La Cámara en lo Criminal y Correccional de 4° Nominación de la ciudad de Córdoba dio a conocer este viernes los fundamentos de la sentencia que condenó al abogado Sergio Hilton Raponi a ocho años de prisión en la causa por la explosión en una planta química del barrio Alta Córdoba el 6 de noviembre de 2014.
El empresario fue condenado por el delito de estrago doloso doblemente calificado y permanece en libertad hasta que quede firme la resolución.
Explosión en Alta Córdoba: los fundamentos
El tribunal consideró acreditado que Raponi estaba al frente de la planta, pese a que en el juicio él sostuvo ser un empleado más.
También concluyó que el acusado conocía perfectamente la peligrosidad de los materiales que se manipulaban en la química.
En la instancia de juicio se probó además que desde 2008 la planta tenía un depósito clandestino en el lugar donde se produjo la explosión. Ese predio mostraba su acceso tapado cada vez que había una inspección de la Municipalidad de Córdoba.
Además, el Tribunal indicó que la parcela carecía de las medidas de seguridad requeridas por las autoridades, pese a que allí también se almacenaban productos químicos peligrosos.
También corroboró que Raponi hizo una conexión clandestina de la fábrica a las cloacas y que, por allí, se escurrían los desechos químicos.
Raponi hizo certificar normas ISO en la fábrica, pero falseando los datos, confirmó el Tribunal.
Para el Tribunal, la explosión fue la causa inmediata de la muerte de María Angelica Cueto, una mujer que vivía cerca de la química.
Además, para la mayoría del Tribunal existió dolo eventual, puesto que la prueba demuestra que Raponi se representó el resultado y lo despreció.
También se atribuyó a Raponi la responsabilidad por los daños que ocasionó la explosión.
El Tribunal remitió a la fiscalía de Instrucción el expdiente para que se dirima la posible participación de Ismael Raponi, Nancy Silvia Raponi y Alejandra María Raponi Marón.
En cambio, no se hizo lugar a la solicitud de pasar los antecedentes en relación con los funcionarios municipales, atento que, para el tribunal, este pedido se basaba en meras sospechas sin fundamento probatorio.
