Mientras se sustancia la investigación de la Secretaría de Sumarios Administrativos del Poder Judicial de Córdoba respecto de presuntas irregularidades en el concurso para la selección de cargos en la Defensa Pública, se anuló el examen específico cuestionado, se reemplazó el tribunal que elabora y controla las preguntas y se convocó a todos los aspirantes para volver a rendir el próximo 14 de diciembre.
Que se haya caído el examen que muchos aprobaron recogió muchas muestras de disconformidad, en particular entre quienes respondieron la mayoría de las preguntas de manera correcta. Ahora, todo vuelve a cero en esa prueba y pueden participar aun quienes fueron reprobados. Aquel examen específico ya no vale.
Desde la cúpula de la Justicia provincial entendieron que no había otro camino que dejar sin efecto esa prueba, en la que se presume que cuatro aspirantes gozaron del favor de recibir por anticipado las preguntas que se iban a tomar.
La denuncia del gremio de trabajadores judiciales (Agepj) señaló al defensor oficial Eduardo Santiago Caeiro como la persona que tenía en su entorno a las cuatro mujeres que obtuvieron un puntaje claramente superior al resto. Entre los indicios aportados por los denunciantes, se sostuvo que una de las favorecidas de modo indebido había confesado que él le suministró la prueba.
Esas cuatro aspirantes señaladas por la denuncia tomarán parte del nuevo examen y siguen en carrera.
Al tiempo que se investiga si el funcionario cometió esta falta y que las aspirantes consiguieron ese beneficio, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) siguió rápido de reflejos: nombró un nuevo tribunal y fijó para el 14 de diciembre la toma de una nueva prueba, sólo la específica que se vio cuestionada por esta denuncia gremial.
A la par que continúa la investigación a cargo del secretario de Sumarios Administrativos, Tristán Quiles, fueron designados para reemplazar a Caeiro y a los otros miembros del tribunal anterior los siguientes funcionarios y magistrados pertenecientes al fuero penal: María Eugenia Ballesteros, Diego Julián y José Milton Peralta, en el Tribunal Examinador; y Susana Frascaroli y Natalia Salomón, en la comisión colaboradora.
Este “tribunal de cinco” integrantes cumple dos funciones: los tres primeros elaboran las preguntas que luego ellos tomarán a los aspirantes; las dos de la comisión colaboradora harán un ensayo del examen antes de suministrarlo a los concursantes, como una forma de detectar probables inconsistencias.
Entre los integrantes de este nuevo tribunal, se percibe a simple vista que, con acierto, se eligió a funcionarios que se desempeñan o se han desempeñado como defensores oficiales.
Si el sistema de concursos para el acceso a cargos de Tribunales es ponderado por su transparencia, nadie duda, a pesar de la denuncia, del prestigio que tienen los hombres y mujeres de la Defensa Pública, de los más prestigiosos agentes del Poder Judicial provincial, con reconocimiento en otras jurisdicciones.
Mientras prosigue el proceso concursal, la investigación de Sumarios Administrativos avanza. Se tomó testimonios a personas que presuntamente podrían haber escuchado la “confesión” de una de las favorecidas por la supuesta maniobra irregular.
El hermetismo en esa y otras oficinas relacionadas con la investigación es mayúsculo y no trascienden detalles de la tramitación de la prueba. No obstante, se sigue expresando que se irá “hasta las últimas consecuencias” y que es necesario esclarecer los hechos para que los concursos no estén cubiertos de un manto de sospecha.
El concurso continúa con todas las medidas de seguridad, a la par que avanza la investigación administrativa, que busca validar la confianza en los procedimientos de este sistema. Y también la mirada sobre el Poder Judicial.
