La Comisión de Juicio Político de la provincia de Buenos Aires ha fijado el 6 de noviembre como la fecha de inicio del jury de enjuiciamiento contra la jueza Julieta Makintach. La magistrada, conocida por su rol en el caso de la muerte de Diego Maradona, se encuentra acusada de haber promovido y grabado indebidamente el documental titulado “Justicia Divina”.
Los fiscales sostienen que Makintach decidió participar en este proyecto audiovisual explotando su función jurisdiccional y la temática del juicio, con el objetivo de obtener beneficios económicos futuros—ya sean directos por inversión de terceros o indirectos por regalías e imagen.
La Prueba Clave y las Acusaciones Penales
En un avance procesal significativo, el juez Esteban Rossignoli, del Juzgado de Garantías N° 4 de San Isidro, ordenó recientemente el secuestro de dos computadoras de la oficina de la jueza. Se trata de un disco rígido marca Hikvision y un disco rígido Seagate modelo Barracuda, dispositivos que serán considerados pruebas clave en el juicio político.
En paralelo al jury de enjuiciamiento, avanza una causa penal en la órbita de los fiscales de San Isidro Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo. En esta investigación, Makintach es imputada por delitos graves que incluyen cohecho pasivo, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y peculado de servicios.
Junto a la jueza, también están imputados en la causa penal el guionista Juan Manuel “Chavo” D’Emilio, el dueño de la productora Ladoblea S.A., José María Arnal Ponti, y la amiga de Makintach, María Lía Vidal Aleman, quien fue la persona que concibió la idea de registrar las entrevistas.
Denuncias de la Defensa: “Persecución” y Proceso Acelerado
Actualmente, Makintach se encuentra suspendida de su cargo. Tras la aceptación unánime de la admisibilidad de la acusación por parte de la Comisión del Jurado de Enjuiciamiento a fines de agosto, la jueza pasó a cobrar solo el 40% de su sueldo y perdió la posibilidad de renunciar al cargo, una solicitud que había elevado al gobernador Axel Kicillof. Su abogado, Darío Saldaño, calificó esta medida de apartamiento como “excesiva e injustificada”.
La defensa de la magistrada ha desplegado una contraofensiva judicial que incluye un pedido de nulidad, la recusación de los fiscales, y la denuncia de espionaje ilegal y otras irregularidades en la causa.
Makintach afirma ser víctima de una “persecución” judicial y denuncia que “le armaron la causa con un video plantado a su esteticista”. Además, critica la inusual celeridad del proceso político, indicando que la velocidad no debe “avasallar las garantías mínimas”. Subraya que todavía hay numerosos recursos pendientes, incluyendo una recusación, un recurso de inaplicabilidad de ley, la falta de prueba, un conflicto de poderes por tratar y la ausencia de un miembro del jurado.
En su defensa, la jueza sostiene que el “registro audiovisual cuestionado” no fue un acto clandestino y que su existencia era conocida por todos los miembros del órgano. Previamente, el Jurado ya había rechazado tres planteos de la defensa que buscaban suspender la audiencia.
