La Justicia de Córdoba tiene en sus manos la resolución del capítulo local en una causa que persigue un complejo entramado internacional por presunto abuso sexual infantil y pedofilia. Cincuenta personas fueron detenidas días atrás en distintas provincias de la Argentina, al tiempo que se secuestró una gran cantidad de computadoras, celulares y equipamiento electrónico.
En ese marco, el 30 de agosto fueron apresados en la provincia de Córdoba cuatro hombres luego de una serie de allanamientos en distintas ciudades y barrios de la Capital.
Los operativos se concretaron en el marco de la “Operación Internacional Aliados por la Infancia”: la primera acción internacional concebida y coordinada desde Argentina para combatir la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, según detalló la Unidad de Cibercrimen de la Fiscalía General de la ciudad de Buenos Aires.
La Voz pudo establecer que uno de estos detenidos es Alfredo Díaz, vocal titular en el Consejo Capital de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC).
Junto con él, y al parecer sin relación entre ellos, están implicados un empleado metalúrgico, un community manager y un tercer detenido de quien se desconoce su profesión (cuyo expediente se tramita en la fiscalía de Carlos Paz).
Los otros tres están en manos del fiscal Franco Pilnik, quien dirige las actuaciones bajo estricta reserva.
Consultado sobre los avances de la causa, el funcionario que investiga el cibercrimen en Córdoba se limitó a reconocer la identidad del detenido, confirmando que se trata del gremialista. También dio por ciertas las profesiones de los restantes implicados.
Están imputados por supuesta facilitación de representaciones de abuso y explotación sexual infantil, agravada por la presencia de menores de 13 años (en calidad de autores) y tenencia de representaciones de abuso y explotación sexual infantil, agravada por la presencia de menores de 13 (autores).
Permanecen tras las rejas en calidad de detenidos y se aguardan una serie de informes y pruebas para resolver sus situaciones. Deben ser indagados.
Recién entonces se podrá saber qué tienen para decir los acusados.
Hasta este renglón avanzó Pilnik, quien se excusó para dar mayores detalles sobre la red que investiga junto a otras fiscalías especializadas del resto del país y el mundo, en el marco de lo cual logró efectuar nueve allanamientos el 30 de agosto pasado, con el resultado de las mencionadas detenciones.
El papel de Alfredo Díaz, el sindicalista detenido por pedofilia en Córdoba
Alfredo Díaz es profesor, pero especialmente es un reconocido engranaje de la conducción del gremio docente, con gran influencia en las escuelas de la llamada “zona sur”.
Se trata de una franja de la ciudad de Córdoba que agrupa a los barrios Cabildo, Santa Isabel, Villa El Libertador, Comercial e Inaudi, entre otros.
En la fiscalía se negaron a dar detalles sobre la instrucción que cursa Pilnik, sin embargo este medio pudo saber que Díaz presuntamente consumía contenido ligado al abuso sexual infantil y la pedofilia.
El acusado habría utilizado programas de descarga de imágenes y videos, en particular el eMule (un software para compartir archivos de gran tamaño a través de internet), para acceder a este tipo de materiales.
Los archivos habrían sido alojados en su computadora o sus celulares y desde estos dispositivos también habría distribuido estos contenidos a otros usuarios de internet.
Por ahora el acusado sólo es investigado por el consumo y la distribución del material prohibido.
Como se dijo, resta saber qué tiene por decir el acusado cuando sea indagado.
Cabe aclarar que los programas informáticos como eMule o Ares tramitan, como se dijo antes, la descarga de archivos. Este protocolo de descarga se denomina P2P (peer to peer, que en español significa “de uno a otro” o “de igual a igual”).
Lo anterior vale para entender que cualquier usuario que descargue –como en este caso– material prohibido, a la vez está “sirviendo” desde su computadora a otros usuarios que realizan las búsquedas del mismo material.
El avance de la causa en la que se ve implicado Díaz podría tener como implicancia inmediata el dictamen de prisión preventiva. De momentos, en la fiscalía donde manda Pilnik esperan una serie de informes para analizar el próximo paso a seguir y no se atreven a adelantar ningún panorama.
El rol sindical del imputado por el delito de pedofilia
El ahora imputado se hacía fuerte en esas escuelas y nunca abandonó su profesión, que cumplía hasta hace unos días en un colegio de barrio Cabildo.
Dada su función, estaba en contacto constante con adolescentes y jóvenes que buscaban finalizar sus estudios secundarios.
Sin embargo, su principal actividad era la conducción sindical de sus representados.
A la UEPC llegó a través de una alianza entre la agrupación que comanda el gremio a nivel provincial (La Celeste). Él formaba parte de otro armado que se fusionó con la escudería que actualmente encabeza Juan Monserrat: la agrupación Celeste y Blanca.
Desde el gremio se mostraron sorprendidos con la información, ante la consulta de este medio.
En la tarde del martes, se informó la suspensión de su afiliación y el cese de sus funciones gremiales.
Sin embargo, reconocieron que había un círculo de integrantes de UEPC que sabía que Díaz había sido apresado. Eso sí: altas fuentes del gremio aseguraron que se desconocían las razones por las que el ladero había sido detenido.
Y si bien no pudieron dar una respuesta concreta sobre la suerte que correría a partir del conocimiento de las razones por las cuales el imputado guarda detención, fuentes del gremio adelantaron que podría aplicarse un protocolo que podría significar la desafiliación.
Al mismo tiempo, voces muy autorizadas de la conducción del sindicato dijeron que “no se iba a apañar” ninguna conducta de este tipo. Por el contrario, expresaron su máximo repudio.
Pedofilia: cómo fue el procedimiento Aliados por la Infancia
Según informaron las autoridades, la Operación Internacional Aliados surgió como resultado del trabajo en conjunto llevado a cabo por la Embajada de Estados Unidos en Argentina, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y el Ministerio Público Fiscal de Ciudad de Buenos Aires (Caba), entre otras entidades.
Se utilizó un sistema de investigación que permitió verificar el tráfico de material de abuso y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en plataformas de intercambio dentro del territorio argentino entre los meses de enero y junio pasados. Al proporcionar pistas de investigación, esta plataforma identifica direcciones IP asociadas a archivos con material de abuso y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, explicó el Ministerio Público Fiscal bonaerense en un comunicado.
Autoridades de la Unidad de Cibercrimen de la Fiscalía General de la ciudad de Buenos Aires informaron que se llevaron a cabo 61 allanamientos en 16 provincias y 89 a nivel internacional en el marco de la operación.
La investigación se extendió a provincia de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.
Afuera de Argentina, hubo procedimientos en otros siete países: Brasil, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Paraguay y Puerto Rico.
