Un nuevo capítulo se escribe en el expediente judicial de Pablo Carlos Molina (54), exsecretario penal del Juzgado Federal de Corrientes, quien se encuentra a las puertas de su segunda condena. En esta ocasión, Molina es juzgado por un hecho que conmociona a la esfera judicial: ordenar escuchas telefónicas ilegales a su propia esposa, motivado por sospechas de infidelidad con un hombre que había sido su novio en la década del ’90.
Los fiscales generales Carlos Schaefer y Martín Uriona, de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), han sido categóricos en su pedido: cinco años de prisión para el exfuncionario judicial, además de una inhabilitación absoluta y especial por diez años.
La defensa, por su parte, solicitó la absolución. Se espera que el fallo sea dictado el próximo 29 de julio, momento en el que Molina tendrá la oportunidad de hablar por última vez ante los jueces Manuel Moreira, Fabián Cardozo y Jorge Gallino.
El origen de la maniobra ilegal
El caso se remonta a mediados de 2014, cuando el vínculo entre Molina y su esposa atravesaba un período de crisis, y él sospechaba de infidelidades. La situación escaló drásticamente el 27 de agosto de 2014, cuando la mujer denunció penalmente a Molina en Resistencia, Chaco, por amenazas y lesiones.
Apenas dos semanas después de esta denuncia, el 11 de septiembre de 2014, Molina y el entonces juez federal Carlos Vicente Soto Dávila dispusieron la intervención de la línea telefónica de la mujer y de la persona que el secretario consideraba su amante. Según la acusación de los fiscales Schaefer y Uriona, Molina, en su rol de secretario penal, confeccionó y firmó un oficio judicial dirigido a la Dirección de Observaciones Judiciales de Zona Corrientes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), solicitando las escuchas.
El engaño y el descubrimiento
Para justificar estas intervenciones ilegales, Molina argumentó falsamente que los números de teléfono pertenecerían a individuos que integraban una organización narco que estaba siendo investigada por Gendarmería desde 2013.
Sin embargo, esta coartada fue rápidamente desvirtuada: un oficial de Gendarmería testificó que le resultó extraño el pedido, ya que el expediente mencionado había dispuesto el cese de la investigación tras la detención de los sospechosos, y los teléfonos intervenidos hasta ese momento eran de Paraguay, Buenos Aires y Mendoza, publica Clarín.
Otro gendarme clave en la investigación por narcotráfico afirmó que nunca elevó esos celulares al juzgado y desconocía a quiénes correspondían.
La trama se destapó en marzo de 2019, tras el relevo de Molina de su cargo, vinculado a una causa donde, junto a Soto Dávila, había beneficiado a una organización narco que operaba en Itatí.
Fue entonces cuando empleados judiciales, al revisar los elementos de la oficina de Molina, descubrieron 28 discos compactos con las escuchas realizadas entre el 18 de septiembre y el 1° de octubre de 2014. Gran parte de este material contenía la propia voz de Molina insultando y amenazando a su pareja, incluso con la idea de quitarse la vida frente a su casa.
En una de las grabaciones, Molina le decía: “¿Vos te pensás que me vas a frenar con una puerta si te quiero arrancar el mate? ¿Vos te pensás que con una orden me vas a frenar a mí? Soy un obsesivo cuando quiero”.
Acusaciones y antecedentes penales
Los fiscales imputaron a Molina los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica, en concurso real. El fiscal Uriona sentenció que Molina “procuró la intervención ilegal de su pareja y de un allegado de ésta en una causa en la que ya se había pedido el cese de la investigación”. Por su parte, Schaefer enfatizó que Molina “utilizó a las instituciones del Estado para su fin espurio, ilegal y violento” y que “se sirvió de las escuchas para atacar, como quien se sirve de un arma para disparar”.
Es importante destacar que Pablo Carlos Molina ya cuenta con una condena previa de cinco años de prisión por ser considerado integrante de una asociación ilícita que operaba dentro del mismo Juzgado Federal, encabezada por el ex juez Soto Dávila.
En esa causa, Soto Dávila fue condenado a seis años por cohecho pasivo y prevaricato, por haber otorgado la exención de prisión al narcotraficante Carlos Alberto Bareiro, alias ‘Cachito’, líder de una organización que traficaba marihuana, a cambio de un millón de pesos. La Cámara de Casación Penal incluso dispuso que esa pena para Molina sea elevada, y la causa se encuentra actualmente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El fiscal Schaefer también ha manifestado su intención de que Soto Dávila sea juzgado por estas escuchas ilegales, presentando un recurso de Casación contra su sobreseimiento en este caso particular.
Con el veredicto en puerta, el 29 de julio se definirá si Pablo Molina suma una nueva condena a su historial, reafirmando el uso indebido del poder judicial para fines personales y delictivos.
