El terror y la angustia duraron más que los 15 minutos del secuestro extorsivo. El violento cautiverio de un preso peruano a manos de otros dos internos de la cárcel de Bouwer, en la periferia sur de la ciudad de Córdoba, a cambio de droga o dinero, develó no sólo la inusitada gravedad en el más importante penal de la provincia, sino también la latente impunidad interna y el persistente amedrentamiento soportado por una víctima.
El Tribunal Oral Federal N° 3 (TOF3) de Córdoba capital, condenó a Carlos Alberto “Calo Calo” Cejas (27), oriundo de esta provincia, y al sanjuanino Sebastián Ramón “Porteño” o “Babi” Quiroga Brizuela (37) a 11 años de prisión por el secuestro extorsivo agravado por el número de intervinientes y cobro de rescate en perjuicio de Gustavo Adolfo Gamboa Argomedo.
Bouwer, de cárcel a “refugio” para los secuestradores
La tarde del 29 de octubre de 2022, el complejo carcelario presuntamente más seguro de la provincia se transformó en un “refugio” ideal para delincuentes condenados por diversos delitos y devenidos en violentos secuestradores.
Gustavo Gamboa Argomedo miraba televisión en el pabellón B4 cuando se le aproximó otro reo: “Se me acercó un interno, a quien le decían ‘Porteño’. Es bastante alto. Me preguntó si quería hablar por teléfono con mi familia que estaba en Perú. Primero le dije que no, pero me insistió y me dijo: ‘Vení un rato a la pieza’”.
Tras la invitación de “Porteño”, otro interno, “Calo Calo”, se acercó a Gamboa Argomedo y le susurró algo al oído, de acuerdo con el registro fílmico de la cárcel. “Terminé accediendo y lo acompañé hasta la celda 21″, dijo el peruano.
La situación cambió en forma rotunda en pocos segundos. “Cuando ingresé, ‘Porteño’ me hizo sentar en un banquito de plástico y sacó de su ropa una cuchilla de más de 30 centímetros. Me golpeó dos veces en la cabeza con el cuchillo y me apoyó el filo en la nuca”, narró.
Lo que siguió lo ubicó de forma palmaria en la mecánica extorsiva. “Me facilitó un teléfono y me obligó a que llamara a mi familia. Terminé llamando a mi hermana, que vive en Perú. Me hicieron hacer una videollamada. Primero me dijeron que hablara tranquilo, pero al cabo de unos minutos me apuntaban con cuchillos en el cuello. El que más hablaba era ‘Porteño’. Él le decía (a la hermana) que tenía que pagar un rescate de dinero o traerle drogas para que no me pasara nada”.
En ese momento, ingresaron a la celda “Calo Calo” Cejas (su hermano, Jonathan Gabriel “Mamuel” Cejas, fue sobreseído por el beneficio de la duda) y otros internos (nunca identificados).
La hermana de la víctima les dijo que no podía pagar el rescate porque vivía en Perú, lo que obligó a los secuestradores a realizar una videollamada a otro hermano de Gamboa Argomedo, residente en Córdoba: “Lo primero que veo es la cara de mi hermano Gustavo y que tenía un par de cuchillos o puntas apoyadas en la nuca y en la cabeza. Escuché la voz de Gustavo. Lo único que me dijo en ese momento fue ‘necesito droga’”, contó el hombre.
Los captores reiteraron la exigencia, a cambio de la liberación: un pago de $ 100 mil o un equivalente de 50 gramos de cocaína. Para asegurar el pago, Quiroga Brizuela y Cejas llevaron a la misma celda, también bajo engaño, a Segundo Roberto Gamboa Argomedo, hermano de Gustavo.
En pocos minutos, el hermano de las víctimas sólo pudo reunir $ 20 mil, que entregó a un cómplice de los secuestradores en pleno centro de la Capital cordobesa.
La causa se destapó cuando los abogados de los Gamboa Argomedo pidieron que los cambiaran de pabellón por las amenazas, coacciones y violencia física que estaban sufriendo. Intervino la Fiscalía del Distrito 1, Turno 5, pero al evidenciarse que todo en realidad habría nacido de un posible secuestro previo, la causa pasó al fuero federal, por tratarse de un delito bajo esa órbita.
El fiscal federal de Córdoba capital, Maximiliano Hairabedian, concluyó que Quiroga Brizuela y Cejas consumaron el secuestro en complicidad intra y extramuros.
Juicio, detalles físicos y condenas
Durante el juicio, el propio Hairabedian –como fiscal general ante el TOF3- solicitó 12 años para Quiroga Brizuela y 11 para Cejas por su participación en el secuestro.
Resaltó que el hecho no sólo se circunscribió a las declaraciones de las víctimas, sino que diversas pruebas lo corroboraron: el miedo evidenciado por los damnificados por posibles represalias; las declaraciones de sus abogados; el testimonio del hermano que pagó el rescate y las llamadas que le realizaron los secuestradores a la misma hora del hecho; los registros de cámaras de la prisión, y la falta de motivos de las víctimas para inventar algo semejante.
