Lo que comenzó por un robo en plena pandemia en Córdoba terminó, de manera insospechada, en una causa por narcotráfico. Dos hombres irán a juicio en pocas semanas, imputados por el hallazgo de casi 32 kilos de marihuana y de cocaína en un “narcobúnker”, en barrio San Jorge.
A partir del 11 de noviembre, el Tribunal Oral Federal N° 1 comenzará a juzgar a los albañiles Víctor Hugo Zanella y Luis Osvaldo Juncos, acusados como presuntos coautores de almacenamiento de estupefacientes.
Del robo al búnker
La Fiscalía del Distrito 3, Turno 5, a cargo de Patricia García Ramírez, abrió una investigación por el robo calificado (a mano armada) de una camioneta Fiat Toro que fue interceptada por un Chevrolet Cruze (de color blanco) en 2020. A partir de los datos recabados, el Juzgado de Control N° 8 ordenó el allanamiento del domicilio de Zanella y su hermanastro, Juncos, ubicado en Heroínas de Ayohuma al 3320, de barrio San Jorge, en la capital cordobesa.
Los efectivos de la División Antisecuestros y de Coordinación de Brigadas Civiles de la Policía encontraron armas de fuego, una réplica de una pistola nueve milímetros, cartuchos, documentación y una caja de seguridad. Ambos llevaban residiendo en esa casa desde niños (Zanella, incluso, con su pareja e hijos) luego de la muerte de sus padres.
Pero sorpresivamente, los policías detectaron un “narcobúnker” con casi 32 kilos de marihuana, envueltos en 69 bolsas, 231 gramos de cocaína, cuatro balanzas digitales y 166.340 pesos. La particularidad fue el lugar donde fue descubierta la carga: un freezer, a simple vista y de fácil detección por el fuerte olor imperante.
La investigación policial apuntó, inicialmente, que los elementos secuestrados habrían pertenecido a una banda de delincuentes liderada por un cabecilla de apellido Rodríguez, quien tenía su domicilio a la vuelta de la casa de Zanella y Juncos. A fin eludir a la Policía y a la Justicia, Rodríguez habría ideado un plan: ocultarse en la vivienda de Zanella-Juncos.
La causa pasó al fuero federal por el volumen de droga incautada. El juez N° 3, Miguel Hugo Vaca Narvaja, recalificó la acusación –originalmente, planteada como almacenamiento de estupefacientes– y procesó a los hermanastros por facilitación del lugar para el ocultamiento de la droga.
El fiscal N° 2, Carlos Casas Nóblega, apeló la recalificación y la Cámara de Apelaciones mantuvo la calificación primigenia. El fiscal consideró que la cantidad de droga encuadraba en la figura de almacenamiento de estupefacientes y remarcó como relevante el lugar en el que habían sido hallados.
En el freezer, ubicado en la habitación de Juncos, fueron localizadas 33 bolsas con 30.870 gramos de marihuana, protegidas de la humedad y de los agentes climáticos. Los 965 gramos restantes (para totalizar los casi 32 kilos) se encontraban fraccionados en 1.259 envoltorios termosellados y acondicionados en 36 bolsas en el interior de un cochecito de bebé, que se encontraba en el garaje.
Los 160 gramos de cocaína, a su vez, estaban fraccionados en 1.050 envoltorios dentro de una bolsa de residuos, junto con 71 gramos restantes (divididos en dos trozos o “piedras”), en el mismo coche.
Se cayó la coartada
Al declarar, los imputados señalaron que la droga no les pertenecía, sino que a cambio de dinero habían aceptado guardársela a un hombre apodado “Gato”, puesto que durante la pandemia se habían quedado sin trabajo y dinero.
Para el fiscal, se produjo una contradicción entre la investigación policial, que dio cuenta de que el dueño de las sustancias era Rodríguez, y los dichos de Zanella y Juncos, que apuntaban a “Gato” como el propietario de la droga y a quien le compraban “porros”.
La línea investigativa derrumbó la coartada de ambos cuando se comprobó que “Gato” –a quienes luego ellos identificaron como Enrique Leonardo Di Francesco– llevaba varios años muerto. Por lo tanto, el instructor los envió a juicio.
“La cantidad secuestrada de estupefacientes excede de manera suficiente lo que razonablemente puede estimarse para consumo personal, e incluso para una mera tenencia simple. El almacenamiento de estupefacientes permite presumir que el excedente de lo que puede ser para propio consumo será incorporado al circuito ilegal de la droga, sin requerir el llamado dolo de tráfico para su configuración, pues basta que se tenga la sustancia prohibida en cantidad considerable y sin autorización o con destino ilegítimo”, sostuvo Casas Nóblega.
“Pretender que para que se configure el almacenamiento sea necesario acreditar fehacientemente el propósito de comercio (compra-venta) resulta desmesurado”, agregó. El debate comenzará a partir del 11 de noviembre.
La “narcoencomienda”
Por su parte, el Tribunal Oral Federal N° 1 condenó a Marta Yamila Oviedo (30) y a Jorge Damián Corzo (34) a tres años de prisión en suspenso por su rol en el transporte de estupefacientes.
La causa comenzó el 3 de febrero último, durante un operativo de control de Gendarmería en la ruta nacional 14. En el acceso a la ciudad de Concepción del Uruguay (Entre Ríos), los efectivos interceptaron un camión de Correo Argentino que transportaba un bulto remitido por José Luis Ramírez, desde Oberá, Misiones, dirigido a Oviedo, en Córdoba.
Al inspeccionar el elemento, el perro antidroga detectó 11 “panes” por nueve kilos de marihuana. El juez federal de Concepción dispuso la implementación de entrega vigilada para continuar el despacho hasta Córdoba.
Cuando Oviedo fue a retirar el paquete junto con su pareja, Jorge Damián Corzo (tienen ocho hijos), a la sucursal del correo de avenida Fuerza Aérea al 2921, cuatro días después, fueron detenidos. Finalmente, el pesaje arrojó ocho kilos y 460 gramos de cannabis sativa.
El Tribunal los encontró partícipes necesarios de transporte de estupefacientes y los condenó a tres años en suspenso.
