A los 57 años, el médico Spiro Antonio Dellisanti ya tiene su propia referencia en el mundo policial y judicial de la provincia de Córdoba. Acusado de balear a un policía, de haber tenido una industria de abortos clandestinos, de dejar con una secuela gravísima a una joven en una práctica ilegal, de haberle cambiado la identidad a un bebé recién nacido, además de múltiples sospechas que no fueron comprobadas, ahora suma un nuevo capítulo: una adolescente de 17 años lo denunció la semana pasada por abuso sexual.
Pero esta historia no termina en ese punto. La denuncia tiene como epicentro un dispensario público de la municipalidad de Río Primero, donde Dellisanti estaba trabajando como médico con matrícula desde algunas semanas, o sea que fue contratado poco meses después de recobrar la libertad por última vez.
El 8 de diciembre último dejó la cárcel de Bouwer, tras cumplir de manera total su última condena, ya que la Justicia federal le había negado, por sus antecedentes, el beneficio de la salida condicional. No tardó demasiado en conseguir trabajo: al parecer, en junio último comenzó a trabajar para ese municipio.
Por ahora, la fiscal a cargo del primer turno de Delitos Sexuales, Alicia Chirino, no avanzó en alguna nueva imputación en su contra, aunque el viernes último un equipo especial de la Policía Judicial realizó un operativo en el centro de salud.
Según la denuncia, radicada el miércoles de la semana pasada, una adolescente de 17 años que fue a ver al médico del dispensario por un malestar estomacal, una vez adentro del consultorio habría sido obligada a quitarse toda la ropa, luego de lo cual Dellisanti habría abusado de ella.
El caso, que fue revelado por El Diario del Pueblo de esa ciudad ubicada a 50 kilómetros de la capital cordobesa, ya asoma con un escándalo. Desde el municipio que lidera la intendenta Cristina Cravero (Hacemos por Córdoba), sólo se limitaron a un escueto comunicado oficial: “La Directora del Centro de Salud, doctora Yuraly Molina, y el Secretario de Gobierno, Ramiro Sánchez, tomaron conocimiento de la causa mediante notificación judicial, poniéndose a disposición de la Justicia para colaborar en el esclarecimiento del caso. Asimismo, nos pusimos a entera disposición de la denunciante y de su familia, quienes cuentan con la contención y el asesoramiento de Punto Mujer y de nuestro Equipo Interdisciplinario municipal”.
Aún no hay respuestas concretas sobre cómo es posible que haya sido contratada una persona con semejantes antecedentes penales y que, a raíz de esto, es un nombre muy conocido tanto en ámbitos de la salud como en el penal.
“Era una cuestión temporal y venía recomendado por otra médica. No nos imaginamos que tenía ese prontuario. En el interior, no tenemos disponibilidad de médicos, la mayoría se va a clínicas de Córdoba o a hospitales regionales. El año pasado lanzamos dos convocatorias para nuestro centro de salud, que cubre a dos zonas geográficas”, fue la llamativa explicación que dio una fuente oficial del municipio ante una consulta de La Voz.
Prontuario abultado
Hijo de Nélida Ida “Chochi” Teresita Fissore, una partera de barrio Empalme que trabajó en la Maternidad y sobre la cual también se erigió la sombra del aborto clandestino, Dellisanti hace más de una década que se tutea con el delito y la Justicia penal de Córdoba.
El 27 de junio de 2004, este médico casi mata de un balazo al policía Ariel Calderón, quien había intentado detenerlo cuando llegaba a su casa de barrio Jorge Newbery, de la ciudad de Córdoba.
Según aquella investigación, el médico sacó un arma y desde muy corta distancia le disparó. El balazo rozó el hombro del oficial y se incrustó en su abdomen. Sobrevivió de casualidad. Dellisanti fue condenado a seis años de prisión por lesiones graves.
Calderón intentaba capturarlo por el crimen de Jorge Garay, ocurrido tiempo antes, caso por el que el médico fue absuelto, ya que la investigación determinó que se había tratado de un asalto y que el Dellisanti lo mató en legítima defensa.