El fiscal también ponderó que la descripción física de Quiroga Brizuela (alto, con bulto en la cara) realizada por las víctimas, identificado en los registros fílmicos y por testigos, y de “Calo Calo” Cejas, “pluma” o referente del pabellón (con antecedentes por robos, tenencia ilegal de arma y resistencia), dueño de una cicatriz en el labio, fue muy relevante para identificarlos como los autores del secuestro.
El defensor de “Porteño”, Julio Aliaga, solicitó la absolución o recalificación a extorsión, mientras que el abogado de “Calo Calo”, José Camacho, pidió la absolución. Indicaron que no existían pruebas para acreditar la participación de los acusados en el hecho.
Sin embargo, los jueces Noel Costa, Cristina Giordano y Facundo Zapiola condenaron a ambos a 11 años de prisión (Quiroga Brizuela recibió finalmente 14, al unificarse con una condena anterior por lesiones gravísimas en un intento de asesinato).
“Ha quedado debidamente acreditada la intención de los autores de exigir un pago a cambio de la liberación de la víctima”, sostuvo la magistrada Costa, con la adhesión de sus pares.
Así, Quiroga Brizuela y Cejas, junto “a otras personas no identificadas llevaron mediante engaño” a los hermanos Gamboa Argomedo a la celda 21 del pabellón B4. Mientras el primero fue captado por las cámaras portando un banquito (en el que luego Gustavo Gamboa Argomedo fue sentado durante el secuestro), “Calo Calo” fue filmado acompañando a la víctima hacia la celda. El otro Gamboa Argomedo fue llevado luego.
“Los retuvieron de modo ilegítimo –al menos por 15 minutos- y amenazaron con cuchillos, exigiendo que se comunicaran con sus familiares” para pagar el rescate “a cambio de ‘que no les pase nada’ y de su liberación”, indicaron los jueces.
Durante el dramático cautiverio, Quiroga Brizuela aportó los teléfonos (no pudo determinarse a nombre de quién estaban) para consumar el hecho, e incluso se comunicó con el cómplice que finalmente cobró el rescate. “Quiroga Brizuela tenía el gobierno de las negociaciones, mientras que, junto a Cejas, tenían el dominio de la privación de la libertad”, afirmaron los magistrados.
El que las víctimas no denunciaran el secuestro de inmediato (un punto cuestionado por la defensa de “Porteño”), obedeció al temor y las posibles represalias intramuros, según el tribunal: “Fueron amenazados en caso de pedir ‘puerta’ (N. de la R.: pedir auxilio en la cárcel) con ‘volverlos a meter’, es decir con volverlos a privar de su libertad y pedirles rescate a sus familiares”.
Luego de ser liberados dentro de la misma cárcel (es decir, estuvieron privados de la libertad de locomoción), los Gamboa Argomedo declararon que fueron vigilados y que, incluso, cuando recibieron visitas, prácticamente no salieron de sus celdas por temor. Tampoco quisieron mencionar lo sucedido por posibles venganzas.
Para el tribunal, “se condice esta actitud con el rol que tenía Cejas en el pabellón: al ser el referente, gozaba de un total control y conocimiento sobre lo que hacían los internos”. El mismo “Calo Calo” lo reconoció en la última palabra del juicio: “No descarto lo que dijo el fiscal de que soy el referente del pabellón: lo sigo siendo hasta el día de la fecha”.
No es una novedad, sin embargo, el ”cogobierno de los establecimientos carcelarios con los reclusos que lideraban cada pabellón, llamados ‘plumas’”, como expuso el fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, a cargo de la causa de la corrupción que llegó hasta su presunto mandamás en el Servicio Penintenciario, Juan María Bouvier.
Los magistrados federales establecieron que el hecho de que los hermanos no denunciaran a los acusados “luce claro, ya que luego de que Cejas y Quiroga Brizuela conocieran su detención por este hecho, Gustavo Gamboa Argomedo escuchó que dentro del establecimiento penitenciario se puso precio a su cabeza”.
“Sí, me dijeron que estaban pagando por mi cabeza”, reveló en el juicio cuando el fiscal le preguntó si tras el secuestro lo habían amenazado. E identificó directamente a Quiroga Brizuela y Cejas como los autores de esas amenazas.
“Si bien las víctimas omitieron brindar parte de la información por temor, en sus declaraciones ofrecieron elementos suficientes para afirmar con certeza la existencia del hecho. Gustavo, 11 días después del hecho, identificó de modo preciso a los dos acusados, tanto en sus apodos y descripciones físicas como su accionar dentro de la celda”, destacó el tribunal. Su hermano, Segundo, recordó que uno de los agresores se apodaba “Calo Calo”.
El tribunal sostuvo que los testimonios y la prueba objetiva –sábanas telefónicas, los videos de las cámaras y los dichos de testigos- volvieron “veraz, creíble y coherente” las declaraciones de las víctimas, lo que dio por acreditado el secuestro y la participación de los condenados.
Pero el secuestro develó, además, la impunidad en el ambiente carcelario, el miedo a denunciar por posibles represalias y las intimidaciones: “Un clásico que les piden (a los presos) y los presionan para que entreguen droga, para que entren droga a la cárcel o dinero a tal lugar. Es también una cuestión lamentablemente consolidada en la cultura carcelaria”, advirtió Hairabedian.
