La densidad de las sociedades que integran Euromayor es tan extensa y profunda como las estafas que han provocado a cientos de inversores desposeídos de las viviendas por las que invirtieron sus mejores ahorros.
Más allá de la causa penal que instruye la fiscal de Delitos Complejos del 2° Turno Valeria Rissi, en el fuero Civil hay numerosos expedientes que se relacionan a concursos de las empresas o fideicomisos fallidos. El impresionante entramado de firmas y conglomerados societarios de lo que se hace llamar “Euromayor” tiene causas en diversas sedes civiles y comerciales.
Uno de estos emprendimientos que dejó defraudados a decenas de inversores o ahorristas que pugnaban por su vivienda es Vistas del Parque (VDP), localizado en Valle Escondido, en el extremo oeste de la capital provincial.
Allí, sobre un predio de más de tres hectáreas –31.790 metros cuadrados– se proyectaron cuatro torres de departamentos, de las cuales se levantaron dos, sólo en una mitad de ese terreno.
Quienes a comienzos de la década pasada adquirieron departamentos a Trust & Development (TYD) –vinculada en emprendimientos inmobiliarios con Euromayor– se dieron con que al promediar ese decenio se esfumaron sus sueños. Dos de las torres quedaron levantadas, pero resta la terminación que, según quien lo calcule, oscila entre el 25 y el 50 por ciento del total de obra.
Un grupo de ahorristas defraudados se reunió en torno del proceso que lleva adelante el juez de 6ª Nominación Civil y Comercial –a cargo de Quiebras y Concursos–, Domingo Saúl Silvestre. Ante el “estado de obra” que aprecian, vienen bregando para ser ellos quienes terminen a su cargo lo que les resta y así poder escriturar su propiedad. Todo, a pesar de haber sido estafados.
En principio habría existido un entendimiento con el juez Silvestre, pero el mes pasado se dieron con la sorpresa de que ese magistrado ordenó el remate de todo el predio, con lo que se convirtieron –para la Justicia– en personas que esperan cobrar los saldos de una subasta.
De tener un departamento que pagaron y quieren terminar a su costo, aseguran que ahora cobrarán “monedas”, lo que los dejará, otra vez, defraudados.
El proceso de la fallida que falló
Un colectivo de “vecinos” que están representados por varios abogados, entre ellos Mariano Segundo Andruet, comenzó a entenderse con el juez Silvestre hasta que él les manifestó –según aseguran– que si cumplía con una serie de condiciones podían “entrar” al predio, a su costo terminar los departamentos y así poder escriturarlos como propios.
Silvestre venía de decretar la quiebra de TYD a comienzos de septiembre de 2019, pero los integrantes de uno de sus emprendimientos –VDP– consiguieron que el juez les permitiera una “alternativa” superadora.
El 13 de agosto de 2021 el magistrado firmó el auto interlocutorio 90, en el que planteaba que si los vecinos cumplían una serie de condiciones les permitiría la terminación de las obras para conseguir sus departamentos. La idea del entendimiento era que la iniciativa fuera “fáctica y jurídicamente posible”.
También proponen subdividir en dos esas más de tres hectáreas para que la otra mitad –sin edificar– sea rematada a beneficio de la quiebra.
Andruet, a la par que asegura que esa decisión está “firme”, enumera que con el colectivo de sus representados cumplieron con “todas las condiciones que él mismo fijó”. Así, detalla: un presupuesto de los trabajos por ejecutar; gestionar la deuda con las dependencias públicas normalmente “anotadas” como privilegiadas para verificar créditos, como la Dirección de Rentas, la Municipalidad y Epec, entre otras; planos visados por arquitectos, en los que se sostiene la viabilidad de la obra, y oficios a las entidades públicas para determinar la viabilidad.
“Todo lo que acompañamos –dice Andruet– era para cumplir con esas condiciones que el juez nos había impuesto”. En esa línea, los inversionistas estafados presentaron esas condiciones en el juzgado el 7 de abril y el 12 y el 19 de mayo pasados.
Pero días después, el 23 de mayo, Silvestre dictó su sentencia 63, en la que sostiene que esa iniciativa no es jurídica ni fácticamente posible. Con esto, mandó a remate todo el predio de VDP.
“El juez, de un ‘sacudón’, nos impidió el cumplimiento de estas condiciones que él nos fijó”, sostiene Andruet, en disconformidad con la última decisión que los privó de lo que gestionaron durante el año pasado y lo que va del presente.
Aseguran que el emprendimiento tiene un avance de obra de entre el 70 y el 80 por ciento, según criterios, y que uno de los damnificados del grupo tiene una constructora que puede finalizar los trabajos.
Otra vez víctimas
Los protagonistas de estas historias no son “inversionistas”, sino personas de clase media que pusieron sus ahorros para conseguir una vivienda.
Marisel Ferreyra quedó viuda hace varios años, con una hija de 12 años. Luego de pasar por la declaratoria de herederos, decidió pasar todos sus ahorros a la adquisición de una unidad habitacional para vivir con la niña. Además de ese dinero, entregó a TYD un automóvil Citroën C4, con la idea de que terminaran el 25 por ciento que restaba para finalizar la obra.
Pero una semana después se encontraron con que en el predio ya no había carteles de la empresa y no quedaba nada. Sólo demoraron un tiempo más entender que habían sido estafadas.
Ferreyra sostiene que el juez Silvestre les aseguró que iban a poder hacer los trabajos y “ahora él se contradice, porque quiere ir a remate”.
“Nosotros no somos grandes inversionistas. Pagamos cuotas accesibles, hay muchas parejas jóvenes y algunos pidieron préstamos para poder entrar en este emprendimiento”, sostiene la mujer, indignada por la decisión del juez, que, según Ferreyra, “ve esto como una inversión” y no piensa en la realidad social de los estafados. “No somos inversores, somos todos familias”, agrega la docente.
“A mi familia el juez nos provocó un daño moral; a mí y a mi hija”, completa Ferreyra.
Algo parecido le pasó a Javier Alfaro, otro de los damnificados consultados por La Voz. “Cumplimos con todo lo que nos pidió el juez y sólo tiene que darnos la ‘obligación de hacer’ para terminar de construir nuestra casa”, manifestó el geólogo, que se queja porque tiene que pagar alquiler. “Fuimos estafados por esta empresa y luego por la Justicia”, resumió el padre de familia.
Ajustado a derecho
Este medio consultó al propio juez Silvestre, quien discrepó con los particulares sobre el avance de las obras, al asegurar que una pericia determinó que se llegó sólo a un 50 por ciento. Manifestó que no es viable la solución propuesta por los damnificados porque, si bien está toda la estructura levantada, resta “lo más caro” que son las instalaciones, aberturas, pisos y los “detalles” que encarecen una obra.
El magistrado negó haber hecho promesas y aseguró que “no todos pueden” continuar con las obras porque no tienen los recursos. También hay discrepancia en relación con quienes quieren la solución “alternativa”, que dicen ser más del 70 por ciento de los damnificados y desde la Justicia sostienen que es una proporción bastante inferior.
“Todo está fundado en derecho, citando doctrina y jurisprudencia”, comentó el juez Silvestre a La Voz sobre su última decisión.
El magistrado confirmó que esa resolución ya fue recurrida. Los actores dijeron que debieron hacerlo por recurso directo, por haber sido denegado por el juzgado. Esa vía de queja es más onerosa, porque hay que hacer un depósito elevado.
Ahora deberá decidir una de las dos cámaras que tratan las decisiones de Silvestre recurridas, la 2ª o la 9ª.
