Un martes de fines de noviembre se celebró una audiencia virtual con comunicación desde la cárcel de Bouwer hacia Tribunales 2. De un lado del canal audiovisual se sentaba frente a la cámara el imputado Laerte Muzi; del otro, la fiscal de Delitos Complejos del 2° Turno, Valeria Rissi.
La conversación giró en torno a la decisión de Muzi de admitir su culpabilidad en la causa Euromayor, en la que está imputado de asociación ilícita y de estafas reiteradas. El contacto estaba precedido por la divulgación de las cuentas offshore que Muzi y su socio Jorge Monferini tenían en el extranjero, con movimientos entre ambos, como este diario lo publicó.
El diálogo entre acusado y acusadora ha avanzado en las últimas semanas y el pasado viernes habría tenido un nuevo avance, si bien todavía “no hay nada cerrado”, según confían aquellos que conocen desde prudente distancia lo que ocurre en el expediente.
Pero Muzi no estaría solo en su intención de “levantar la mano” y serían varios los que tomarían el mismo camino al apreciar que el avance de la instrucción de Rissi sigue a paso firme y los contornos del “monstruo” de un expediente denso comienzan a apreciarse cada vez con mayor claridad.
Lo que se indica entre los actores relacionados con la causa es que, en total, están avanzadas conversaciones por cuatro “juicios abreviados iniciales”, aquellos que terminan celebrándose en el Juzgado de Control y que no llegan a un debate en una Cámara del Crimen.
Todavía falta mucho para la firma de un acuerdo que debe refrendar luego el juez de Control. Pero lo cierto es que para las defensas las estrategias se han visto más limitadas con la consecución de nueva prueba, como el descubrimiento de cuentas offshore en Miami y en las Islas Vírgenes que desnudó algunos movimientos ocultos de acusados y de familiares.
El gran logro de Rissi fue obtener la colaboración de las autoridades de Estados Unidos para responder a su requisitoria de información clave para comenzar a indagar algunos datos de la ruta del dinero, que se presume fue obtenido con las presuntas estafas.
Si bien los interlocutores de esas conversaciones de juicios abreviados prefieren no adelantar que están en estas tratativas, Muzi y los otros tres imputados se encuentran en plena negociación. Con su habitual hermetismo y cautela, la fiscal tampoco suelta prenda sobre las tratativas.
En marzo de 2022 se cumplirán tres años del estallido de la causa Euromayor, que involucra al conglomerado de empresas que también integran South American Trust SA (Satsa) y Trust & Development (T&D). Tras los procedimientos ordenados por Rissi, siguieron una trabajosa instrucción en la fiscalía y la prolongada prisión preventiva de los principales imputados. Acaso por esto, quienes están en conversaciones quieren mantener el hermetismo para “cerrar” con un resultado concreto la trabajosa pugna entre acusados y acusadora.
Además de Muzi, también está detenido con los mismos cargos el otro CEO de la corporación, el abogado Jorge Monferini, aunque este goza de prisión domiciliaria. El grupo ejecutivo se completa con quien era el gerente del área legal, Mariano Fontán (recientemente salió con domiciliaria por problemas de salud); el responsable de la firma South American Trust (Satsa), Jorge Airaudo, además un empleado jerárquico ligado a él, Oscar Cerutti (también con prisión domiciliaria).
Estos cinco son los principales involucrados con restricción de la libertad, y la plantilla de imputados se completa con otros ocho empresarios que están libres.
Entre las novedades del expediente de las últimas semanas, se produjo una ampliación de la imputación en el emprendimiento Vistas del Parque (en Valle Escondido), con nuevos hechos de estafas con sus damnificados.
“Multiestafadora”
A mediados de este año, la fiscal Rissi concretó nuevas imputaciones, entre ellas la de la abogada Juliana Inés Odetto, oriunda de Rafaela, quien se desempeñaba junto con Airaudo, con participación en la gestión del emprendimiento Valle del Golf, en jurisdicción de Malagueño.
Esa no era una gran noticia hasta que se conoció que el mes pasado Odetto y la también abogada y socia Analía Verónica Romera fueron condenadas en su ciudad de origen, Rafaela, por haber cometido reiteradas estafas procesales.
En juicio abreviado, Odetto confesó (junto con su socia) su participación en las defraudaciones y, además de recibir una pena de tres años de prisión en suspenso, más inhabilitación de 10 años para ejercer la profesión, debe pagar (esto con su socia Romera) casi cinco millones de pesos “en concepto de multas, indemnizaciones, donaciones y gastos”, según lo resolvió la jueza Cristina Fortunato al bajar el martillo.
Según consignó el diario UNO de Santa Fe, la fiscal de instrucción rafaelina Gabriela Lema señaló: “La importancia de esta condena es que pudimos poner en evidencia las maniobras procesales fraudulentas que realizaban las dos abogadas y que ocasionaban un gran perjuicio a la administración pública y al sistema de justicia santafesino”.
La funcionaria brindó un dato significativo sobre lo que cometió en Santa Fe la imputada en Euromayor: “Odetto fue condenada por la autoría de 91 hechos ilícitos”.
