Son horas trascendentales para la investigación que tiene a su cargo el fiscal Guillermo González, quien busca establecer si existió abuso policial durante la muerte del trabajador de la construcción, Guillermo Bustamante (39), en la madrugada del pasado lunes 24 de marzo en una estación de servicio de barrio Villa Páez, en la ciudad de Córdoba.
Por este hecho hay, por ahora, cinco policías detenidos y con graves imputaciones. Estas medidas fueron los primeros pasos en una pesquisa que promete ser de largo aliento. El fiscal continúa trabajando sobre la prueba.
En tanto, la viuda de la víctima, Agustina Escotorin, fue recibida este martes al mediodía por el fiscal General de Córdoba, Juan Manuel Delgado.
En el despacho de la máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal (MPF) y por el lapso de 40 minutos, la mujer fue escuchada por el funcionario en un acto que no es para nada rutinario.
Escotorin acudió a la reunión en compañía de su abogado representante, Carlos Nayi, y solicitó que la investigación “no se agote en los cinco uniformados imputados y detenidos hasta el momento”.
Durante el encuentro, que transcurrió en un clima de amabilidad mutua, la mujer sostuvo que el caso constituyó un evento de “extrema gravedad institucional”. Con esa contundencia le habló al fiscal, entre medio de sollozos y súplicas de justicia.
La mujer aprovechó para agradecer lo que González hizo hasta el momento por la causa. Pero dijo que no es suficiente.
Delgado, por su parte, le aseguró que el fiscal explorará todos los niveles de responsabilidad y que en este tramo de la investigación todo está centrado en develar si hubo, o no, alguna comunicación extra entre los policías intervinientes y sus superiores.
Quieren establecer si se produjo una maniobra de encubrimiento.
El fiscal quiere saber si uno de los policías investigados usó su teléfono a las 3 de la madrugada para reportar lo que había ocurrido con alguno de sus superiores y si se hizo caso omiso a esa alerta.
En caso de que la pesquisa dé positivo, podría suceder que en las próximas horas se amplíen las imputaciones.
Si esto ocurre, las acusaciones podrían ser de suma gravedad y la tensión que ya provoca el caso podría escalar.
Lo sucedido ha generado remezones en la Jefatura y en la Dirección de Seguridad.
Precisamente, esta área clave de la fuerza tuvo temblores el año pasado luego de que fuera removido de su cargo el comisario Cristian Maza, acusado de un presunto acoso sexual. Su lugar es ocupado por el comisario Iván Rey.
Una reunión cordial
Desde el entorno de la viuda señalaron que tras la reunión con el fiscal General Delgado, en Tribunales I de Córdoba, la mujer se retiró “con una sensación de paz”.
El compromiso de la fiscalía, según le dijo el propio Delgado a la esposa de la víctima y a su representante letrado, es “ir al hueso para que estos episodios no vuelvan a ocurrir nunca más”.
Además, la viuda también solicitó, más allá de otras responsabilidades funcionales, examinar la situación del playero.
Si bien la mujer siempre direccionó sus acusaciones hacia la fuerza, actualmente piensa que podría existir un potencial falso testimonio que sirviera para “embarrar la investigación” y para “apañar a la Policía”.
Desde el entorno de Escotorin sostienen que el empleado acudió a los medios de prensa para asegurar que los uniformados no actuaron con violencia y reforzar la idea de que se cumplió el protocolo. Sin embargo, señalan que “no siempre dio la misma versión y que podría haber mentido ante el fiscal”.
Como sea, por ahora este no es el centro de atención para los investigadores.
El grueso de las tareas investigativas están orientadas al chequeo de los 15 celulares que obran en poder de la fiscalía, para saber si hubo comunicaciones entre los oficiales y sus superiores.
También hay una ardua actividad dedicada al procesamiento de imágenes que fueron registradas por las cámaras de seguridad de la estación de servicio y por otros dispositivos similares ubicados en las inmediaciones.
Fuentes con acceso a la causa reconocieron que las imágenes que obran en poder de González son tan elocuentes que serían materia suficiente para respaldar las acusaciones de la fiscalía.
Los voceros señalaron que hay filmaciones que demuestran que Bustamante recibió numerosos golpes por parte de los uniformados, algo completamente opuesto a lo que marcan la ley y el protocolo policial.
Mientras tanto, la fiscalía aguarda los resultados forenses para continuar con la pesquisa.
Las imputaciones
Según la causa, Bustamante arribó a la estación de servicio a las 3 de la madrugada y, tras no pagar la cuenta por la nafta expendida, el playero convocó a policías conocidos utilizando su celular. No llamó al 911.
Varios uniformados llegaron y le pidieron al hombre que cortara el teléfono. Se encontraba hablando con su pareja, según consta en la causa.
Al no hacerlo, lo detuvieron por “desacato a la autoridad”.
Durante la detención, se habría actuado con violencia. El hombre se descompuso y murió, sin responder a las maniobras de reanimación que practicó, en el lugar, el servicio de emergencia.
Los imputados son el subinspector Marcos Guzmán Altamirano, el oficial ayudante Nicolás Bulacio y el cabo Juan Martín, quienes están acusados por el supuesto delito de homicidio calificado por abuso de sus funciones en calidad de miembros de las fuerzas policiales.
El oficial inspector Walter Perfumo fue acusado bajo la figura de encubrimiento por no haber denunciado supuestamente la perpetración de un delito, doblemente agravado por el hecho precedente y por su calidad de funcionario público en concurso ideal, y en calidad de autor.
El quinto acusado es el sargento Mariano Córdoba, quien carga con la imputación de omisión de los deberes de funcionario público en calidad de autor”.
