El Tribunal de Ética del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) emitió en las últimas horas un dictamen en el que reprobó la conducta que tuvo el fiscal General adjunto Alejandro Pérez Moreno cuando se refirió al uso extendido de la asociación ilícita. El órgano lo exhortó a que no reitere esa actitud. Se le remarcó que ya no es abogado sino fiscal adjunto, por lo que debe tener “decoro” y no “denostar” a colegas.
Tras ese llamado de atención, el Tribunal de Ética cerró el sumario y archivó la denuncia que pesaba contra Pérez Moreno, la que había sido presentada a fines de julio por los fiscales de instrucción Enrique Gavier y Juan Pablo Klinger.
En una resolución, con terminología judicial muy medida y hasta diplomática, el mencionado tribunal dispuso “orientar” al adjunto en normas deontológicas para que no incurra nuevamente en actitudes similares. Con tono conciliador pero firme, el Tribunal de Ética le recordó que ya no es abogado penalista sino un funcionario judicial, y lo es todo el tiempo. Se le recomendó que debe “hablar claro y con prudencia”.
El órgano valoró las explicaciones, justificaciones y disculpas que profirió Pérez Moreno en ese ámbito y ante el TSJ. El funcionario había remarcado que al hablar, lo había hecho como “abogado” y que no quiso cometer injerencias sobre otros fiscales.
Según pudo saber La Voz, no hubo contacto del adjunto con los denunciantes.
De esta manera, no irá a una instancia más gravosa, como Sumarios Administrativos.
Klinger y Gavier habían presentado notas/denuncias contra Pérez Moreno, aduciendo que se habían sentido agraviados luego de que el adjunto expresara, durante un seminario en la Universidad Nacional de Córdoba, su disconformidad y reparos sobre el uso extendido de la figura de la asociación ilícita a la hora de acusar a delincuentes. En aquella disertación, realizada en junio, Pérez Moreno aseveró que se “desnaturalizó” el uso de esa figura y la calificó de algo “absurdo” en varios casos. Con términos coloquiales y burlescos, señaló que se la usa muchas veces para “coercionar a acusados” para que confiesen.
Klinger y Gavier presentaron tres notas: una en Fiscalía General, otra ante el TSJ y una tercera ante el Tribunal de Ética. Los instructores habían acusado al adjunto Alejandro Pérez Moreno de haber violado normas éticas y haberse entrometido en sus desempeños funcionales, entre otros fuertes reproches, para luego presentar duros escritos en instancias superiores.
El Tribunal de Ética del TSJ, presidido por Armando Andruet, tenía tres alternativas: concluir que hubo un incumplimiento a las normas éticas por parte del adjunto y enviarle recomendaciones para que ello no vuelva a suceder; eventualmente determinar que hubo algo más serio y girar todo a Sumarios Administrativos del TSJ, o entender que nada ocurrió y archivar todo. Sucedió lo primero.
Resolución del Tribunal de Ética
En su resolución, el Tribunal de Ética del TSJ sostiene: “La exigencia de un comportamiento que sea acorde a la dignidad de la función judicial que se ocupa alcanza de manera íntegra y continua los espacios públicos y privados con trascendencia pública”, dice la resolución a la que La Voz tuvo acceso.
“Este tribunal de Ética Judicial, junto a la más encumbrada doctrina ético-judicial, entiende que dicha exigencia no sólo recae sobre el juez o el fiscal en horarios y espacios determinados vinculados a la prestación de servicio. La persona que es juez o funcionario es observado de tal forma a tiempo completo”, se remarcó.
“Los comportamientos privados con trascendencia pública sin duda que pueden ser de muy vasta diversidad, y como es propio y del mayor sentido común –que no controvierte la dimensión ética del comportamiento de los magistrados–, cada uno de los ámbitos privados con trascendencia pública en donde se desenvuelve el magistrado/funcionario requieren de un adecuado decoro”, se sostuvo.
“(…) El decoro mayor lo debe tener en el ámbito público en cuanto cumple con sus acciones funcionales, pero ello no significa que fuera de ese rango el decoro pueda desaparecer, toda vez que lo que no desaparece es la referencia identitaria que esa persona tiene con la función que ocupa (…)”, dice el fallo.
