El “anzuelo” era una vida exitosa en poco tiempo y con importantes ganancias a través de las redes sociales o el trading cripto. Las maniobras de la falsa academia de enseñanza L360/IM Mastery Academy terminaron por develar en un juicio realizado en Córdoba las perversas defraudaciones que una banda criminal perpetró en contra de innumerables damnificados.
En un fallo unipersonal de la jueza Noel Costa, el Tribunal Oral Federal N° 3 de Córdoba capital condenó en un juicio abreviado a Renato Lucciano Rivarola Oblitas, Brian Tomás Manrique, Andrea Estefanía Bautista Bedoya, Lautaro Julián Manrique, Gustavo Miguel Zamora y Haidar Tawil Abou (tres años de prisión condicional por asociación ilícita y estafas reiteradas) e impuso un año de prisión condicional a María Victoria Gómez y Pamela Angélica González (estafas reiteradas).
Los condenados deberán reparar el daño a las víctimas.
La academia del engaño
La denuncia de una joven de Misiones que advirtió las maniobras permitió al fiscal federal de Instrucción N° 3 de Córdoba capital y de juicio, Maximiliano Hairabedian, iniciar una investigación sobre el caso, con múltiples damnificados y un denominador común: jóvenes de escasos recursos e ilusionados con una vida más auspiciosa a partir del negocio de las suscripciones al grupo.
La organización criminal presentaba la falsa idea de ofrecer cursos o capacitaciones a través de IM Mastery Academy (sin registración jurídica en Argentina, como tampoco su “franquicia”, L-360), cuando en realidad los estafadores buscaban como único objetivo captar víctimas que pagaran una “suscripción” para comenzar a trabajar, y reclutar, a su vez, nuevos “suscriptores” (víctimas), para alimentar el sistema piramidal de estafas.
Para seducir a los interesados, por un lado los imputados aludían a la imagen de confianza de la IM Mastery estadounidense y a las operaciones que esta realizaba en 134 países (a las que se sumaban otras firmas con apariencia de legalidad) y de una academia de enseñanza y cursos sobe redes sociales, marketing, trading y cripto.
La oportunidad de aprender se transformaba rápidamente en una posibilidad de trabajar para una firma de estilo “internacional” o bajo un “barniz de legalidad”, como sostuvo el fiscal.
Esto no era menos atrayente que la ilusión generada: la posibilidad de alcanzar un futuro económico pujante, con ingresos en dólares, lo que les daría independencia y seguridad.
Se sembraba en la mente de las víctimas la idea aspiracional de un estatus socioeconómico plasmable a través de la vestimenta, autos lujosos, vacaciones y oficinas extravagantes, harto conocido en los sistemas Ponzi.
Pero también buscaban exhibir ejemplos de superación personal, reconvertidos en casos de “éxito”, relacionados a ciertos estatus sociales populares y profesionales, como jugador de fútbol (Brian Manrique), abogada (González) y madre soltera (Bedoya).
Así, los imputados “se autorreferenciaban como imagen a seguir en el negocio que promocionaban”, según explicó la jueza.
Una vez captado el interés, la mecánica del engaño se gestaba a través de transmisiones en vivo y reuniones presenciales, donde inducían a las víctimas a sumarse a un “equipo” de trabajo, generar ingresos en dólares, en horarios a elección y con una capacitación como “beneficio” adicional.
El target de las víctimas a las que apuntaban los estafadores no era casual: jóvenes de entre 17 y 35 años, de diversas provincias y países (Paraguay, Ecuador, Venezuela, Uruguay y Bolivia), sin estabilidad laboral o trabajo, con bajos recursos y con la tentadora posibilidad de hallar trabajo rápido.
En otras palabras, fácilmente manipulables, si no de una, de varias formas o a como diera lugar.
Las personas contactadas eran tentadas a trasladarse a la ciudad de Córdoba con la excusa de que lograrían “concentrarse mejor” en los objetivos laborales sin distracciones (“la cultura del departamento”).
De este modo, las víctimas abonaban gastos de suscripción (algunos hasta tuvieron que vender sus zapatillas, pedir ayuda o usar el aguinaldo del trabajo anterior), traslados, alquileres y manutención, sin que los imputados corrieran con ningún riesgo. El objetivo era ejercer un control.
