La causa del narcoescándalo de Córdoba volvió a tener otro capítulo en la Justicia.
A 12 años de la eclosión en el seno de la Policía provincial, la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme la condena contra el exjefe de la por entonces Dirección de Lucha contra el Narcotráfico de la fuerza, Rafael Sosa, y de otros expolicías por asociación ilícita, aunque redujo la pena de uno de ellos.
El caso del narcoescándalo estalló en 2013 cuando Juan “el Francés” Viarnes, el famoso “agente encubierto” ilegal, terminó con la existencia de la División de Drogas y puso al descubierto la corrupción institucional.
Confirmaron que eran una banda de “polidelincuentes”
Si bien en 2016 el Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba capital había absuelto a Sosa, Gustavo Julio “Huevo” González (hoy, Lourdes Milagros González), Alfredo Damián Seine, Fabián Peralta Dáttoli y Franco Sebastián Argüello por el delito de asociación ilícita, los había condenado entonces por violación de los deberes de funcionario público (a Argüello, además, por extorsión).
El Ministerio Público Fiscal apeló las absoluciones y la Sala III de Casación Penal condenó en 2019 a todos por asociación ilícita, un serio revés para la organización criminal.
Tras las apelaciones de los expolicías (negaron la existencia de una banda delictiva y cuestionaron el valor probatorio de las declaraciones de Viarnes como coimputado y “arrepentido”, entre otros planteos), la misma sala del máximo tribunal penal del país (integrada ahora por Alejandro Slokar, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky) rechazó los recursos interpuestos, con lo que confirmó las penas impuestas (con excepción de una morigeración en la condena a González).
De esta forma, los camaristas rechazaron la revisión de la totalidad de la sentencia casatoria de 2019 -ya que se había dado el “doble conforme” para la condena por violación de los deberes de funcionario y extorsión-, por lo que sólo restaba analizar los recursos por la sentencia de asociación ilícita.
En el nuevo fallo, reafirmaron que Casación ya había probado que Sosa (líder de Lucha contra el Narcotráfico), como jefe de la banda, y González (responsable de Inteligencia), Seine (jefe de Investigaciones), Peralta Dáttoli (sargento) y Argüello (oficial inspector), como miembros, consumaron múltiples hechos delictivos entre 2010 y 2013 valiéndose de sus investiduras policiales.
Se determinó que hubo: utilización ilegal de civiles (Viarnes) en investigaciones de narcotráfico (se encontró en Inteligencia de la Jefatura de Policía, a cargo de González, una nómina de procedimientos ilícitos en los que Viarnes habría participado); elaboración de informes falsos (mediante la transcripción de escuchas con omisión de información de relevancia); sustracción de drogas de los allanamientos para “embagayarlas” o “plantárselas” a sospechosos; hurtos; no informar a la Justicia sobre la droga incautada; extorsión a investigados a cambio de dinero para favorecerlos; tenencia de droga injustificada en Lucha contra el Narcotráfico, y una filmación incriminatoria en contra de González y Seine.
“Se valieron de la estructura altamente organizada y jerarquizada de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico en la que cada uno tuvo un rol bien definido, para concretar sus propósitos criminales, evitar sospechas y procurar su impunidad”, indicó el camarista Barroetaveña, confirmando así lo probado por Casación en 2019.
El vocal recordó que ese tribunal ya había convalidado lo que en el juicio en Córdoba se había acreditado años antes: que la utilización de Viarnes como “agente” civil y “provocador” ilegal en la causa de drogas contra Fernando Oscar Pino y Carlos Ramón Sánchez (luego absueltos por el rol del “Francés”) fue consentida, aprobada y gestionada por Sosa (sin informarlo a la Justicia); que Seine intervino en el allanamiento como jefe de Investigaciones; que Peralta Dáttoli ocultó la identidad de Viarnes en las desgrabaciones de las escuchas e intervino en el registro domiciliario, y que Argüello participó también en ese procedimiento.
Además, según resaltó Barroetaveña, se comprobó que utilizaron al “Francés” como “agente provocador” en la causa seguida a Gabriel Osvaldo “Gordo” Ludueña (presunto líder de una banda narco al que le secuestraron 15 kilos de cocaína), a espaldas del fiscal federal Enrique Senestrari y del entonces juez Ricardo Bustos Fierro.
La causa, en la que intervinieron “Huevo” González y Sosa, posteriormente fue anulada por el rol ilegal de Viarnes, condenado años después por el narcoescándalo tras ser extraditado desde Paraguay, donde había permanecido prófugo.
Por otro lado, Casación no sólo probó el accionar ilegal de la banda en la causa de Ludueña, sino también en la del dealer Carlos Dante “el Colorado” Leal.
Los investigadores determinaron que el oficial Argüello había solicitado dinero para “arreglar” el procedimiento (aceptado por Leal, con la intervención ilegal de Viarnes como “abogado”), lo que terminó por valerle al expolicía una condena por extorsión, asociación ilícita y violación de los deberes de funcionario.
Involucrado en las maniobras ilícitas de la organización, Dáttoli estableció con Viarnes una relación de confianza que permitió al “Francés” (que se había hecho pasar por “coronel” del Ejército, miembro de la Side y la ONU o abogado) intervenir en varias causas, como sucedió en el caso de Pino.
En el nuevo fallo, Casación rechazó –por unanimidad- los planteos de los expolicías y dejó firme así las condenas por asociación ilícita y violación de deberes de funcionario para Sosa (9 años), Seine (3 años y medio), Peralta Dáttoli (tres años y medio) y Argüello (8 años, incluyendo extorsión).
Sin embargo, redujo la pena del entonces jefe de Inteligencia de Drogas, González (cambió de género y se llama Lourdes Milagros González) de cuatro años a tres años en suspenso.
González había pedido la anulación de la pena por asociación ilícita y su absolución, y había cuestionado el monto. Señaló que a Seine, incluso, se le había impuesto una condena menor (tres años y medio) a pesar de los mismos agravantes y atenuantes, por lo que reclamó una redeterminación del monto.
Por unanimidad, Casación rechazó los planteos respecto de su rol como integrante de la banda criminal, dándolos por probados. Pero por mayoría (con los votos de Barroetaveña y Borinsky) valoraron a su favor el tiempo transcurrido desde el inicio de la causa y el buen comportamiento (estudia abogacía, no registra antecedentes y tiene un núcleo familiar de contención) y morigeraron la pena a tres años.