En 2012, otra vez Dellisanti fue detenido, acusado de haber montado, otra vez, una clínica domiciliaria para realizar abortos clandestinos. Además de armas, en ese domicilio se encontró un bebé que había sido anotado de manera fraudulenta como hijo de su pareja, Patricia Noemí Sotomayor. Dos años después, terminó condenado por tentativa de aborto, tenencia de arma de guerra y supresión de estado civil a tres años y 10 meses de prisión.
El fiscal Marcelo Hidalgo, quien supo investigar a Dellisanti, describió cómo operaba la clínica clandestina, donde no sólo se practicaban abortos, sino que también había sospechas sobre la venta de niños recién nacidos. En ese sentido, el funcionario judicial aún hoy recuerda que aquellas imágenes con las que se toparon en los allanamientos lo marcaron de manera personal y profesional: “Este caso me dejó la convicción de que el Estado no podía y no puede abandonar a las mujeres en esta situación, dejarlas a merced de condiciones inhumanas para este tipo de prácticas”.
En el medio, el 23 de agosto de 2011, la crónica policial encontró a Dellisanti del lado de la víctima. Dos policías simularon un control vehicular en barrio San Pablo, de la ciudad de Córdoba, donde terminaron por secuestrarlo. Para liberarlo, le exigieron a su mujer que les diera las llaves de una caja de seguridad que tenía el médico. Los efectivos terminaron condenados a 10 años de prisión. “Si sabía que me iban a secuestrar, les hubiera disparado con la pistola (de grueso calibre) que tenía en mi auto”, declaró Dellisanti sin inmutarse durante el juicio. En ese momento, él también ya estaba preso.
Otra vez...
Tras cumplir con su pena, el médico regresó a la calle. Y a su “especialidad”. A fines de mayo de 2017, dejó al borde la muerte a una adolescente que fue hasta su casa de Jorge Newbery para practicarse un aborto clandestino. La joven permaneció dos semanas en coma y los médicos tuvieron que extirparle el útero.
Dellisanti quedó imputado por los delitos de aborto y lesiones culposas de carácter gravísimo, pero cuando los policías fueron a detenerlo, ya no lo encontraron. Recién lo capturaron en julio de ese año, cerca de la plaza Colón, donde caminaba camuflado como un linyera. Los investigadores tenían el dato de que ese día iba a ir a un domicilio de la zona para practicar un aborto ilegal.
En mayo de 2019 fue condenado a tres años y medio de prisión. En el mismo fallo, la jueza Graciela Bordoy de Pizzicari ordenó que por el doble de tiempo, o sea, siete años, quedara inhabilitado para el ejercicio de la medicina.
Según el Colegio de Médicos, una resolución judicial posterior ordenó disminuir el plazo de la inhabilitación, por lo que la prohibición cesó el 31 de diciembre último.
Lo extraño es que en la Justicia federal de Córdoba se asegura que aún está vigente la inhabilitación, en el marco de la última sentencia en contra que tuvo hasta ahora.
Mientras aún permanecía preso, en marzo de 2020 la Justicia federal condenó a Dellisanti a tres años y nueve meses de cárcel como coautor de supresión y suposición del estado civil y de la identidad agravada (por su condición de médico) y falsificación de documento. Se trató del final judicial del caso abierto ocho años antes, en 2012, cuando en uno de los allanamientos dispuestos por la Justicia provincial por la clínica ilegal encontraron a una beba al que la pareja del médico había anotado, de manera fraudulenta, como hija propia.
Pese a que presentó diversos recursos para recuperar la libertad antes de cumplir la condena, todos fueron rechazados. Volvió a la calle el 8 de diciembre pasado, cuando terminó de pagar en prisión esta última pena.
Ahora, otra vez la Justicia sospecha de él, pero ya no por haber delinquido en una clínica clandestina, sino en un centro de salud oficial del municipio de Río Primero.
