El administrador general del Poder Judicial de la Provincia, Ricardo Juan Rosenberg, suspendió de manera preventiva la matrícula de ocho peritos médicos oficiales que están imputados en la causa “Dujovne”. Se trata del caso por estafas a las aseguradoras de riesgo del trabajo (ART), en una etapa recientemente elevada a juicio oral y público.
Los médicos involucrados en supuestas maniobras de estafa procesal y falsedad ideológica –falsa pericia– son María Elena Fernández Sosa, Francisco Antonio Fornés, Rossana Myriam del Valle Cabrera, Marisa Lorenza Farfán, Vicente Miguel Javier Guarsacio, Zulema Maza, Patricia Claudia Torti, Victoria Olga Nader y Martín Alejandro Agüero. Este último no está alcanzado en el listado de suspendidos por el TSJ porque tiene su matrícula cancelada, informaron desde el alto cuerpo.
Mediante resolución 87 del Tribunal Superior de Justicia del pasado 22 de abril, publicada este martes en el Boletín Oficial de la Provincia, se indica que la suspensión responde a la citación a juicio del pasado 31 de marzo del fiscal de Casos Complejos Enrique Gavier, quien convoca a debate abierto a 24 imputados en la causa “Agüero Conca, Mariano Marcelo y otros como supuestos autores de asociación ilícita, etc.”
Los médicos forenses imputados cuentan con matrícula judicial como peritos oficiales de la Justicia provincial. Esta habilitación ha sido suspendida de modo preventivo hasta tanto finalice el juicio, y ello les impide intervenir en tareas periciales de la Justicia.
La normativa aplicable indica que “se dispondrá la suspensión de carácter preventivo del perito que sea sometido a un proceso penal de cualquier índole, siempre que en dicho proceso se haya producido la citación a declarar en calidad de imputado”.
Si lo anterior parece “de rigor”, el TSJ en su resolución aclara que “la extrema gravedad de la imputación a los peritos, por supuesta comisión de hechos delictivos directamente vinculados con su labor como peritos” motiva la suspensión preventiva.
La causa
En la elevación a juicio de Gavier, están incluidos como principales acusados Miguel Luis Dujovne, Paula Inés Dujovne, Alberto Adolfo Dujovne y Mariano Marcelo Agüero Conca, sindicados como miembros de una presunta asociación ilícita dedicada a cobrar a las ART resarcimientos por enfermedades o invalidez de trabajadores que presentaban certificados médicos por dolencias que en realidad no padecían.
Todos ellos están relacionados con el estudio jurídico de Horacio Eugenio Dujovne, quien junto a varios de ellos fue condenado en octubre de 2019 a cuatro años y medio de prisión por estafar a trabajadores con los resarcimientos que cobraba a las ART. Sus hijos Miguel y Paula, su yerno Ricardo Kohn (todos abogados) y su hermano Alberto (médico) también soportaron penas de tres años de prisión, pero en suspenso. Como parte del acuerdo, el estudio abonó unos 25 millones de pesos a cientos de damnificados.
La condena fue por 350 hechos de defraudación por administración fraudulenta reiterada, más cuatro casos de tentativa del mismo delito, todo en concurso real.
Ahora, Miguel, Paula y Alberto están acusados de ser jefes y organizadores de asociación ilícita, mientras que el abogado del mismo estudio, Agüero Conca, está señalado como miembro de esa banda. A su vez, con distintos grados de responsabilidad, se les endilgan los presuntos delitos de estafa procesal, certificado médico falso reiterado y falsa pericia reiterada.
Además de estos cuatro acusados principales y de los nueve peritos médicos oficiales, hay otros 11 imputados por haber sido actores en los juicios laborales (quienes reclamaron la dolencia), a los cuales se los señala incursos en el delito de coautores y partícipes necesarios de estafa procesal en grado de tentativa y uso de certificado médico falso. Ellos son Héctor Rogelio Gómez, Adalberto Rolando Ahumada, Walter Hugo Saba, Arturo Américo Gatto, Juan Carlos Soria, Elbio José Bustos, Carlos Héctor Tapias, Arturo Orlando Montoya, Julio César Guajardo, Gladys del Valle González y Elena del Carmen Villarroel.
La elevación a juicio de Gavier –cuya instrucción cuenta con numerosos avales de alzada, incluido uno en el TSJ– sería recurrida por las partes. Más allá de la dilación que pueda sufrir la llegada del expediente a juicio, la eventual demora perjudicaría el desempeño de los médicos forenses como peritos oficiales.
