Un iPad y una tablet Samsung robadas del edificio de la Afip en Córdoba, que cuenta con una permanente custodia policial, dividió las aguas en Tribunales federales sobre qué juzgado debía investigar el ilícito. Los dispositivos habían sido secuestrados en la causa principal en la que está imputado el empresario textil Gustavo Arce, dueño de Agustino, por presunta evasión tributaria y lavado de activos.
El juez N° 2, Alejandro Sánchez Freytes, a cargo del expediente “madre”, declaró su incompetencia para entender en la nueva causa (en octubre de 2021) al considerar que su par N° 1, Ricardo Bustos Fierro, estaba en turno al momento del robo, el 9 de septiembre.
Bustos Fierro consideró que por “conexidad” con la causa principal (sobre la evasión y lavado), la investigación sobre el robo debía ser instruida por Sánchez Freytes. Finalmente, la Sala B, conformada de manera unipersonal por la camarista Liliana Navarro, resolvió que debía ser investigada por el Juzgado N° 1.
La causa “madre”
En la causa principal (“Tendencias Group”), el empresario Arce, titular de Agustino, fue detenido en noviembre de 2019 tras una serie de allanamientos en su domicilio (le secuestraron 43 mil dólares y 80 mil pesos) y en otros inmuebles.
Agustino (Agustino Cueros era su vieja denominación) es largamente conocida en Córdoba. Hasta supo presentarse como la proveedora oficial de la indumentaria del propio gobernador, Juan Schiaretti, y aprovisionó de camperas a la Policía.
La investigación en su contra, a cargo del entonces fiscal federal Gustavo Vidal Lascano (jubilado), se gestó a partir de la denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) por una presunta evasión impositiva millonaria.
Se detectó que una empresa tenía conexiones financieras con Agustino Cueros, pese a que esa denominación formal ya fue dada de baja por Arce en 2013 (en su momento, Arce y el periodista Jorge Rial fueron socios comerciales).
El empresario cordobés ya había sido investigado en 2016 tras una presentación de la Afip por una supuesta evasión impositiva (lo que quedó expuesto en un informe del programa PPT, de Jorge Lanata, algo que molestó a Arce).
De este modo, en la causa de 2019, varias firmas habrían estado relacionadas a los movimientos de fondos de Agustino. La sospecha es que esas compañías fueron creadas de manera fraudulenta por Arce con “testaferros” a su cargo.
Así es que otras 10 personas fueron imputadas, ya que habrían actuado como “testaferros” a pesar de contar con escasos recursos: empleados, costureros de la firma o beneficiarios de planes sociales.
La hipótesis es que se habrían utilizado cheques y efectivo entre las compañías para evadir ganancias y materializar el aparente lavado. Por el momento, Arce no fue procesado y permanece imputado, al igual que el resto, según indicaron fuentes judiciales a La Voz.
Un robo en la propia Afip
El 2 de septiembre pasado y en el marco del expediente principal, Sánchez Freytes ordenó la desintervención de los dispositivos electrónicos secuestrados que faltaban ser sometidos a análisis, ya que a principios de 2020 se había realizado el mismo procedimiento sobre la documentación impresa.
Al solicitarle a la Afip, como depositaria legal, que desinterveniera los elementos digitales guardados en el depósito ubicado en el piso 16 del edificio de Afip (en bulevar San Juan 325), llegó la sorpresa.
Cuando una contadora abrió el armario en la oficina de División de Fiscalización N° 1 y extrajo la caja de cartón rotulada como “Tendencias Group-Enviar a Juzgado”, encontró dos sobres rotos y vacíos, sin el iPad (ni el cargador) y la tablet Samsung Galaxy Tab. Es popularmente conocido el alto valor de los dispositivos Apple.
Unos días después, el director interino de la delegación Córdoba de la Dirección General Impositiva (DGI), de la Afip, Fernando Farnochi, denunció el robo.
En la misma caja sí se hallaron, en cambio, los demás elementos secuestrados en la causa, en excelente estado: un CD TDK con copias de archivos, un pendrive identificado como “Gustavo” y otro rotulado “Claudia Rodríguez secretaria”.
¿Y el ladrón?
Farnochi explicó que la oficina donde se resguardaban los elementos no es de libre acceso al público y permanece con llave. En ese sentido, señaló que existía un solo juego de llaves en poder del jefe de la división, y que la cerradura no presentaba evidencias de haber sido forzada. Este funcionario se habría jubilado, por lo que las llaves habrían quedado a cargo de otros dos.
El ingreso al edificio de la Afip cuenta con guardia permanente de la Federal. El misterio del robo asoma difícil de resolver para el fiscal N° 3, Maximiliano Hairabedian, debido a que las cámaras de seguridad de los organismos públicos usualmente no registran más allá de dos semanas, tras lo cual las imágenes se borran.
Por lo tanto, nunca podrá determinarse si las tablets contenían información relevante para la causa principal, debido a que la orden de Sánchez Freytes apuntaba a develarlo con la desintervención del material, algo que no será posible lograr con la sustracción. “Va a quedar en la nada”, deslizó una fuente judicial sobre las escasas chances de hallar al ladrón.
Al justificar su incompetencia para investigar la causa del robo, Sánchez Freytes consideró que era prematuro que Bustos Fierro rechazara la pesquisa al considerar que por conexidad con el caso principal él debía investigar el robo.
La camarista Navarro coincidió con el planteo de Sánchez Freytes al afirmar que de la denuncia no surgía que el robo hubiese sido efectuado para procurar impunidad de los imputados, debido a que en la misma caja se encontraban otros dispositivos (el CD y los pendrives) con información relevante y que no habían sido sustraídos.
Esto –razonó la jueza– sin perjuicio de que, luego, pudiera existir alguna relación entre las dos causas y la posterior acumulación de la nueva a la original, remitiendo así lo actuado a Sánchez Freytes.
