Las (casi) dos semanas de feria judicial de invierno y el arranque de la segunda parte del año en los palacios de la Justicia de Córdoba sirvieron para conocer algunas particularidades de las causas en las que hay acusados por delitos de “guante blanco”.
Está claro que aquellos imputados que tienen un alto poder adquisitivo y un círculo de relaciones sociales más arraigado poseen más recursos económicos y de los otros para resistir el duro embate de la Justicia, frente a “perejiles” acusados de “ir de caño” para robar un celular o una billetera. Los primeros pueden acceder a abogados con mayor prestigio (y tarifa), conocen a algunas personalidades y poseen un “resto” que los delincuentes “comunes” no están ni cerca de alcanzar.
Pero, además de eso, en los delitos de “guante (o cuello) blanco” o aquellos relacionados con el fuero penal económico, se vienen apreciando algunas particularidades propias de la Justicia que terminan por demorar la llegada de la hora de la verdad para quienes fueron procesados.
En los últimos días se conocieron en el ámbito de la Justicia federal de Córdoba dos casos que vienen con un largo historial de hechos, instrucción e intento de ir al juicio que puede aportar una resolución de los delitos que los acusados pudieran haber cometido.
Uno de ellos es la causa del gremio de los basureros y barrenderos, el Surrbac, que tiene como acusados a tres principales dirigentes de esa representación sindical, Mauricio y Franco Saillén (padre e hijo) y Pascual Catrambone, entre otros integrantes de la conducción gremial y de ambas familias. La supuesta corrupción en ese gremio, delitos relacionados a su manejo económico, tiene demorado un juicio que está listo para hacerse y otros expedientes que se desprendieron del principal.
El primero de esos tramos fue elevado a juicio, pero el Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) de Córdoba lo devolvió por entender que debe juzgarse “todo junto”, por lo cual hay que esperar. Mientras tanto, en la Cámara Federal de Apelaciones local aguarda otra parte de la megacausa, al tiempo que en la instrucción (juzgado y fiscalía) también hay actuaciones pendientes. Los hechos se retrotraen a mediados de la década pasada.
No es intención (desmedida) de esta columna encontrar responsables o razones para unos y culpas para otros, sino exhibir que en la torre de Tribunales federales las disputas entre las diversas partes que se ven involucradas no contribuyen a que los acusados lleguen a juicio y resuelvan su situación, en un sentido u otro.
Algo similar sucedió con la causa CBI y dos resoluciones de la Cámara Federal de Casación Penal que se supone aportan un criterio dirimente para la resolución del primer juicio y la continuidad del próximo, la causa CBI 2.
En el primer caso, hubo discrepancias con la sentencia del TOF2 (de 2019), por lo que ahora deben recalcularse las condenas de multa y prisión. Ya se sabe que habrá pedidos de recurso extraordinario para la revisión en la Corte Suprema.
En el juicio que sigue, se “cayó” el tramo de la acusación que analizaba el lavado de activos por el cobro del boleto del transporte urbano de pasajeros. La razón, un “tecnicismo” que hizo zafar con un “sobreseimiento total” a los acusados del supuesto delito de lavado. Casación no niega que pueda haber ocurrido, pero el tecnicismo frustró el juicio.
La irregularidades en la financiera fueron descubiertas en febrero de 2014 y la Justicia federal se ocupa desde hace nueve años y medio, sin sentencia firme cercana.
En términos generales, según con quién se hable, la responsabilidad es de quien “no hizo las cosas bien” o de quien “no quiere hacer lo que le corresponde”. “Federales” es conocido como “el reino de las formas”, con un palacio que alberga grietas de enfoques procesales encontrados. Esas diferencias a menudo tienen mucho que ver con cuestiones personales y poco con el sentido práctico. ¿Los judiciables? Muy bien, gracias.
