Luego de abocarse en diciembre a la investigación preliminar del defensor público penal Eduardo Santiago Caeiro, el fiscal de Delitos Complejos 1 de Córdoba, Enrique Gavier, consideró que el funcionario debe ser imputado por haber supuestamente ayudado de manera indebida a cuatro abogadas postulantes de un concurso de oposición para el ingreso al cargo de asistente de asesores letrados.
Por esto, solicitó al juez de Control José Milton Peralta que lo impute por “violación de secreto oficial reiterada” (cuatro hechos) y lo investigue para que pueda ser juzgado por una cámara del crimen. Por tratarse de un funcionario público, sólo un magistrado puede hacerle la “investigación jurisdiccional” para eventualmente pedirle el juicio. A su vez, el juicio sólo puede realizarse si antes es destituido en un jury.
En caso de ser hallado responsable de las conductas que se le reprochan, Caeiro estará en condiciones de ser sometido al Jurado de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados Judiciales, donde puede ser destituido de su cargo.
Casualmente, desde ese tribunal que funciona en la Legislatura provincial, Caeiro había sido notificado hace algunas semanas que sobre él pesa un pedido de jury.
Las sospechas de favoritismo
De acuerdo a las denuncias que efectuó en su momento el gremio de empleados judiciales (AGEPJ), Caeiro habría brindado ayuda a cuatro abogadas que se postularon para el cargo conocido vulgarmente como “asesorito” de defensores públicos, con rango de prosecretario letrado.
Esas cuatro mujeres obtuvieron los cuatro primeros lugares en el orden de mérito de la compulsa que convoca el Poder Judicial, con puntajes perfectos o casi perfectos y alejadas de modo considerable del resto de los participantes. Algunas de ellas eran señaladas como allegadas a él y, concretamente, una de ellas trabajaba en su oficina, como dependiente de Caeiro.
El defensor público investigado negó en su momento haber brindado cualquier tipo de ayuda y aseguró que de ninguna manera favoreció a ningún postulante. Él y otros dos defensores públicos participaron en la elaboración de las preguntas para la prueba escrita, si bien las sospechas se centraron exclusivamente en Caeiro.
Gavier avanzó también sobre las cuatro postulantes, a quienes considera partícipes necesarias de “violación de secreto oficial”. En el caso de Caeiro, la condición de delito “reiterado” es por “cuatro hechos”.
Las cuatro empleadas de Tribunales son Mariana Lorenzatti, Paz María Sonzini Astudillo, Florencia Zuliani y Ana Martha Ruiz Tamagnini, según informaron desde la fiscalía de Gavier.
Pasos decisivos
Tras el escándalo desatado por la denuncia de presuntas irregularidades, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ordenó la realización de una investigación interna y la Oficina de Sumarios Administrativos, conducida por el secretario Tristán Quiles, llegó a una presunción firme de que los hechos habían sucedido de acuerdo a la presentación.
El TSJ anuló la prueba escrita cuestionada y ordenó la toma de otro examen. A esa evaluación, realizada en diciembre pasado, no se presentó ninguna de las postulantes supuestamente favorecidas por Caeiro.
A su vez, luego del primer resultado de Sumarios Administrativos (la investigación se ha profundizado durante estos meses) desde la Fiscalía General entendieron que la presunta irregularidad merecía ser investigada, por lo que derivó los antecedentes al fiscal de Delitos Complejos del 1° Turno.
A fines de diciembre, Gavier allanó el despacho y el domicilio de Caeiro, además de otras oficinas de Tribunales 2. Además de documentación y dispositivos electrónicos del defensor oficial y de las cuatro empleadas cuestionadas, el fiscal también se hizo de los teléfonos celulares.
Poco más de tres meses después, al pedir ahora la investigación a su juez de Control, el instructor dio un paso fundamental en la investigación de un funcionario judicial.
Comunicado gremial
El gremio de los empleados judiciales de Córdoba celebró la noticia vinculada con el avance en la causa judicial por irregularidades en el concurso y emitió un comunicado.
“Las conductas del asesor Eduardo Santiago Caeiro, defensor público a cargo de la Asesoría Letrada Penal N° 28 de Capital, fueron objeto de una investigación preliminar del Poder Judicial a instancias del sindicato. Luego de la cual, con una serie de elementos probatorios receptados, se inició un sumario administrativo actualmente en curso, además de una investigación penal conexa”.
Además, la AGEPJ presentó también el pasado 16 de diciembre de 2024 ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Córdoba “una solicitud para determinar si las conductas desplegadas por Caeiro, en relación al concurso para auxiliar colaborador de la defensa pública, constituye un accionar encuadrable en mal desempeño y/o negligencia grave”.
Por esto, señalaron desde el gremio de empleados judiciales que “en caso positivo, sería suficiente para la sanción de remoción del cargo de conformidad con el artículo 154, segundo párrafo, de la Constitución de Córdoba”.
