Émulo aparente de “IM Mastery Academy”, una organización sospechada de montar una estafa piramidal en España, “L360/IM Mastery Academy” hizo pie en Córdoba con una metodología “espejo”, con atrayentes posibilidades de falso crecimiento laboral que enmascararon un caso de trata y fraude virtual.
La denuncia de una joven de Misiones que advirtió las maniobras permitió al fiscal federal N° 3, Maximiliano Hairabedian, iniciar una investigación con múltiples damnificados y un denominador común: jóvenes de escasos recursos e ilusionados con la doble oportunidad de obtener un pasar económico más auspicioso y ganar experiencia en el negocio de las suscripciones al grupo.
Los allanamientos ordenados en julio por el juez N° 1, Ricardo Bustos Fierro en tres departamentos ubicados en edificios de Cofico, Alta Córdoba y General Paz culminaron con el rescate de numerosas víctimas de trata en condiciones de hacinamiento.
Por estas horas, la causa tuvo un nuevo avance con los procesamientos –sin prisión preventiva– de Renato Lucciano Rivarola Oblitas (35), los hermanos Lautaro Julián Manrique (22) y Brian Tomás Manrique (25), Andrea Estefanía Bautista Bedoya (29), Gustavo Miguel Zamora (26), María Victoria Gómez (23), Pamela Angélica González (25) y Haidar Tawil Abou (22) por presunta asociación ilícita.
El juez también los procesó por trata de personas con fines de explotación laboral agravado, número de víctimas abuso de una situación de vulnerabilidad, la participación de tres o más personas y la consumación de la finalidad de explotación, estafa y tentativa de estafa en la causa en la que se investigan 32 hechos.
La academia del engaño
La banda habría operado algunos meses antes de junio bajo las órdenes de los peruanos Rivarola Oblitas (presunto líder y fundador de L360/IM) y Andrea Bedoya y los argentinos Brian Manrique, Lautaro Manrique y Zamora, y con la participación de Gómez, González y el venezolano Twail Abou.
Habrían captado y acogido a numerosos jóvenes con el fin de estafarlos y someterlos a explotación laboral a través de L360/IM, vinculada a IM Mastery Academy. Bajo jerarquías que respondían a “chairman” (presidente) o “platino”, la banda habría empleado técnicas de engaño, manipulación y presión psicológica para doblegar la voluntad de las víctimas.
El “anzuelo” habrían sido las falsas promesas de alcanzar una vida exitosa en poco tiempo y obtener importantes ganancias a través de las redes sociales o el trading de criptomonedas mediante el objetivo de sumar “suscriptores”.
De esta forma, la captación inicial habría sido mediante redes sociales, donde tras una conversación les ofrecían formar parte de L360/IM. Una de las víctimas, incluso, habría sido seducida por Bedoya en Puerto Madero, tras lo cual transfirió 27 mil pesos en concepto de “suscripción”.
Esquema Ponzi
Para participar, las víctimas debían transformarse en “suscriptores” a cambio del pago de unos 150 dólares –o incluso más– en concepto de “suscripción”. Al ingresar al grupo, podían recibir charlas y videoconferencias “motivacionales” y/o referentes a “marketing” dadas por algunos de los imputados.
Pero, al mismo tiempo, esos “suscriptores” debían buscar nuevos “socios” (víctimas) a quienes seducir para que se suscribieran. En caso de que los nuevos adeptos no tuvieran el dinero para “suscribirse”, la “suscripción” podía abonarse a través de la captación de nuevos “suscriptores”.
“De esta manera, L360/IM constituiría un esquema Ponzi de estafa o estafa piramidal: cada persona engañada, captada, estafada y explotada era utilizada como instrumento de la organización para captar nuevas víctimas y repetir o replicar la maniobra, y así sucesivamente ampliar el potencial número de nuevas víctimas”, advirtió Hairabedian.
El target de las víctimas no habría sido casual: jóvenes de entre 17 y 35 años, oriundas de varias provincias (Córdoba, Catamarca, Salta, La Rioja, Misiones, Corrientes, Santa Fe, Chaco y Buenos Aires) y países (Paraguay, Ecuador, Venzuela, Uruguay y Bolivia), sin estabilidad laboral (desde empleados de todo hasta un remisero, y agricultor y un albañil), sin trabajo o con bajos recursos.
Con la ilusión de un futuro prometedor, los jóvenes –entre ellos, estudiantes de Odontología, Administración, Psicología, Ingeniería y Derecho– debían viajar a Córdoba para poder sumarse a la “empresa”, ya que hacerlo les posibilitaría “concentrarse mejor en su trabajo”, “estar en contacto con otras personas de la misma actividad” y “alejarse de las distracciones”. Algunas costeaban sus pasajes y otros eran soportados por los mismos imputados.
Al llegar, eran apiñados en tres departamentos ubicados en José María Bedoya 990 (controlados por Gómez, González y Tawil Abou), Rivera Indarte 1822 (a cargo de Zamora) y Fray M. Esquiú 263 (bajo la supervisión Lautaro Manrique) en condiciones absolutamente deplorables junto a otras víctimas.
Debían trabajar extensas jornadas, de lunes a lunes. La alimentación, el descanso y la higiene eran deficientes. Debían utilizar el mismo baño en grupos de más de 10 personas bajo el estricto control enmascarado como “cultura departamento”.
