Dos días después de conocerse el sobreseimiento del comisario mayor retirado Gonzalo Cumplido en el fuero Anticorrupción, el fiscal José Mana que instruye la causa principal por el asesinato de Valentino Blas Correas (16) en agosto de 2020 pidió la elevación a juicio del expediente con dos policías acusados del homicidio del adolescente más otros 11 uniformados integrantes de un trama delictiva urdida para ocultar el crimen: encubrimiento, omisión de los deberes de funcionario público y falso testimonio.
A casi 10 meses del traumático crimen por gatillo fácil, Mana acusa formalmente a los cabos 1° Javier Catriel Alarcón y Lucas Damián Gómez como coautores de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego y calificado por haber sido cometido en abuso de su función por un miembro de las fuerzas policiales” por el asesinato de Blas Correas, más la tentativa del mismo delito por los disparos hechos a los otros cuatro jóvenes que aquella madrugada viajaban dentro del mismo vehículo, un Fiat Argo blanco.
En un segundo escalón delictivo, se sitúa a quienes están acusados de montar una trama de ocultamiento. Imputados de “encubrimiento por favorecimiento personal y real agravado por la calidad funcional y por la gravedad del hecho precedente (el crimen)” están el subcomisario Sergio Alejandro González, la agente Wanda Micaela Esquivel, la oficial Yamila Florencia Martínez, el comisario inspector Walter Eduardo Soria, el subcomisario Enzo Gustavo Quiroga y el comisario inspector Jorge Ariel Galleguillo. Todos ellos deben responder también por “omisión de deberes de funcionario público” al no haber actuado para dar debido aviso e individualizar y detener a quienes dispararon.
El tercer escalón de responsabilidad lo integran el cabo Leonardo Alejandro Martínez, el agente Rodrigo Emanuel Toloza, el oficial ayudante Ezequiel Agustín Vélez y cabo Leandro Alexis Quevedo, por “falso testimonio” y “encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y por la gravedad del hecho precedente”.
El comisario inspector Juan Antonio Gatica está incluido en esta elevación a juicio por “encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional”.
Afuera de esta requisitoria quedó alguien que hoy luce aliviado, el cabo Ezequiel Henot que había sido imputado por lesiones leves por supuestos golpes al conductor del Argo una vez que lograron detenerlo.
“Violencia institucional”
La causa se cerró este jueves y se envió a debate. La descripción del hecho formulada por Mana en su escrito de más de 300 páginas analiza toda la secuencia del recorrido realizado la noche de los hechos por los ocupantes del Fiat Argo blanco, en el cual se incluye el evento central -el homicidio de Blas y el intento de homicidio de sus amigos- además de una serie de episodios paralelos que demuestran las acciones de encubrimiento del crimen.
El fiscal de Distrito 1, Turno 3, calificó este crimen en el marco de un hecho de ”violencia institucional” perpetrado por efectivos de la Policía de la Provincia. “Lo expuesto nos lleva a reflexionar sobre la necesidad como sociedad de generar una profunda transformación en las fuerzas de seguridad”, dice Mana, quien completa: “En efecto, nuestra forma de gobierno nos exige que se democraticen y se formen (los policías) de manera integral con una perspectiva anclada en los derechos humanos”.
Tras analizar la prueba y las normativas vigentes, la elevación a juicio señala que “de la simple lectura de la normativa expuesta y a la luz de los eventos investigados, surge claro que los encartados Gómez y Alarcón inobservaron las reglas propias de su cargo, abusando de esta manera de su función” de policías.
“El abuso de la función como miembro de la fuerza policial surge claramente, toda vez que la situación que le dio origen al accionar de los uniformados no los facultaba a esgrimir y menos aún a disparar a quienes se conducían en el vehículo Fiat Argo”, sostiene el acusador.
Como marco de referencia, Mana centra su investigación “en razón de los compromisos emergentes de la normativa internacional en materia de derechos humanos suscripta por nuestro país” y completa que “gran parte de estos tratados, convenciones, protocolos, se encuentran integrados a nuestra Constitución Nacional, desde la reforma constitucional de 1994″.
Prueba contundente
Para llegar a sus conclusiones, Mana trazó una línea de tiempo imaginaria en la que se distinguen por secuencias los diferentes momentos que terminaron en el desenlace fatal.
Para su plataforma de prueba, el instructor se valió del relevamiento de cámaras de los móviles policiales (aun la de los imputados), otras cámaras de seguridad, apertura de más de cuarenta aparatos celulares, informes técnicos de diversas secciones de Policía Judicial tales como Fotografía, Planimetría, Reconstrucción Criminal, Procesamiento de Telecomunicaciones, Equipos móviles, Química, Medicina Forense, Balística, entre otros.
Sumado esto a múltiples testimonios, fue posible lograr una reconstrucción minuciosa de los hechos delictivos e identificar a los responsables.
A lo largo de estos 10 meses de trabajo, Mana ha recibido varios avales del juez de Control N° 5 Pablo Agustín Cafferata y de la Cámara de Acusación, alzadas que se pronunciaron respecto de la peligrosidad procesal que sostuvo las prisiones preventivas, pero que de algún modo sostienen la plataforma de prueba de la causa.
De los 13 imputados, ocho de ellos -Alarcón, Gómez, Martínez, Esquivel, González, Soria, Quiroga y Galleguillo- están detenidos y con prisiones preventivas.
La instrucción describe que tras el homicidio de Blas y el intento de homicidio de los jóvenes “JCCE”, “CT”, “MN” y “CBC”, se consideraron acreditadas una serie de maniobras intencionales para obstruir la investigación con el fin de favorecer a los cabos 1° Gómez y Alarcón -coautores de los disparos asesinos- y a Wanda Esquivel -autora del “plantado de un arma” en la escena.
El sanatorio, después
Mucho se dijo en los últimos días de que en esta elevación a juicio se incluiría también a los tres imputados por abandono de persona vinculados al Sanatorio Aconcagua, de Nueva Córdoba. Quienes se apresuraron en los anuncios deben saber que es imposible que se cite a juicio a personas que hasta ahora jamás fueron indagadas.
Por otra parte, para comenzar a moverse Mana necesita que terminen las pericias médicas que establezcan en qué condición estaba Blas cuando sus amigos concurrieron a pedir ayuda a ese centro de salud. Este miércoles las partes de este tramo fueron notificadas de la pericia oficial y fueron convocados a presentar los informes de sus peritos de control. Por lo visto, falta bastante para que este tramo de la causa esté cerca del final.
El informe pericial oficial fue realizado el Comité Consultivo y Operativo de Prácticas Médico Sanitarias y Bioética (Copramesab) y fue firmado por Norberto Méndez, Luis Defagot, Edgardo Paredes y Federico De Uriarte.
Mientras, los empleados administrativos Fernando Casalino, Guadalupe Moya y Andrea Mezzaccapo aguardan que sus peritos emitan dictámenes de parte, compartiendo o no las conclusiones de los médicos oficiales.
Por lo pronto, un adelanto de esa pericia oficial dice que Blas sufrió una herida tan importante que resultaba casi irreversible su muerte. De acuerdo al informe de los expertos, la hemorragia le causó un shock hipovolémico tan drástico que era difícil revertir el cuadro aún con la mejor atención.
Los profesionales sostienen que no es posible establecer si el adolescente estaba con vida al momento de concurrir al sanatorio o si ya había ingresado en agonía.
Se indica en el peritaje oficial que la herida recibida generó un escaso tiempo de sobrevida y una “alta mortalidad”.
