad del proceso seguido y el consentimiento de todos los involucrados.