Las salidas de los departamentos estaban reguladas. Sólo podían ser de manera grupal, por un lapso exiguo y a una distancia cercana, lo que habría posibilitado a los “líderes” o “chairman” tomar el lugar natural de la familia y amigos (a quienes llamaban “distractores”).
La fantasía del éxito
Mediante redes sociales, las víctimas debían captar a posibles nuevos posibles “suscriptores” (una segunda “capa” de víctimas) enviando entre 300 y 400 mensajes diarios registrados en cuadernos, publicitando la “empresa” y sus propuestas y ofreciéndoles “suscribirse” para acceder a supuestos “servicios”.
A través de las “capacitaciones” (“cafetería ”, “radio Mix LR” e “historias de éxito”), la banda habría buscado consumar una doble finalidad: adoctrinar a las víctimas para captar nuevas y tener el control emocional de ellas mediante el sometimiento psicológico.
Los “líderes” habrían menoscabado el ánimo y el pensamiento de las víctimas apelando a “testimonios” de supuestos casos de éxito, para lograr la fijación de metas difícilmente alcanzables.
Podrían percibir un sueldo cuyo monto dependía de la cantidad de “suscriptores” que consiguieran, lo que, a su vez, les permitiría ascender de “categoría” en la estructura. De este modo, pasarían de “Platino 150″, a “Platino 600″ y luego a “Platino 1.000″ para seguir creciendo.
Contra toda ilusión, la recompensa era ciertamente insuficiente: además de compartir con los demás los gastos de alquiler, los alimentos y elementos de aseo, se les descontaban los gastos de “suscripción”, sin casi otra retribución.
El dinero del pago por las “suscripciones” era depositado en la web de IM L-360. Los imputados habrían tenido la administración y disponibilidad del dinero. Luego, las víctimas habrían transferido los fondos desde esa plataforma a Binance y de allí a sus cuentas personales para, finalmente, extraerlo de un cajero.
Lejos de las promesas empresariales y de un ansiado ascenso social, las 27 víctimas se vieron a sí mismos vivenciando un presente humillante, durmiendo en el piso y con las propias características de todo hacinamiento.
El afán por multiplicar las ganancias mediante las estafas tampoco disuadió los intereses de la banda, que no tuvo conmiseración de algunas de las víctimas. Desde una joven desempleada post Covid-19 a los graves problemas de salud en una víctima uruguaya que abandonó el secundario por lesiones cerebrales y de columna. No sólo perdió 185 dólares por la “suscripción”, sino que debió pedir dinero prestado para volver a su país.
Las sospechas sobre quiénes digitaban las maniobras o tenían cierta participación en ellas recayó sobre Zamora cuando en uno de los operativos se hizo pasar por “amigo” de las víctimas.
En las escuchas, fue captado consultando a inmobiliarias por alquileres temporarios para tres o cuatro personas, y también comprando grandes cantidades de comida en cercanías del departamento de Rivera Indarte que él habría controlado. También confirmó a su madre las sospechas que pesaban sobre la banda: “Nos denunciaron por trata, por estafadores, todo. Están todos pegados menos yo”.
“Vinieron dos pel… de Misiones que rogaban por venir a trabajar acá (…) No hicieron nada y se fueron. Sacaron fotos, y justo teníamos superpoblación de socios; unos dormían en el piso (…). Como yo no vivo en las franquicias, no quedé pegado”, dijo, describiendo quiénes habrían tenido una función más encumbrada en la “empresa” (Lautaro Manrique y Bedoya).
Denuncia clave: cómo cayó la organización
Una joven misionera fue clave para desbaratar a la organización. Engañada presuntamente para “colaborar con las aplicaciones Amazon, Netflix, Mercado Libre a los fines de generar ingresos”, la mujer fue “seducida” por el éxito de la “academia”.
A llegar a Córdoba, se percató de las condiciones de explotación y simuló un problema familiar en Misiones para lograr escapar. Antes de marcharse, presentó la denuncia penal que hizo caer a la organización.
El fiscal estableció múltiples hechos de captación similar, en el mismo lapso y con características semejantes. Otra de las víctimas llegó a pagar más de 40 mil pesos para “suscribirse” al grupo que habría liderado Rivarola Oblitas, a quien los “empleados” debían llamar “Mi chairman”.
Defensa y procesamiento
Los imputados manifestaron que conocieron a L-360 a través de redes sociales. Según su versión, les brindaron información respecto al funcionamiento de la empresa a la que debían pagar una “matrícula” de 235 dólares y luego una surte de “cuota” de 175 dólares mensuales. Señalaron que la “empresa” poseía con una parte comercial, con la finalidad de vender el “servicio educativo” y cobrar una comisión por ello.
El juez Bustos Fierro consideró que la banda tenía “como fin atraer con un directo eufemismo a un grupo de jóvenes con tipologías análogas: rango etario, desarraigo familiar y social, distancia geográfica, insolvencia económica; todo ello con el fin de concretar una persuasión coercitiva” y consumar los delitos achacados.
“Las acciones típicas desplegadas a lo largo del tiempo (captación, traslado, recepción/acogida) habrían perseguido la finalidad delictiva de concretar la explotación”, indicó.
