Un curioso caso de presunta estafa de miembros de una familia en perjuicio de otros herederos de una mujer adinerada acaba de ser enviado a juicio en los Tribunales provinciales. El fiscal de Delitos Complejos del Primer Turno, Enrique Gavier, tomó el caso a partir de la denuncia de 2016 de parte de quienes se sentían perjudicados por la distribución de bienes de María de los Reyes De Tezanos Pinto, fallecida en 2015.
El acervo patrimonial de De Tezanos Pinto era cuantioso, de varios millones de dólares, con valiosas propiedades en varias provincias. Según la instrucción del fiscal Gavier, tres de los hermanos condujeron una serie de complicadas maniobras a partir de un poder otorgado por la mujer –conocida por todos como “Reina”– cuando esta tenía unos 90 años.
“Reina” tuvo cinco hijos con su marido Carlos Alberto Crocce, tres de los cuales habrían encabezado el fraude para perjudicar a otras dos. Los que deben ir a juicio por estafas y otros delitos son Alejandro Marcelo Croce (76, abogado), Carlos Julio Croce (78, ingeniero) y Susana del Carmen Rosalía Croce (69). A ellos se agregan el marido de Susana, Manuel Santos María González Pizarro (72), y el hijo de ambos, Manuel Salvador González (45), ambos abogados que habrían “asesorado” a los tres hermanos para concretar la supuesta trama estafatoria.
Respecto del poder otorgado por Reina a algunos de sus hijos, Gavier dice: “La hipótesis que aquí se postula se asienta sobre el hecho de que María Luisa de los Reyes De Tezanos Pinto de Croce revelaba un estado de salud deteriorado por su avanzada edad, pero fundamentalmente sobre el aprovechamiento de su situación de necesidad”. Luego añade que Reina “requería de un manejo idóneo, que claramente ya no estaba en condiciones de afrontar”.
Luego explica el instructor que De Tezanos Pinto “había delegado a sus hijos Alejandro Marcelo y Carlos Julio Croce el manejo de esos bienes”, mientras que “a las gestiones judiciales las había delegado a su yerno y a su nieto”, Manuel González padre e hijo.
Según describe la acusación, además de una serie de movimientos notariales de presunta falsedad, en 2010 vendieron un campo de 533 hectáreas en Entre Ríos sin concretar su entrega, continuaron con la explotación y administración de esa tierra, cobrando para ellos esas ganancias. Tras firmar un boleto y cobrar más de medio millón de dólares (573 mil) en concepto de seña, habrían generado un conflicto para tratar de responsabilizar a los compradores por supuesto incumplimiento del contrato, para así no concretar la venta y la escrituración definitiva.
Mientras tanto, los compradores del campo entrerriano iniciaron una demanda que generó un juicio civil en contra de Reina y todos sus herederos. A la par, los tres hermanos continuaron con la explotación del campo y más de medio millón de dólares en una cuenta en el extranjero. La operación definitiva por esa propiedad en Rosario del Tala (Entre Ríos) era por un total de 2,8 millones de dólares.
Luego de fallecida Reina en 2015, la acusación sostiene que los enviados a juicio presentaron para la firma, a través de un apoderado, una división de bienes por más de 1,3 millones de dólares para cada uno de los cinco hijos (o sus herederos), pero beneficiándose ellos y perjudicando a quienes habían sido inicialmente excluidos. El escrito presentado para la firma indicaba que si no aceptaban ese acuerdo, perdían la cesión de algunos bienes.
Denuncia
Los otros herederos perjudicados fueron, según la acusación, María Luis del Rosario Croce y los tres hijos de la fallecida Cristina Inés Croce: Agustina, Marcos y Gonzalo Sastre. A su vez, uno de los sobrinos padece una discapacidad intelectual, lo cual agrava la acción de los enviados a juicio.
Estos tres nietos están representados por Miguel Ángel Ortiz Pellegrini, quien inició su participación en 2016 como denunciante y en la actualidad es querellante en representación de los sobrinos de los enviados a juicio por haberlos excluidos del legado patrimonial de la familia.
Gavier imputa a los tres hermanos y a sus familiares por dos ramas de delitos: los relacionados con la “venta” del campo a terceros y el juicio que generó, por “administración fraudulenta continuada” y “tentativa de estafa procesal”, en concurso real; mientras que por la distribución de los bienes, les adjudica “circunvención de incapaces reiterada”, “falsedad ideológica reiterada” y “tentativa de estafa procesal”.