En otro párrafo, citando a la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, se cita: “El magistrado que ejerce la docencia o que ocupa circunstancialmente un espacio académico, sin duda que tiene toda la libertad para opinar académicamente lo que crea conveniente y adecuado, y se hará cargo de su propia consistencia o falta de ella (…); pero lo que no podrá hacer es generar denostaciones ad hominem de otros colegas, como tampoco descuidar un estándar ético en la discursividad que se trate”.
En relación con el adjunto, se señala que sus manifestaciones fueron hechas en un ámbito académico y público y “no cabe la diferenciación” propuesta por Pérez Moreno entre fiscal y abogado.
“El cargo judicial es la sombra de la persona que lo porta e inevitablemente estará junto a él”, dice la resolución.
La denuncia de los fiscales
Klinger y Gavier habían denunciado que hubo una clara injerencia en el accionar de las fiscalías, y recalcaron que se afectó la independencia funcional y se menoscabó la política de persecución penal del MPF, toda vez que se reflejó un conflicto de intereses, en razón del reciente pasado de Pérez Moreno como abogado defensor.
Resaltaron que fue abogado de importantes acusados por asociación ilícita, al tiempo que se deslizó que sus socios “siguen haciéndolo” en varios casos.
Por ende, presentaron denuncias en la propia Fiscalía General, como así también en la oficina de Sumarios Administrativos del Poder Judicial y ante el Tribunal de Ética del Tribunal Superior de Justicia.
El adjunto Pérez Moreno dijo a La Voz que habían sido opiniones personales “en abstracto”, sin adentrarse en “ninguna causa” en particular, y aseveró que todo fue para generar debate, al tiempo que señaló que iba a disculparse con ambos fiscales.
El Tribunal de Ética Judicial tiene una función exclusivamente preventiva y pedagógica. No dictamina respecto de faltas administrativas.
Las resoluciones del tribunal –según se lee en su sitio web– buscan orientar la conducta de magistrados y funcionarios conforme a los principios que integran el Código de Ética Judicial.
Sus miembros son magistrados y abogados ya jubilados. Cada integrante fue propuesto por el Poder Judicial de Córdoba, la Asociación de Magistrados y Funcionarios, el Colegio de Abogados de la Provincia y la Federación de Colegios de Abogados. Preside Armando Andruet, exvocal del TSJ.
Temblor en el MPF
En aquel posgrado universitario, Pérez Moreno se refirió a la asociación ilícita y cuestionó, ante el auditorio, el uso extendido de esa figura en Córdoba. El adjunto remarcó que la figura de asociación ilícita se volvió una broma en Tribunales y sostuvo: “Hemos llegado al absurdo de decir que 10 muchachitos son una asociación ilícita y deben condenarlos porque son una banda peligrosísima”, expresó.
Añadió que esa figura penal debe ser un fin y no un medio en el marco de una causa, al tiempo que remarcó que muchas veces es usada para “coercionar a acusados” para que confiesen. “Al utilizarlas en simples organizaciones, participaciones criminales, estamos nosotros desnaturalizando algo tan importante”, resaltó.
Esas manifestaciones generaron reparos y malestar en varias fiscalías.
Uno de los fiscales que pasó a la acción fue el propio Gavier, quien ya logró cercar a empresarios desarrollistas, como también a exjefes penitenciarios y exjefes policiales con la figura de la asociación ilícita. Gavier no olvida que el propio Pérez Moreno fue defensor hasta no hace mucho de los principales imputados de esas causas.
“Sus declaraciones, al cuestionar el uso de la asociación ilícita y exhortar a concurrentes a seguirlo, constituyen una intromisión indebida de gravedad institucional, un conflicto de intereses grave con la función asumida, no sólo porque actuó como abogado defensor de imputados sino porque, de hecho, continúan defendiéndolos sus socios”, se escuchó de ámbitos cercanos a la fiscalía.
Otro fiscal que pasó a la acción fue Klinger, quien acusó recientemente por asociación ilícita a una peligrosa y aceitada banda de motochoros que asolaba en la Capital.
Otros fiscales señalaron que no se trata de un cruce de opiniones. Entienden que fue un contrasentido y una injerencia de uno de los dos adjuntos. Para peor, se lo cuestiona porque hubo una directiva superior para un trabajo de esclarecimiento territorial de delitos.
Las presentaciones causaron un fuerte sismo en el MPF y en el Poder Judicial. Los cimbronazos aún perduran.
