El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia (TSJ) anuló este jueves la prueba escrita en la que el gremio de judiciales denunció presuntas irregularidades, al indicar que el defensor oficial Eduardo Santiago Caeiro habría entregado las preguntas por anticipado a cuatro empleadas de Tribunales 2 que luego obtuvieron puntaje máximo.
La tensión en los palacios de Tribunales I y II se mantuvo alta desde el lunes, cuando las autoridades de la Asociación Gremial de Empleados Judiciales (Agepj) presentaron un escrito ante el TSJ en el que denuncian presuntas irregularidades en el concurso para cubrir cargos de auxiliares de la Defensa Pública.
Ya trascendió la nota gremial en la que el defensor oficial Caeiro –integrante del tribunal examinador– está denunciado como el presunto responsable de haber suministrado las preguntas a cuatro empleadas que tienen “relación de parentesco o académica” con él.
Según datos de autoridades judiciales, las cuatro mujeres que lograron puntajes máximos en la prueba que luego fue tomada se desempeñan en el edificio de Tribunales 2: una en la Cámara 12ª del Crimen, otra en la Cámara de Acusación y las otras dos en el área de la Defensa Pública. A su vez, una de estas es parte de la oficina de Caeiro.
Además de obtener los puntajes máximos (una registró “casi” el máximo), una de las postulantes se habría “quebrado” o habría “confesado” en confianza (según las versiones) que recibió la prueba de parte de Caeiro. Esto está mencionado en la denuncia de Agepj que motivó la inmediata orden del TSJ a la Secretaría de Sumarios Administrativos para que iniciara una investigación interna.
Por otra parte, además del supuesto episodio de la postulante que admite haber recibido las preguntas por anticipado, entre las curiosidades que se mencionan se añade que una de las aspirantes cuestionadas por la denuncia habría respondido correctamente una pregunta que estaba mal formulada.
Entre los máximos puntajes, se encuentran las personas que se señalan como las receptoras de las preguntas, sin que otros postulantes se hayan acercado a ese tope.
Las cuatro personas cuestionadas como presuntas partícipes de esta irregularidad tienen al menos vinculación académica con Caeiro, según pudo constatar La Voz. O integran su cátedra en una universidad local o forman parte del curso de posgrado que él dicta. Una está en su oficina y otras hicieron publicaciones con él.
Al trascender su nombre y conocerse el contenido de la denuncia, este diario quiso contactar a Caeiro, pero el funcionario prefirió no formular declaraciones por el momento.
Avanza el sumario
Mientras tanto, desde el lunes trabajan “a full” los integrantes de Sumarios Administrativos que depende del TSJ, a las órdenes del secretario Tristán Quiles y de su mano derecha, Celeste Rinaldoni.
Se conoció que el martes recibieron las primeras directivas para tramitar la prueba de parte del vocal Sebastián López Peña y que este miércoles tomaron testimonio a los denunciantes, el secretario general de Agepj, Federico Cortelletti, y la secretaria de organización, Lucía Bonafé, quien también es la veedora gremial en la Junta de Calificaciones.
Para este jueves estaba previsto que comenzaran a declarar las personas que supuestamente escucharon la confesión, al parecer en el seno de la Cámara 12ª o en una oficina del área de la Defensa Pública, ya que existen varias versiones sobre el lugar donde ocurrió ese presunto episodio.
Lo más significativo es que, luego de la presentación de la denuncia, el vocal del TSJ López Peña y el presidente de ese tribunal, Luis Angulo, les anticiparon a los gremialistas denunciantes que irán “hasta las últimas consecuencias” en la búsqueda de la verdad y de la determinación de presuntos responsables de irregularidades.
Anulan la prueba específica
La otra gran novedad de las últimas horas es que el TSJ firmó en la tarde del jueves un acuerdo en el que se da por anulada la prueba específica que se administró a los concursantes sobre los conocimientos del área en la que se desempeñarán quienes se adjudiquen el cargo.
El afán del TSJ es asegurar la “transparencia” de los concursos de Tribunales, algo que comparte con los gremialistas, que aseguran que hacen la denuncia para sostener este sistema de acceso meritorio a los cargos. La salud del sistema concursivo para acceso a cargos por idoneidad, que es orgullo de Córdoba en los últimos 25 años, es la consigna central de los esfuerzos de los vocales del alto cuerpo.
Existía la alternativa de “separar” a las cuatro postulantes cuestionadas y de continuar el concurso con los otros postulantes, pero esta solución no conformó a la totalidad del cuerpo, que prefirió no proseguir el proceso con márgenes de duda.
De este modo, siguen vigentes la inscripción y la admisión de los postulantes, se mantiene el examen de conocimientos generales de Derecho Penal y se anula la prueba específica que, se presume, tuvo preguntas “anticipadas” a postulantes.
Fuentes cercanas al TSJ indicaron concretamente a este diario que esa prueba específica es la que se relaciona con el denunciado Caeiro, mientras que el resto de las etapas son ajenas a él, por lo que siguen con validez.
De este modo, siempre según estas fuentes calificadas, más allá de la investigación y sus resultados, el concurso continúa y la prueba específica se tomará más adelante, con Caeiro ajeno al tribunal examinador y a la elaboración de las preguntas.