Al llegar, eran apiñados en tres departamentos controlados en condiciones totalmente deplorables, junto con otras víctimas. “Los acusados ejercían la actividad ilícita dentro de una estructura organizada y permanente, que coronaba en lo que se denominaba la ‘cultura del departamento’, en la que cada uno cumplía roles diferentes, desde captación, alquiler de los inmuebles, control de las víctimas y manipulación para el cumplimiento del objetivo”, resaltó la jueza Costa en su fallo.
Bajo jerarquías que respondían a “chairman” (presidente) o “platino”, representativo de puestos dentro de la organización, la banda empleó diversas técnicas de manipulación y engaño para doblegar la voluntad de las víctimas y maximizar sus ganancias.
Así, Rivarola Oblitas era un “referente” o “líder” en la asesoría de los “negocios” de la empresa en Latinoamérica; Zamora tenía a cargo a jóvenes engañados, para utilizarlos en la organización, controlarlos y hacerlos “productivos”, además de buscar locaciones; el venezolano Tawil Abou dictaba las metas por cumplir y rastreaba locaciones, y Rivarola, los Manrique y Bedoya realizaban videollamadas para difundir la “empresa”.
A pesar de las denominaciones internas (“chairman” o “platino”), para el fiscal Hairabedian todos eran miembros de la asociación ilícita, sin distinción de jefes u organizadores/miembros, debido a que –según entendió- la estructura superior se encontraba en Estados Unidos.
“Suscriptores” (víctimas) y miles de dólares
Por cada “suscriptor” que las víctimas eran inducidas a alcanzar, los estafadores cobraban comisiones, a la vez que luego percibían más dinero por la permanencia y por los equipos de “trabajo” generados.
Las ganancias, que iniciaban en 150 dólares (por tres “suscriptores” nuevos), se elevaban hasta los 50 mil dólares.
Los damnificados que abonaron la “suscripción” de IM Mastery no lo hicieron para desarrollarse en los “cursos” que ofrecía la empresa” –ya que, como se dijo, esta tan sólo era una fachada-, sino en la creencia de que se sumaban a un equipo laboral del que iban a obtener remuneraciones de entre 150 y 600 dólares mensuales.
Algunas víctimas tuvieron que generar nuevos “suscriptores” (es decir, nuevas víctimas) para saldar la “deuda” de convivencia en los departamentos, porque no contaban con recursos, en medio de la vorágine de un sistema perverso.
Para mantener la estructura de estafa piramidal, si las víctimas no conseguían “suscriptores” debían “sumar” a sus familiares o amigos, lo que aumentaba ampliamente el perjuicio en proporción a las ganancias de las estafas, según la investigación del fiscal Hairabedian y del juez N° 1, Alejandro Sánchez Freytes.
El engaño no sólo giró en torno de la compensación económica que recibirían las víctimas, sino también el mentado “éxito” que podrían alcanzar, según el tipo de actividades que realizaran.
De este modo, los imputados que se mostraban como “independientes” (manejando su tiempo) exigían a las víctimas apartar tiempo de trabajo los siete días de la semana, sin descansos prudentes, con jornadas extensas donde tenían que conectarse a radios en vivo, Zoom y explorar potenciales “clientes”.
En medio de las condiciones de presión que sufrían la víctimas, las salidas que podrían realizar de los departamentos donde estaban hacinados estaban reguladas. Sólo podían salir de manera grupal, por un lapso exiguo y a una distancia cercana, lo que habría posibilitado a los “chairmans” tomar el lugar natural de la familia y amigos (a quienes llamaban “distractores”).
Incluso aquellos que no abonaron suscripción o que no asumieron gastos iniciales de mantenimiento, sufrieron perjuicios patrimoniales, porque debieron destinar “horas laborales” a la “empresa” sin ningún salario. “Todo ello se sustentaba en una lógica del éxito de mentalidad positiva, por la que tenían que renunciar a reuniones sociales y/o familiares en pos de perseguir lo realmente importante: lograr sus expectativas económicas, lo que no hacía más que acrecentar las cuentas de los propios imputados”, recalcó la jueza.
